La democratización de las Fuerzas Armadas requirió acciones que involucraron a todo el sistema político. El proceso de justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado fue articulado con otros mecanismos para fortalecer la conducción civil, entre ellos el control de los ascensos militares. Al mismo tiempo, la Argentina estableció un marco normativo que delimita con precisión el rol de las Fuerzas Armadas. Les otorga como misión primaria la defensa nacional y las aparta explícitamente de la intervención en cuestiones de seguridad interior. Este principio de demarcación y las regulaciones para fortalecer la conducción y el control civil de las Fuerzas Armadas buscaron limitar su autonomía, profesionalizarlas y darles un rol en el esquema institucional del país.
En sus primeros diez meses, el gobierno nacional ha tomado decisiones y expresado posicionamientos que ponen en duda su voluntad de sostener el principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, así como ha debilitado mecanismos que sostenían la conducción civil. El decreto que instauró el derribo de aviones, la asignación de tareas a las Fuerzas Armadas como parte de las políticas contra el narcotráfico, el nuevo intento de acercamiento a la agenda de Estados Unidos en materia de seguridad, el traspaso de responsabilidades desde la estructura civil a los mandos militares, entre otras medidas, junto con las declaraciones del presidente de la Nación y de otros funcionarios sobre el rol que las Fuerzas Armadas deberían ocupar, muestran una reorientación de las políticas de defensa y de seguridad, en sintonía con el paradigma de las “nuevas amenazas”. Hay un debate pendiente sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional en democracia que no puede saldarse con una orientación de la política por fuera del marco normativo actual, que podría tener serias repercusiones para nuestro país.
Un conjunto amplio de académicos y expertos en temas de defensa y seguridad elaboramos un documento que analiza las decisiones tomadas y sus riesgosas derivaciones y consecuencias para el gobierno civil de las Fuerzas Armadas, su profesionalización y la vigencia de los derechos humanos.
Firmantes: Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghougassian, Rut Diamint, Enrique Font, Sabina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez, Horacio Verbitsky, CELS, CONVERGENCIA XXI, ILSED.
