El Monitor es una herramienta para recordarle a jueces y juezas, como garantes últimos de prevenir situaciones vejatorias, y al sistema de justicia en general que, en Argentina miles de personas están detenidas por largos plazos en comisarías, lugares inhabilitados para esos fines y donde sus derechos básicos son sistemáticamente violados.
En ese sentido, se busca sistematizar información que se produzca sobre la situación de personas presas en comisarías, los hechos más graves que se informen públicamente y, cuando existan, las acciones concretas tomadas por las autoridades responsables para ponerle fin a esta situación inaceptable en un Estado de derecho.
El Monitor, surge en el marco de la Campaña “No más presos en comisarías” del INECIP. En este marco, se presentó la tercera edición del Ranking Provincial de Presos en comisarías, elaborado en el marco de la Campaña No más Presos en Comisarías, con datos correspondientes a 2024. Esta micro-investigación tiene como principal objetivo visibilizar la situación de vejámenes que pasan las miles personas detenidas en las comisarías de Argentina, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Nuevo informe de la CNPT revela que la tasa de mortalidad de presos en comisarías es el doble que en las cárceles
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el primer informe del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en el Marco de Intervenciones de Fuerzas de Seguridad (RMN), que abarca el período 2022-2024 y sistematiza las muertes en tres contextos: encierro penitenciario, alojamiento en dependencias policiales y muertes en intervenciones de fuerzas de seguridad en el territorio.
Entre sus principales conclusiones, el informe señala que la tasa de mortalidad en dependencias policiales duplica a la registrada en el sistema penitenciario durante el trienio relevado. En 2024, fue de 6,4 cada mil personas detenidas en dependencias policiales, frente a 3 cada mil personas encarceladas en establecimientos penitenciarios. También se observa una menor edad promedio de muerte en comisarías: 39 años, frente a 47 años en las cárceles.
En cuanto a las causas, a diferencia de los casos analizados en el sistema penitenciario, en las dependencias policiales predominan las muertes por causas externas: suicidios, agresiones, siniestros y otros hechos cuya intencionalidad no logra determinarse. Estos datos deben leerse a la luz de la información relevada por este monitor sobre las deficientes condiciones de infraestructura, salubridad y seguridad de los establecimientos policiales del país, agravadas por la sobrepoblación en espacios no destinados a tales fines.
Esta información también debe ser considerada en las decisiones judiciales sobre la privación de libertad. La permanencia en comisarías incrementa significativamente el riesgo de muerte, por lo que los jueces tienen la responsabilidad de prevenir estas situaciones y evitar que las personas sean detenidas en dependencias policiales. Este dato debe ser incorporado tanto en el litigio como en la decisión sobre medidas de coerción.
La creación de este Registro constituye un avance significativo en materia de transparencia y disponibilidad de información pública sobre las muertes bajo custodia estatal. Por primera vez, permite dimensionar y analizar este fenómeno a escala nacional, aportando una herramienta fundamental para el monitoreo, la rendición de cuentas y defensa efectiva.
BUENOS AIRES: habeas corpus, clausuras y respuesta judicial hacia las personas en comisarías
Según los datos abiertos difundidos por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), para septiembre de 2026 la provincia registra alrededor de 66.800 personas privadas de la libertad, distribuidas entre cárceles (56.880), alcaidías (3411), comisarías (1581) y arresto domiciliario con monitoreo electrónico (5018). Actualmente, las comisarías registran un 32% de sobrepoblación.
La tasa de encarcelamiento provincial se ubicó en 383 personas cada 100.000 habitantes, un 21% por encima de la media nacional. Las unidades penitenciarias alcanzan niveles críticos de ocupación, lo que contribuye a la permanencia de personas detenidas en comisarías por períodos prolongados.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria
En los últimos meses, se registraron acciones de habeas corpus colectivo presentadas por la CPM ante distintos juzgados de la provincia, motivadas por inspecciones que constataron condiciones de hacinamiento y alojamiento indigno en comisarías utilizadas para alojar mujeres detenidas. En mayo, el Juzgado en lo Correccional N°2 de Bahía Blanca ordenó una serie de obras y la prohibición de nuevos ingresos en el calabozo de la Comisaría Cuarta, tras constatarse humedad, cloacas desbordadas, falta de calefacción y deficiente alimentación.
En junio, el Juzgado en lo Correccional N°1 de Moreno dispuso la clausura de los calabozos de la Comisaría 6ª y de la DDI Drogas Ilícitas de Paso del Rey, donde se hallaron once mujeres alojadas en espacios con capacidad para tres, en condiciones de insalubridad y aislamiento. Ese mismo mes, el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Matanza clausuró los calabozos de la Comisaría 8ª tras verificar un 360% de sobrepoblación. Además, verificó el caso de una mujer detenida desde el 1° de mayo, muy por encima del límite legal de 48 horas. El juez calificó las condiciones como “infrahumanas”.
En julio, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes hizo lugar a una presentación de la CPM referida a las comisarías 3ª de Berazategui, 6ª de Quilmes Ezpeleta y 3ª de Florencio Varela, dos de las cuales ya contaban con clausura judicial o administrativa previa pero seguían recibiendo detenidas. Además, se constataron requisas vejatorias, falta de agua y ventilación, y la presencia de materiales inflamables sin plan de contingencia.
Según los datos del Boletín de Datos Abiertos de la CPM, entre enero y agosto de 2026 se registraron un total de 169 muertes bajo custodia estatal (163 muertes en cárceles/alcaidías y seis en comisarías). En ese marco de letalidad, el Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a tres ex policías bonaerenses por las torturas y el homicidio de Damián Sepúlveda, ocurrido en 2013 en la comisaría de General Madariaga, una causa donde la CPM intervino activamente contra la impunidad. Paralelamente, en julio de este año, la fiscalía de Moreno solicitó la elevación a juicio de tres policías acusados de torturar con picana eléctrica a diez detenidos en la Comisaría 1ª de esa localidad, una dependencia sobre la que pesan medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014 por sus condiciones inhumanas de detención.
Este cuadro de situación, denota, una vez más, cómo jueces y juezas pueden operar como últimos garantes de los derechos de las personas en condiciones de detención; habilitando la clausura de calabozos, la prohibición de nuevos ingresos y, en algunos casos, el traslado de las personas detenidas hasta tanto se acrediten condiciones edilicias mínimas.
CABA: la reclasificación administrativa sin cambios de infraestructura de las comisarías
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) informó que, a fines de enero de 2026, 2.383 personas se encontraban alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad: 1.940 en alcaidías, 344 en comisarías y 99 en espacios destinados a la “espera de alojamiento”. Estos últimos casos resultaban especialmente preocupantes, ya que las personas permanecían en oficinas, depósitos, subsuelos, guardias internas y otros espacios que no estaban destinados al alojamiento de personas privadas de libertad.
Para fines de agosto de 2026, la situación fue presentada de manera diferente. La PPN informó que ya no se registraban personas alojadas formalmente en comisarías vecinales ni personas “en espera de alojamiento”. El sistema estaba compuesto por tres Centros de Admisión y Derivación de Detenidos (CAD), 48 alcaidías y el Centro de Contraventores. Además 11 personas permanecían alojadas en hospitales públicos bajo custodia de la Policía de la Ciudad. En total, 2.229 personas se encontraban alojadas bajo custodia de la Policía de la Ciudad, de las cuales 2.191 estaban en alcaidías y 27 en los CAD.
Sin embargo, esta modificación requiere una consideración importante. Las comisarías vecinales que continuaban siendo utilizadas para alojar personas detenidas fueron transferidas a la Dirección Autónoma de Alcaidías y pasaron formalmente a denominarse alcaidías, sin ninguna modificación en su infraestructura. Por lo tanto, la ausencia de personas registradas bajo la categoría “comisarías” no significa que esos edificios hayan dejado de utilizarse para el alojamiento de personas, sino que refleja una reclasificación administrativa de los establecimientos.
Además, el cambio en la forma de contabilizar la capacidad dificulta la comparación directa de los niveles de sobrepoblación. Hasta enero, la Policía de la Ciudad informaba una “capacidad ideal” y una “capacidad máxima” para las dependencias; desde febrero comenzó a consignar únicamente la capacidad máxima. Bajo este nuevo criterio, en mayo se registraron 2.191 personas alojadas sobre una capacidad máxima de 2.362. La propia PPN advierte que esta modificación metodológica puede reflejar estadísticamente una menor sobrepoblación sin que ello implique la creación de nuevas plazas.
Por otra parte, la permanencia de las personas detenidas continúa siendo significativa. En agosto, el tiempo promedio de alojamiento en las alcaidías era de 137 días, con casos que alcanzaban los 1.230 días, mientras que en los CAD el promedio era de 5 días.
CORRIENTES: traslados ordenados por la justicia y las inspecciones del CPPT
En un contexto de sobrepoblación carcelaria, detenciones en comisarías y recientes fugas, el juez de Garantías Alfredo Aguirre dispuso el traslado de ocho personas que cumplían prisión preventiva en dependencias policiales de Monte Caseros hacia unidades del Servicio Penitenciario Provincial.
La medida se adoptó en línea con los criterios establecidos por el Superior Tribunal de Justicia, que reforzó que las personas en prisión preventiva se encuentran a disposición del juez de Garantías y que deben pasar su detención en un establecimiento penitenciario, no policial (Resolución N° 103/21).
Previa a esta resolución, el Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia de Corrientes llevó adelante distintas tareas de monitoreo en dependencias policiales y otros lugares de detención. En la ciudad de Corrientes, las recorridas incluyeron distintas comisarías, entre ellas las Comisarías 9.ª, 16.ª y 19.ª, donde el Comité informó haber detectado deficiencias en las condiciones de detención, condiciones inadecuadas de alojamiento y situaciones que requerían especial atención respecto de personas demoradas. En algunos casos, además, no se contaba con información clara sobre los motivos de la restricción de libertad.
Los monitoreos también alcanzaron dependencias del interior provincial. Las inspecciones comprendieron aspectos vinculados con la infraestructura edilicia, el trato recibido por los agentes de seguridad, la alimentación, la atención de la salud y la vinculación familiar.
NEUQUÉN: las comisarías concentran una sobreocupación del 151% y el 63% de las personas alojadas ya están condenadas
La situación de las personas privadas de libertad alojadas en dependencias policiales de Neuquén presenta un cuadro de sobreocupación estructural, que provoca que las comisarías sean utilizadas para el cumplimiento efectivo de condenas. Según el Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), este fenómeno viene creciendo año a año a nivel provincial, viendo un aumento de casi el 33% de 2024 a 2025.
Asimismo, el CPPT registró, al 1 de diciembre de 2025, 218 personas alojadas en comisarías, equivalentes al 27,4 % de las 796 personas privadas de libertad de la provincia.
Los datos oficiales más recientes, aportados por la División Coordinación Detenidos Procesados y actualizados al 17 de julio de 2026, confirman que la sobreocupación en las dependencias policiales de la Capital alcanza niveles críticos: 181 personas se encuentran cuando hay 72 plazas habilitadas. Esto representa una ocupación del 251,4 % de la capacidad disponible, es decir, 109 personas por encima del cupo.
El dato más significativo es que prácticamente 2 de cada 3 personas alojadas actualmente en estas dependencias (—63 %) ya están condenadas, mientras que 63 (34,8 %) se encuentran procesadas; 1 arrestado por cinco días y 3 personas notificadas de su detención a la espera de audiencia de formulación de cargos (otras situaciones).
Es decir, la sobreocupación de las comisarías no responde únicamente a detenciones transitorias: las dependencias policiales funcionan, en los hechos, como establecimientos de ejecución de pena, pese a no estar diseñadas ni equipadas para esa finalidad. El propio CPPT caracteriza esta situación como un “subsistema informal de encarcelamiento”.
La cantidad de personas detenidas influye directamente en las condiciones de detención. En junio de 2026, la propia Policía informó que la sobreocupación provoca saturación de los sistemas cloacales y eléctricos, falta de camas, personas que deben dormir en colchones en el piso y mayores problemas de convivencia, llegando a registrarse motines. El Comité Provincial, por su parte, describe un patrón de hacinamiento estructural, con celdas reducidas, ventilación e iluminación deficientes, instalaciones sanitarias y eléctricas precarias y falta de espacios comunes, educativos, laborales y recreativos.
Información sobre los cuadros: elaboración propia de una de las integrantes del equipo de monitoreo, a partir de la base de datos oficiales de la DCDP (12/06/2026 y 17/07/2026) y del Informe Anual 2025 del CPPT. Los porcentajes fueron calculados a partir de las cantidades informadas por dichos organismos.
LA RIOJA: apartan a cinco policías por presuntas torturas y apremios ilegales a personas detenidas
En junio de 2026, cinco policías de la Comisaría de Ulapes, provincia de La Rioja, fueron apartados preventivamente de sus funciones mientras se investigan denuncias por presuntas torturas y apremios ilegales contra dos personas detenidas en esa dependencia. La medida alcanzó también a autoridades de la comisaría y fue adoptada mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
Las dos personas detenidas denunciaron haber sufrido graves agresiones físicas mientras se encontraban en la comisaría. Según la información relevada, también se investiga la legalidad del procedimiento que dio lugar a las detenciones, ya que habría sido realizado fuera de la jurisdicción provincial y sin una orden judicial de detención.
El apartamiento preventivo de los cinco efectivos tuvo como finalidad evitar que pudieran interferir en el desarrollo de las investigaciones. La propia institución policial manifestó su rechazo a cualquier práctica ilegal y señaló que se adoptarían las medidas correspondientes en caso de comprobarse las acusaciones.
JUJUY: ¿qué dicen los números?
El equipo tecnico del Comite para la Prevencion de la Tortura de la Provincia de Jujuy aportó a INECIP los últimos datos relevados en materia de comisarías y alcaidías de la provincia, que comprenden los períodos enero-julio 2026.
De estos datos se destaca que había 63 personas detenidas en las Unidades Regionales, dependientes de la policía. Entre ellas, 11 personas (aproximadamente el 17%) no lograban comunicarse con sus familiares directos, lo que obstaculiza el ejercicio de derechos básicos que deben ser garantizados durante la detención.
Asimismo, hay personas detenidas hace más de 1 año en la Unidad Regional 7. Las dependencias policiales no están habilitadas ni cuentan con las condiciones necesarias para el alojamiento permanente de personas, circunstancia que afecta de manera directa sus derechos fundamentales.
SANTA CRUZ: trece detenidos protagonizaron un motín en una comisaría de Pico Truncado
El 28 de junio de 2026, 13 personas detenidas protagonizaron un motín durante la madrugada en la Comisaría Primera de Pico Truncado. El episodio comenzó alrededor de las 2 de la mañana y requirió el despliegue de personal de Infantería, Bomberos y otras unidades policiales para recuperar el control de la dependencia. La situación pudo ser controlada sin que se registraran fugas.
Por otro lado, el 17 de julio de 2026, un detenido se fugó de la Comisaría Segunda de El Calafate, donde permanecía alojado en una oficina adaptada como lugar de detención debido a la falta de calabozos. Según las primeras informaciones, el espacio presentaba deficientes condiciones de seguridad y era custodiado por solo dos efectivos. El hecho motivó un operativo de búsqueda desplegado por la Policía de Santa Cruz, sin que al momento de la publicación se hubiera informado oficialmente su recaptura.
Estas situaciones denotan que las dependencias policiales no están preparadas para la detención prolongada de personas, no solo por la deficiente infraestructura, sino también por la falta de preparación de la policía para controlar y proteger a las personas allí alojadas.
SANTIAGO DEL ESTERO: motín en la Comisaría 6ta.
El 22 de julio de 2026, un grupo de 39 personas detenidas protagonizó un motín en la Comisaría 6ª de Santiago del Estero, durante el cual se produjeron enfrentamientos, destrozos y el incendio de colchones dentro de los calabozos. La situación requirió la intervención de personal de Infantería, Bomberos y distintas unidades policiales. A su vez, cuatro detenidos debieron ser trasladados al Hospital Regional por intoxicación con humo. Como consecuencia del episodio, se registraron importantes daños en la dependencia y las personas detenidas fueron reubicadas en distintos centros de detención: 13 fueron trasladadas al Centro Único de Detenidos, 21 a la Comisaría Comunitaria N.º 13 de La Banda y cuatro a la Comisaría Comunitaria N.º 63 de Villa del Carmen.
Foto: El Liberal
SALTA: “Hay que sacar a los presos de las comisarías”
Andrés Giordamaci, integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, se refirió a la necesidad de retirar a las personas privadas de su libertad que permanecen alojadas en comisarías salteñas.
Giordamaci hizo hincapié en que las dependencias policiales no cuentan con la infraestructura necesaria para alojar a personas privadas de su libertad de manera permanente y no cuentan con personal específicamente preparado para la custodia penitenciaria. El Comité, planteó la necesidad de fortalecer los regímenes de semilibertad y aprovechar la capacidad disponible en ciertas unidades penitenciarias.
SANTA FE: traslados a Unidad Penitenciaria
Recientemente, Arroyo Seco concretó los traslados de todos los detenidos en la Comisaría 27º a la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, en el departamento La Capital. La obra realizada incorpora 891 plazas carcelarias a la provincia.
Con el traslado, el espacio de la comisaría destinado a la detención transitoria quedó liberado. Sin embargo, que esa liberación se traduzca en una mejora sostenida depende de que esos espacios se utilicen efectivamente sólo para alojamientos transitorios y no vuelvan a ocuparse con detenciones prolongadas.
La construcción de nuevas plazas resuelve un déficit de infraestructura puntual, pero no aborda la causal determinante: las decisiones judiciales que llevan a que las comisarías se usen para alojamiento prolongado.
CÓRDOBA: un jefe policial detenido e imputado por una golpiza a dos detenidos
Un jefe de la Policía fue detenido e imputado junto con otros tres efectivos por una presunta golpiza contra dos personas detenidas dentro de una comisaría de Villa del Rosario. La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido en enero de 2026, cuando los dos hombres habrían sido golpeados mientras se encontraban esposados dentro de una celda.
El principal acusado es el jefe de la Patrulla Preventiva de Villa del Rosario, quien fue detenido y enfrenta cargos por vejaciones, falso testimonio agravado, falsedad instrumental e instigación al falso testimonio. Los otros tres policías imputados permanecen en libertad bajo condiciones judiciales.
Además de investigar las presuntas agresiones, la Justicia busca determinar si existió un intento de encubrir lo ocurrido y de manipular pruebas para modificar la versión de los hechos. Los dos detenidos denunciaron la golpiza meses después, durante una audiencia judicial, lo que permitió iniciar la investigación que derivó en las actuales imputaciones.
El caso pone en manifiesto los riesgos asociados al alojamiento de personas privadas de libertad en dependencias policiales y, particularmente, la necesidad de contar con mecanismos efectivos de control sobre el trato que reciben las personas detenidas mientras se encuentran bajo custodia estatal.
Ranking Provincial de Presos en Comisarías – Tercera edición
Accedé a la publicación completa del Ranking.
Sumate a la Campaña No más presos en comisarías.
Integrantes del grupo de trabajo:
Camila Daniela Tejada – Rio Negro
Tadeo Jantus – CABA
Micaela Alharal – CABA
Ibañez Emilce – Bs As
Javier Cristo- CABA
Florencia Krenz – Bs As
Villanueva Acosta Florencia – Corrientes
Joaquín Miguel – Río Negro
Valentina Chiesa- La Pampa y San Luis
María Sucarrat – La Pampa y San Luis
Dominguez Yadira – Santa Fe
Ojeda Natalia – Bs As
Villanueva Acosta Fernanda – Corrientes
Graciela M Ybarra – CABA y Santiago del Estero
Candela Ortiz – Federal y Buenos Aires
Carolina V. Silva – Chubut
Laura Ríos – Santa Cruz y La Rioja
Daiana carracedo – Santa Fe
Aybar Yanett – Catamarca y Córdoba
Salgado, Araceli – Santa Fe
Sofía Alejandra Perez – CABA
Marcos bergero – Córdoba
Gabriela Taborda Avellaneda – Córdoba
Lucía Branc – Federal
Emiliano Alberto Guimpel – CABA
Florencia Girotti- CABA
María Guillermina González Cabañas- Corrientes
Alan Roman Serra Paez – CABA
Micaela Sotelo – La Pampa y San Luis
María Antonella Retamozo Rocha- Río Negro
Josefina Cirigliano Cabandie – Entre Ríos
Graciela Mabel Ybarra
Teresita Rosalia Mansilla – Tucumán
Creusa Videla – Grupo de trabajo del INECIP
Coordinadora del grupo de trabajo: Florencia A. Castro
