El Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM) invita al foro virtual “La criminalización de emergencias obstétricas: impacto en la política de persecución a partir del caso Manuela”, que se llevará a cabo el miércoles 28 de junio a las 17.00 (Argentina). Participarán del foro: Ileana Arduino (Coordinadora del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP), Sabrina Cartabia Groba (Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires) y María de Jesús Monserrat Hernández Camacho (Fiscal de Investigación en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Quéretaro, México).
El 2 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el caso “Manuela vs. El Salvador”, el cual fue el primer caso del sistema interamericano en el que se analizaron las violaciones a derechos humanos de las personas gestantes criminalizadas tras atravesar emergencias obstétricas. Esas violaciones de derechos fundamentales, así consideradas por la Corte IDH, son producto de prácticas de persecución en base a estereotipos discriminatorios hacia las mujeres. En estos casos se omiten determinadas circunstancias fácticas y se da mayor peso a visiones prejuiciosas y sexistas, a través de las cuales se privilegia la penalización de mujeres, que en su inmensa mayoría son jóvenes y acuciadas por la concurrencia de múltiples carencias y otras violencias –económicas, sexuales, ambientales-. Además, como en el caso “Manuela vs. El Salvador”, esas investigaciones son impulsadas, en su gran mayoría, en base a información médica que debió ser protegida por el secreto profesional en tanto garantía del derecho humano a la salud, cuestión que fue detalladamente abordada por la Corte IDH.
Este caso plantea desafíos específicos en torno a la política criminal, como el de erradicar sesgos y otras expresiones discriminatorias que producen un verdadero efecto de “visión de túnel”, en términos de la Corte, y con ello vuelven la actividad estatal una fuente de reproducción de violencias de género. Además, suponen un nuevo desafío frente a las exigencias de género que, tratándose del Ministerio Público Fiscal, ya no se agotan en el trato adecuado y el deber de debida diligencia frente a casos en los que las mujeres resultan víctimas de hechos de violencias, sino también una exigencia de consideración en relación con sus propias prácticas y concepciones cuando ellas llegan al proceso como acusadas de delitos por hechos de estas características.