El Monitor Federal de Presos en Comisarías es un centro de información para visibilizar las principales novedades sobre la situación de los presos en comisarías del país, así como las acciones de incidencia que se lleven a cabo. Con esta herramienta buscamos generar conciencia sobre la gravedad del problema, promover la producción de información fidedigna, actualizada y útil para la toma de decisiones de calidad, y compartir las acciones que se realicen para resolver este grave problema público.

Río Negro

“Cárceles saturadas y presos en comisarías: Río Negro enfrenta una crisis agravada por la Ley de Reiterancia”. Fuente: Diario Viento Sur.

Luego de una reforma en el Código Procesal Penal de Río Negro, donde se establece a la reiterancia como uno de los extremos a considerar a la hora de decidir la aplicación de la prisión preventiva, nos encontramos con los resultados previsibles: un aumento exponencial en la cantidad de presos en comisarías.

La reiterancia no puede ser aplicada en forma automática, sin considerar los requisitos constitucionales y convencionales para las prisiones preventivas. Tampoco puede eximir a los jueces de verificar las condiciones en las cuales se cumplirá la detención. Por el contrario, la expansión de las “leyes de reiterancia” a lo largo y ancho del país, y el previsible aumento en las solicitudes de prisión preventiva por parte de las fiscalías, no hacen más que redoblar la necesidad de que jueces y juezas cumplan con su rol de garantías.

En este contexto, la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, dictó una resolución en la que admitió un habeas corpus presentado por la defensora pública, Natalia Araya, en favor de los detenidos en la comisaría Segunda. La razón de esta acción se originó en que siete personas compartían una celda donde no había baño, calefacción ni ventilación; ninguna de ellas contaba con un colchón y su comida se encontraba en cajas sobre el piso mojado. Aun cuando Ragusa requirió al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para que dispongan el inmediato alojamiento de una de estas personas en un penal, recibió un rechazo por la falta de vacantes en el Penal 3 de Bariloche.

Casos como la Comisaría Segunda de Bariloche revelan condiciones de detención inhumanas; personas durmiendo en el piso, sin baños, sin calefacción, sin acceso a servicios de salud ni visitas. Estas prácticas ya fueron objeto de habeas corpus y fallos judiciales, lo que habilita una base legal para exigir cumplimiento y monitoreo constante.

En materia judicial, también se pudieron encontrar dos pronunciamientos significativos y relativamente recientes, que advierten sobre graves problemas estructurales del sistema penitenciario, y el impacto directo que estos tienen sobre las personas alojadas en comisarías de la provincia.

En Río Negro, la crisis de sobrepoblación carcelaria tuvo especial visibilidad a partir de un fallo reciente de la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa (descargar fallo completo aquí). La magistrada advirtió que en establecimientos como el penal de Bariloche no existen cupos disponibles para nuevos ingresos y que, como consecuencia, varias comisarías —entre ellas la Segunda de esa ciudad— alojan a personas condenadas y procesadas en condiciones que no cumplen los estándares mínimos de habitabilidad: hacinamiento, falta de sanitarios, ventilación o calefacción. En su resolución, Ragusa ordenó el traslado inmediato de detenidos a unidades penitenciarias adecuadas y enfatizó que las comisarías no son espacios aptos para detenciones prolongadas, ya que impiden el acceso a visitas, programas de tratamiento, atención médica y otras garantías básicas.

El fallo puso en evidencia la relación directa entre la falta de cupos en el Servicio Penitenciario y el colapso de las dependencias policiales, que terminan funcionando como lugares de alojamiento permanente frente a la ausencia de plazas disponibles. Esta situación, advertida también por la defensa pública y organizaciones de derechos humanos, muestra que las comisarías han pasado de ser lugares transitorios de detención a espacios estructuralmente sobrecargados, lo que agrava las condiciones de encierro y tensiona todo el sistema penal provincial. Fuente: Diario Rio Negro.

Corrientes

Durante el mes de septiembre, en Corrientes Capital se registró un posible caso de violencia institucional, vinculada específicamente a las condiciones de alojamiento en comisarías. Fuente: Diario Nueva Mirada.

Este caso involucró la muerte de una mujer de 36 años, madre de un niño de 11, que se encontraba detenida en la Comisaría Primera de la ciudad. A pesar de padecer condiciones de salud graves —como diabetes insulinodependiente, hipertensión y asma—, y tras sufrir un ACV poco después de su detención, la mujer falleció sin recibir la atención médica adecuada. Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que su muerte fue consecuencia de la desidia y el abandono por parte del Estado, calificando el hecho como un caso de violencia institucional.

El caso expuso con particular crudeza una de las principales deficiencias estructurales de las comisarías. A diferencia de los complejos penitenciarios, que cuentan con servicios médicos permanentes, las dependencias policiales carecen de atención propia y dependen enteramente del sistema público de salud, lo que genera demoras graves incluso ante urgencias. Esta carencia estructural vuelve prácticamente inaccesible la atención médica y psicológica de las personas detenidas, evidenciando una de las dimensiones más preocupantes de la crisis carcelaria en Corrientes.

La Pampa

Se estima que más de 400 personas condenadas permanecen alojadas en comisarías, lo cual obliga a utilizar plazas penitenciarias en la provincia vecina San Luis para aliviar la presión. La crisis tuvo un episodio trágico el 10 de agosto en General Pico, cuando un detenido de 33 años falleció en la Comisaría Segunda tras sufrir convulsiones en un calabozo. Según la autopsia oficial, la muerte se produjo por “causas naturales” vinculadas al estado de salud del individuo —que tenía antecedentes de adicción— y no por intervención externa. Fuente: El Diario de La Pampa.

Este hecho subraya el riesgo extremo que implica mantener personas privadas de libertad en dependencias policiales, donde las condiciones de alojamiento y atención sanitaria están muy lejos de satisfacer las necesidades mínimas. La falta de espacios adecuados en el Servicio Penitenciario provincial termina recayendo sobre las comisarías, que no están preparadas para cumplir roles de custodia permanente, ni para garantizar condiciones dignas de detención por tratarse de espacios no habilitados para detenciones de mediano o largo plazo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Con las fuentes de información relevadas al 25 de septiembre del 2025, se registran más de 2300 personas encerradas en comisarías. Del total, tan sólo un 7% se encuentra detenido a disposición de la justicia de la CABA, mientras que la gran mayoría se encuentra a disposición de la Justicia Nacional y permanece a la espera de cupo en el SPF.

Este número es especialmente preocupante cuando se lo ve en perspectiva: la cantidad de alojados totales en las Alcaidías Comunales y Comisarías Vecinales de la Policía de la Ciudad mantiene una tendencia ascendente del 124,04% desde diciembre de 2022 a septiembre de 2025, y un incremento del 1,46% entre los meses de agosto y septiembre de 2025 (datos del Observatorio Penitenciario y DDHH de CABA).

Chaco

En el último tiempo, se ha reforzado la iniciativa de traslados de personas privadas de su libertad al Complejo Penitenciario de Resistencia. De esta forma, la provincia, avanza en descomprimir las comisarías. Fuente: Diario Norte.

Durante septiembre del año en curso, se concluyó una obra de infraestructura integral del Módulo VII de la Unidad Penitenciaria II de Sáenz Peña, la cual fue concretada íntegramente con recursos provinciales y pretende descomprimir y reducir el uso de las comisarías. En total, se sumaron 104 plazas, y se realizaron refacciones que incluyeron el reemplazo de sanitarios, instalación de sistemas de agua fría, caliente y potable, colocación de tanques de reserva, puertas reforzadas con doble seguridad, camastros nuevos, iluminación independiente por celda, tomacorrientes antivandálicos y un sistema eléctrico con protección e iluminación natural y artificial.

Santa Fe

En los meses de junio y julio de 2025, la provincia de Santa Fe intensificó su política de vaciamiento de comisarías, trasladando a cientos de personas privadas de libertad hacia unidades penitenciarias.

El 23 de junio se concretó el traslado de 83 reclusos desde la Unidad Regional IX hacia la Unidad Penitenciaria N°10 en Santa Felicia, lo que dejó prácticamente vacías las dependencias de Reconquista. Un día después, el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso la reubicación de 67 detenidos de la comisaría 2ª de Rosario al Complejo Penitenciario Rosario, en el marco del cierre de cinco seccionales. En paralelo, la situación evidenció graves problemas en las condiciones de custodia: a mediados de junio, cinco policías fueron imputados por golpear a un detenido y a un adolescente en la comisaría de Paraguay al 1100, episodio que derivó en prisión preventiva para tres agentes.

Pese a los anuncios oficiales sobre el fin del hacinamiento en comisarías, la problemática persistió durante el mes de julio. El 3 de ese mes, 43 mujeres alojadas en la comisaría 5ª de Rosario —en un espacio con capacidad para 20— iniciaron un motín y quemaron colchones en protesta por las condiciones de detención. Aunque el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que el vaciamiento de las comisarías de la Unidad Regional II estaba avanzado, debió reconocer que el traslado aún estaba en proceso. Ese mismo día se informó el traslado de 45 internas desde la comisaría de Arroyo Seco hacia el Servicio Penitenciario, en un intento de dar cumplimiento a la meta gubernamental de desalojar completamente las comisarías en el plazo de un año y medio.

El gobierno provincial sostiene un plan de reordenamiento que busca que para 2026 las comisarías dejen de alojar personas detenidas. Si bien aún permanecen algunos internos en dependencias de Santa Fe y Rosario dentro de los cupos autorizados, el Ejecutivo confía en que con la ampliación de la alcaidía de Recreo y la creación de nuevas plazas en el sur provincial se podrá alcanzar el objetivo de que no quede ningún detenido en seccionales policiales. Fuente: Diario UNO.

Chubut

Según los datos publicados por el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia en el informe de relevamiento de septiembre del 2025 (descargar aquí), surge que Comodoro Rivadavia tiene cupo para alojar 180 personas y aloja a 216; Puerto Madryn tiene capacidad para 53 personas y aloja 79; Esquel tiene cupo para 45 y aloja a 15; Trelew tiene cupo de 434 personas y aloja a 454 mientras que Rawson no tiene detenidos en comisarías.

Además, de dicho informe se observa que la tasa de ocupación efectiva de plazas entre los meses de enero y septiembre del 2025 no sólo supera el límite de cupo previsto, sino que además mantiene un crecimiento sostenido, de los 690 a los 803 detenidos (al 15 de septiembre).

Ranking Provincial de Presos en Comisarías

El INECIP presentó la segunda edición del Ranking Provincial de Presos en comisarías, con los datos correspondientes del 2023, en el marco de la Campaña No más presos en comisarías.

Luego de la primera publicación realizada el año pasado, en esta ocasión se presentó una actualización del Ranking provincial de personas encerradas en comisarías con los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2023 (últimos datos disponibles), con el principal objetivo de alertar y actualizar el estado de gravedad de esta situación.

Principales conclusiones:

• En la mayoría de las provincias, los datos de 2023 muestran una muy baja variación con respecto a los del 2022.
• Esta estabilidad evidencia que el problema de los presos en comisarías responde a una situación estructural y no coyuntural.
• Al igual que en los peores momentos de nuestra historia, el Poder Judicial parece haber naturalizado una situación extremadamente vejatoria, como es la detención permanente de personas en calabozos inhumanos, sin lograr respuestas judiciales efectivas e inmediatas.

Accedé al informe completo haciendo click acá.

Este reporte fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Situación de los Presos en Comisarías.

Integrantes del grupo de trabajo:

Camila Daniela Tejada – Rio Negro
Tadeo Jantus – CABA
Micaela Alharal – CABA
Ibañez Emilce – Bs As
Javier Cristo- CABA
Florencia Krenz – Bs As
Villanueva Acosta Florencia – Corrientes
Joaquín Miguel – Río Negro
Valentina Chiesa- La Pampa y San Luis
María Sucarrat – La Pampa y San Luis
Dominguez Yadira – Santa Fe
Ojeda Natalia – Bs As
Villanueva Acosta Fernanda – Corrientes
Graciela M Ybarra – CABA y Santiago del Estero
Candela Ortiz – Federal y Buenos Aires
Carolina V. Silva – Chubut
Laura Ríos – Santa Cruz y La Rioja
Daiana carracedo – Santa Fe
Aybar Yanett – Catamarca y Córdoba
Salgado, Araceli – Santa Fe
Sofía Alejandra Perez – CABA
Marcos bergero – Córdoba
Gabriela Taborda Avellaneda – Córdoba
Lucía Branc – Federal
Emiliano Alberto Guimpel – CABA
Florencia Girotti- CABA
María Guillermina González Cabañas- Corrientes
Alan Roman Serra Paez – CABA
Micaela Sotelo – La Pampa y San Luis
Creusa Videla – Staff del INECIP

Coordinadora del grupo de trabajo: Florencia Castro.