El Monitor es una herramienta para recordarle a jueces y juezas, como garantes últimos de prevenir situaciones vejatorias, y al sistema de justicia en general, que en Argentina miles de personas están detenidas por largos plazos en comisarías, lugares inhabilitados para esos fines y donde sus derechos básicos son sistemáticamente violados.
En ese sentido, se busca sistematizar mensualmente la información que se produzca sobre la situación de personas presas en comisarías, los hechos más graves que se informen públicamente y, cuando existan, las acciones concretas tomadas por las autoridades responsables para ponerle fin a este estado de situación inaceptable en un Estado de derecho.
Chubut: deniegan un pedido de prisión preventiva por falta de cupo en comisarías
En la provincia de Chubut, la crisis de alojamiento volvió a manifestarse de manera explícita en relación a una mujer imputada por tentativa de homicidio agravado, que se encontraba detenida en un establecimiento policial. Durante la audiencia de control de detención, la jueza interviniente dispuso su libertad con medidas sustitutivas (presentaciones periódicas y control judicial) debido a la inexistencia de cupos disponibles para mujeres en dependencias penitenciarias y comisarías de Comodoro Rivadavia.
La magistrada dejó asentado que la situación de “emergencia carcelaria” y la falta absoluta de espacios adecuados impedían ordenar una prisión preventiva efectiva, aun tratándose de un delito grave. Este episodio no solo ilustra con particular claridad el colapso del sistema de detención provincial, sino que además evidencia el impacto decisivo que pueden tener los jueces y juezas cuando se niegan a convalidar detenciones en condiciones inhumanas y aplican las medidas de coerción de un modo racional, proporcional y atento a la realidad material que enfrentan las personas privadas de libertad.
En un contexto de crisis carcelaria, donde las cárceles no cuentan con nuevos cupos y las dependencias policiales se transforman de facto en nuevos centros de detención permanentes, se debe llamar la atención al trabajo que está siendo realizado desde el Ministerio Público Fiscal.
La falta de una política de persecución penal estratégica lleva a un sistema donde no se cumple con las garantías procesales, y donde la eficacia de su trabajo comienza a fallar. No se puede continuar normalizando una política criminal basada en solicitar la pena de prisión efectiva para todas las personas que acusa el MPF, y la prisión preventiva de manera casi automática para la mayoría de los casos. Los fiscales deben reconocer los límites de los lugares de detención, y tratarlos como lo que son: recursos críticos de uso excepcional.
Asimismo, este problema permea en la seguridad ciudadana en tanto que las fuerzas policiales se encuentran custodiando presos en comisarías, lo cual les impide prevenir o investigar delitos.
Corresponde que el MPF comience a priorizar qué casos ameritan solicitar el cumplimiento de una pena de prisión efectiva y en qué casos no. La persecución debe optar por otras de las vías que ofrece el Código, garantizando, en la mayoría de los casos, una respuesta más rápida tanto a la víctima como al imputado.
El presente caso deja en evidencia que jueces y juezas, cumpliendo con el rol que les confiere la Constitución, pueden y deben evitar que más personas ingresen a comisarías y alcaidías, al ser instituciones que no están preparadas para recibirlos y que solo los hacen atravesar situaciones de tortura.
CABA: la creación del Servicio Penitenciario local y su posible impacto en la situación de personas detenidas en comisarías
El 28 de noviembre de 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que crea un servicio penitenciario propio, bajo la órbita del Ministerio de Justicia porteño. La norma fue presentada por el Poder Ejecutivo como parte del proceso de “autonomía penal” de la ciudad y como respuesta a la crítica situación de sobrepoblación en comisarías y alcaidías.
En los últimos meses, la superpoblación en alcaidías y comisarías de la CABA ha continuado una marcada curva ascendiente. Según los últimos informes, se registraron 2390 detenidos a principios del mes de noviembre (4,9% detenidos a disposición de la Justicia de la CABA), y 2436 al primero de diciembre (6,53% detenidos a disposición de la Justicia de la CABA).
Ante estas circunstancias, el Gobierno de la Ciudad ha sostenido que la creación del nuevo organismo permitiría resolver la situación de las personas detenidas en comisarías, “ordenar” el sistema de custodia, liberar a la policía de tareas penitenciarias y avanzar hacia la construcción de un modelo propio de ejecución de la pena.
La versión final del proyecto aprobado aún no se encuentra publicado. Aún así, se pueden extraer algunas de las cuestiones centrales en base al debate de sesiones.
El proyecto aprobado establece que el nuevo Servicio Penitenciario porteño funcionará con dos cuerpos diferenciados, uno de los cuales será una fuerza de seguridad civil armada, con la pretensión de superar las falencias del modelo castrense tradicional del SPF. El otro cuerpo, separado de las funciones armadas, estará orientado al diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de las personas detenidas, lo que busca evitar que quienes trabajan en políticas de reinserción dependan de la misma lógica de seguridad.
El eje central de esta normativa es la introducción del “Plan de Vida”, un dispositivo que cada persona detenida debe elaborar al momento de ingresar al sistema, en conjunto con los llamados Agentes de Reinserción. A diferencia del esquema tradicional de “tratamiento penitenciario”, la ley porteña plantea que este plan no se impone de manera unilateral, sino que se construye de manera “consensuada”, fijando objetivos educativos, laborales y terapéuticos que ordenarán el tránsito de la persona por la pena. Asimismo, incorpora mecanismos de justicia restaurativa priorizando medidas no privativas de libertad en el contexto de un modelo adversarial donde todo se resuelve en audiencias orales.
Si bien esta ley introduce avances significativos, su implementación exitosa requiere acciones concretas en infraestructura penitenciaria. Este paso es fundamental para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y evitar la continuidad de detenciones en comisarías.
Córdoba: avanza con la Procuración Penitenciaria y se abre un fuerte debate por costos, eficacia y estándares internacionales
El 10 de diciembre la Legislatura de la provincia emitió un despacho a favor de crear la Procuración Penitenciaria provincial, como organismo con autonomía funcional dentro del Poder Judicial. La Procuración tendrá como objetivo la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de todas las personas detenidas o privadas de la libertad en la jurisdicción provincial, cualquiera sea el establecimiento donde se encuentren detenidas.
Aún cuando esto es un paso positivo para el control de la situación carcelaria de las personas detenidas en comisarías y alcaidías, no es suficiente para responder a las obligaciones asumidas por Argentina ante los organismos internacionales de derechos humanos. Córdoba, al igual que todas las provincias del país, requieren la creación de un Comité Provincial de Prevención de la Tortura, organismo independiente del Poder Judicial que ha demostrado ser más eficaz que los controles internos.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura envió un pronunciamiento a la Legislatura de Córdoba destacando los problemas que surgen del proyecto de Procuración:
- No se prevé que el organismo realice visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad.
- Falta de independencia funcional y autarquía financiera.
- La Comisión Especial prevista en el proyecto no garantiza la pluralidad y participación ciudadana requeridas, reduciendo al mínimo la presencia de sectores sociales, académicos y profesionales. No se ve asegurada la pluralidad ciudadana conforme los Principios de París ni la Recomendación CNPT 6/2021 del Comité Nacional.
- No se observan mecanismos de selección de sus integrantes que respeten procedimientos de designación que sean públicos, transparentes, participativos e inclusivos, con criterios de género, pluralidad o multidisciplinariedad.
Dentro de la provincia también se han levantado diferentes voces criticando este proyecto, destacando que plantea una estructura demasiado costosa, que carece de mecanismos de participación ciudadana y establece siete nuevos cargos vitalicios, no logrando asegurar un control efectivo.
Provincia de Buenos Aires: denuncias de tortura en la Comisaría Primera de Moreno
Denuncias recientes ejercidas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) llevaron a que tres efectivos de la Comisaría Primera de Moreno —identificados como Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito— quedaran detenidos, acusados como coautores materiales de “torturas, abuso de autoridad y vejaciones” hacia personas alojadas en la dependencia policial.
La causa se originó luego de una inspección sorpresa realizada por la CPM el 1° de agosto, a raíz de denuncias telefónicas recibidas por parte de personas detenidas . Los testimonios recabados describen presuntas prácticas sistemáticas de violencia institucional: aplicación de picana eléctrica —colocando los pies de detenidos en recipientes de plástico y conectando cables a una batería— golpizas, amenazas, humillaciones, ingreso masivo de agentes a celdas, privaciones de bienes personales, malos tratos, aislamiento en espacios inadecuados y condiciones de alojamiento degradantes (falta de luz, higiene deficiente, hacinamiento).
Entre los hechos denunciados hay relatos que darían cuenta de episodios recurrentes: detenciones arbitrarias, violencia física y psicológica, y un historial oscuro en esa seccional, que incluye denuncias por muertes en custodia. En particular, se menciona la muerte de un joven de 21 años, detenido hacía una semana y hallado ahorcado en un calabozo de la comisaría; episodio calificado como “dudoso” por familiares y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la versión oficial.
La intervención judicial no se limitó a receptar las denuncias, sino que dispuso una serie de medidas concretas para avanzar en la investigación. En ese marco, el juzgado ordenó allanamientos en la Comisaría Primera de Moreno, la detención inmediata de los tres efectivos involucrados y la secuencia de diligencias orientadas a asegurar prueba sensible —como registros, dispositivos electrónicos y documentación interna— vinculada a los hechos denunciados.
El Comité contra la Tortura de la ONU le exigió a Argentina cesar con las detenciones en comisarías y situaciones de tortura
El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) finalizó su período de estudio sobre Argentina y se expidió sobre la situación de torturas y vejámenes atravesadas en el país.
En su informe final puntualizó sobre las soluciones que debe dar el Estado a fin de evitar incurrir en responsabilidad internacional. Respecto a la situación de personas detenidas en dependencias policiales expresó que el Estado debe:
- Poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de larga duración, promover el traslado a centros de detención adecuados después de que se hayan presentado cargos contra personas bajo custodia policial, y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento efectivo de esta prohibición.
- Garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones, mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica. Esto implica asegurar el acceso inmediato a atención médica, instalaciones sanitarias en condiciones, agua potable y una alimentación suficiente, así como la posibilidad de acceder a espacios al aire libre o zonas de recreación. Asimismo, el Estado Parte debe realizar una evaluación diligente para determinar si las personas detenidas en estas dependencias policiales pueden beneficiarse de alternativas a la detención.
Ante las recomendaciones del CAT, diferentes organizaciones de la sociedad civil se expidieron destacando la importancia de los temas abordados por el Comité. Asimismo, el INECIP se centró en la importancia de esta resolución para comprender la responsabilidad que recae en los jueces y juezas penales respecto a las personas detenidas en dependencias policiales.
Corrientes: Cómo se agravó la situación de personas detenidas en comisarías a lo largo del 2025
La realidad de las personas privadas de libertad en comisarías de Corrientes ha demostrado graves deficiencias e irregularidades a lo largo del año 2025. Se registraron numerosas situaciones de violencia y al menos tres muertes bajo custodia policial, que dieron lugar a denuncias de abandono estatal y violencia institucional.
En julio, un hombre alojado en la Comisaría 22° apareció muerto en su celda horas después de haber sido detenido. La versión oficial indicó que se habría suicidado, pero las circunstancias del caso motivaron la apertura de una investigación judicial y administrativa.
En septiembre, una mujer de 36 años falleció en la Comisaría Primera, en donde se encontraba detenida, luego de sus reiterados pedidos de atención médica. Sus familiares denunciaron que nunca recibió los medicamentos ni la rehabilitación que requería.
En esta misma línea, en noviembre, un joven detenido en Corrientes capital denunció haber sido brutalmente golpeado tras su aprehensión. Su madre informó que recorrió varios hospitales hasta que él debió ser operado en el hospital Escuela, presentaba costillas rotas y una perforación de pulmón. El Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes formalizó una denuncia por “apremios ilegales”, exigiendo una investigación judicial y el cumplimiento de una orden de internación previa para la persona, ya que debía estar en tratamiento médico por una condición preexistente.
Los llamados internacionales, como el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura por violaciones a los derechos humanos en Argentina, resaltan la urgencia de visibilizar los hechos ocurridos en dicho contexto —muertes bajo custodia, torturas, detenciones arbitrarias y malos tratos— como parte de un sistema que aún carece de adaptación a las normativas de derechos humanos vigentes. Cualquier reforma o acción del Estado, tanto provincial como nacional, debe priorizar una revisión del régimen de detención, poner fin a las permanencias prolongadas en comisarías y garantizar condiciones mínimas de dignidad, salud y todos aquellos derechos que corresponden a las personas.
Sumate a la Campaña No más presos en comisarías.
Integrantes del grupo de trabajo:
Camila Daniela Tejada – Rio Negro
Tadeo Jantus – CABA
Micaela Alharal – CABA
Ibañez Emilce – Bs As
Javier Cristo- CABA
Florencia Krenz – Bs As
Villanueva Acosta Florencia – Corrientes
Joaquín Miguel – Río Negro
Valentina Chiesa- La Pampa y San Luis
María Sucarrat – La Pampa y San Luis
Dominguez Yadira – Santa Fe
Ojeda Natalia – Bs As
Villanueva Acosta Fernanda – Corrientes
Graciela M Ybarra – CABA y Santiago del Estero
Candela Ortiz – Federal y Buenos Aires
Carolina V. Silva – Chubut
Laura Ríos – Santa Cruz y La Rioja
Daiana carracedo – Santa Fe
Aybar Yanett – Catamarca y Córdoba
Salgado, Araceli – Santa Fe
Sofía Alejandra Perez – CABA
Marcos bergero – Córdoba
Gabriela Taborda Avellaneda – Córdoba
Lucía Branc – Federal
Emiliano Alberto Guimpel – CABA
Florencia Girotti- CABA
María Guillermina González Cabañas- Corrientes
Alan Roman Serra Paez – CABA
Micaela Sotelo – La Pampa y San Luis
María Antonella Retamozo Rocha- Río Negro
Josefina Cirigliano Cabandie – Entre Ríos
Graciela Mabel Ybarra
Teresita Rosalia Mansilla – Tucumán
Creusa Videla – Grupo de trabajo del INECIP
Coordinadora del grupo de trabajo: Florencia Castro