Los/a expositores/a coincidieron en que, a 10 años de la reforma, la discusión no debe anclarse en los beneficios que trajo el sistema adversarial respecto al inquisitivo, sino en los desafíos y problemas actuales que presenta el sistema de justicia penal de la provincia. La comparación entre sistemas se convierte en un recurso muy efectista, porque el sistema anterior era una fábrica de producir violaciones a las garantías constitucionales y de producir impunidad a nivel industrial. Fue un modelo programado para que no funcionara.
En ese sentido, uno de los principales desafíos planteados por los expositores fue la eficacia de la política de persecución penal del Ministerio Público Acusatorio. Se encuentra pendiente definir una política de selección estratégica, más justa, y que evite situaciones de impunidad sobre las acciones criminales que generan mayor dañosidad social, función del sistema de justicia penal. Particularmente en la provincia, el desafío “es fortalecer una política de persecución penal de la dimensión económica financiera”, según Daniel Erbetta. Para ello,
“hay que establecer sistemas de investigación sólidos. En consecuencia, es necesario reformar y aumentar la capacidad investigativa de la policía”.
En cuanto a la dimensión organizacional del sistema, Erbetta remarcó los problemas que sufre la provincia: “fundamentalmente con lo que es el agendamiento de audiencias, un tema central para este tipo de modelos y en lo que es relación oficinas de gestión con el colegio de jueces”. Sebastián Narvaja señaló que los problemas organizacionales también están presentes en el Ministerio Público. En ese sentido afirmó:
“está pendiente el desarrollo de una agencia profesionalizada y con ciertos niveles de independencia, estabilidad burocrática, normas éticas de funcionamiento y capacidad profesional”.
Durante el foro se subrayó la necesidad de recuperar la calidad del juicio oral y se identificaron problemas relacionados a la gestión del sistema judicial que afectan la calidad de la litigación. Debe haber una política estratégica que aumente las capacitaciones, defina el rol del juez y de las partes según el tipo de audiencia. La ausencia de una política estratégica impacta sobre el gerenciamiento del sistema, por ejemplo,
“entre la audiencia preliminar y la audiencia de debate pasan meses. El rol del juez y la actividad de las partes en la audiencia preliminar generan una suerte de metafísica del desistimiento de testigos porque en la preliminar los jueces dejan pasar cualquier cosa”.
En cambio, según Erbetta, el juicio por jurados obliga a una reparación estratégica del caso para la audiencia preliminar de selección de jurado y exige una investigación de mejor calidad funcionado como una herramienta para sanear ese déficit. Según Máximo Sozzo, otro ejemplo es “el avance extraordinario de la utilización del procedimiento abreviado” en la provincia de Santa Fe que afecta la oralidad. Erbetta coincidió en cuanto a la distorsión del uso de este procedimiento. Es por eso que deben generarse mecanismos de transparencia de los acuerdos abreviados y el juez no debe simplemente homologar el acuerdo. Al contrario, debe exigir en una audiencia argumentativa que las partes demuestren que no hay contradicción en la evidencia. En resumen, es necesario recuperar una conducción estratégica del proceso de reforma para evitar el déficit de litigación y el impacto en el gerenciamiento del sistema.
Por último, se remarcó la necesidad de fortalecer la defensa pública para mantener la igualdad de armas. De esta manera, Jaquelina Balangione expresó su preocupación acerca de “la idea que tiene el Gobierno, y que traslada a la Legislatura en anteproyectos de ley, de menoscabar a la Defensa Pública”. Así, por ejemplo,
“tiene 16 vacantes que arrastra desde hace muchos años por fallecimiento, por traslados, por huida hacia otros lugares del sistema de justicia.
Este anteproyecto plantea la necesidad o la conveniencia de reducir la defensa pública hasta llegar a un 50% del número de defensores”.
Balangione concluyó que esto afecta la igualdad de armas, que hace a la esencia del sistema acusatorio de corte adversarial.
Desde INECIP entendemos que los espacios de reflexión como el Foro permanente son de suma importancia. Por un lado, nos permiten seguir avanzando en la implementación del Código Procesal Penal Provincial al identificar problemas actuales y desafíos futuros. Pero, por otro lado, también nos brinda herramientas para comprender la realidad político-criminal de la provincia y nos invita a pensar mecanismos para mejorarla.