El primer encuentro estuvo a cargo de Alberto Binder, Presidente del INECIP, quien sentó las concepciones básicas y comunes para el desarrollo del curso. Realizando un análisis del proceso de la reforma procesal penal, destacó que rápidamente se encontró un límite al avance del sistema acusatorio en torno a la implementación de la oralidad y organización del proceso, luego de la reforma de los códigos y leyes orgánicas. Al encontrarse con este límite, quienes impulsaban la reforma, comenzaron a trabajar sobre la organización de las instituciones del Poder Judicial, dando lugar a la mirada organizacional de la justicia. Así, la gestión organizacional comenzó a constituirse como un campo propio de conocimientos, que apunta a mejorar la forma de impartir justicia bajo la idea principal de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales, dejando las primeras a cargo de nuevos organismos diseñados para ello y las segundas en mano de los jueces bajo nuevas formas de organización.
Durante el segundo encuentro, Aldana Romano, Co-Directora del Programa de Gestión y Organización Judicial del INECIP, reflexionó alrededor de la pregunta “¿Por qué las oficinas judiciales?”. Entendiendo las oficinas judiciales como neurálgicas en el proceso de reforma penal, al ser las que pueden llevar al grado máximo de separación las funciones jurisdiccionales y administrativas, cabe reflexionar sobre cuáles son las características esenciales que definen a estas instituciones y consolidan la importancia que ocupan en el proceso de reforma penal. Así, las caracterizó sobre dos criterios principales. Por un lado la capacidad de administrar los tres recursos centrales del tribunal: el tiempo de los jueces y juezas, la disposición de la sala de audiencias y de los/as empleados/as del Poder Judicial. Por otro lado, las funciones que deben poder cumplir para garantizar la gestión administrativa del caso y las complicaciones que tiene delimitar esta categoría.
El tercer encuentro estuvo a cargo de Silvia Castelli, Jueza Coordinadora del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Ciudad de Rosario, Santa Fe. En su exposición relató, desde su experiencia como coordinadora, los problemas que se dan en la relación entre Colegios de Jueces y Oficinas Judiciales a la hora de administrar el trabajo diario. Dentro de su exposición destacó la importancia de que exista una organización horizontal entre los jueces y juezas, y relató la dificultad de la coordinación con la Oficina Judicial debido a la resistencia de los jueces a dejar de tener poder de decisión sobre gran parte de las funciones administrativas. Asimismo, analizó la situación de Santa Fe dando un diagnóstico sobre algunos de los problemas existentes en la organización actual y cómo se puede seguir trabajando a futuro para mejorar la coordinación y funcionamiento general de las oficinas y colegio de jueces; destacando principalmente la necesidad de un diálogo permanente y fluido con todos los actores del sistema de justicia (oficinas judiciales, colegios de jueces, fiscales, defensores, inclusive ministerios de seguridad o justicia en casos donde sea necesario).
Cerrando con este ciclo de encuentros Romina Rosa Rojido, Directora de la Oficina Judicial Penal en la IV Circunscripción, Neuquén, se encargó de analizar y relatar cómo es el trabajo en el día a día de las oficinas judiciales y de qué forma se lleva a cabo lo que vimos en los encuentros previos. De esta forma, contó el proceso de implementación neuquino, su estado actual y futuros desafíos. Destacó algunas características importantes a la hora de un diseño organizacional de la justicia como la horizontalidad dentro de los Colegios de Jueces y de estos con las Oficinas Judiciales y el rol que debe cumplir el Director de Oficina Judicial como cabeza de esta institución, y no como un simple gestor de la agenda. De esta misma forma reafirmó las tareas específicas que debe llevar la Oficina, como lo es la producción de información para análisis y difusión de sus tareas, la organización de capacitaciones para los agentes judiciales y los acuerdos de funcionamiento entre instituciones para lograr objetivos en común. Finalmente, hizo hincapié en la importancia que tuvo en su jurisdicción la desformalización del trámite, como manera de alcanzar un sistema más rápido y eficiente.
El curso contó con una gran participación de todos los sectores del poder judicial, contando con miembros de oficinas judiciales, jueces, fiscales, defensores, abogados/as particulares, estudiantes y docentes universitarios y miembros de la sociedad civil. Además, hubo inscriptos/as de veintidós provincias argentinas y veinte países de latinoamérica. Esto dio lugar a un intercambio de experiencias muy diversas que permitieron profundizar aún más el análisis de los y las expositores/as.
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