El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales presenta la tercera edición del Ranking Provincial de Presos en comisarías, elaborado en el marco de la Campaña No más Presos en Comisarías, con datos correspondientes a 2024.
A dos años de la primera edición, esta microinvestigación tiene como principal objetivo visibilizar la situación de vejámenes que pasan las miles personas detenidas en las comisarías de Argentina, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Detrás de cada persona encerrada ilegalmente en una comisaría, hay un juez que ordenó su encierro, despreocupándose del lugar en donde esa detención se llevará cabo e incumpliendo la responsabilidad personal que la Constitución Nacional le asigna.
A dos años de la primera edición del Ranking, es posible comenzar a analizar otros datos vinculados a la tasa provincial de encierro en comisarías, a partir de los cuales se observa que:
- En 15 de las 24 jurisdicciones del país, la tasa de personas detenidas en comisarías cada 100.000 habitantes creció entre 2022 y 2024.
- A nivel agregado, la tasa nacional se mantiene relativamente estable, con una leve reducción de 0,6 puntos, traccionada principalmente por la reducción de la tasa en la provincia con mayor cantidad absoluta de personas detenidas (Buenos Aires).
- En 6 de cada 10 provincias el promedio de días de permanencia en una comisaría supera los 100 días, en contraposición con la idea de que las personas ingresan y egresan continuamente de las comisarías.
Fotos: Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad (MLPT) y Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los establecimientos policiales no están diseñados para el alojamiento permanente de detenidos. Pese a eso, según los datos recabados por la CNPT, la gran mayoría de provincias utiliza las comisarías para la detención prolongada o permanente de personas. El promedio de Argentina es de 215 días de detención en comisarías, aproximadamente 7 meses. Este número se eleva en provincias como Santa Cruz, La Pampa o Chaco a más de 500 días (más de un año entero). Mientras que en solo cuatro provincias (Mendoza, Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego) el promedio se encuentra por debajo de los 10 días.
Estas y otras decisiones judiciales evidencian la importancia de que jueces y juezas tomen un rol activo en el control de las condiciones de detención de las personas. No se pretende que los jueces penales resuelvan todos los problemas del sistema penitenciario, sino que prohíban su expresión más extrema e ilegal: la detención en situaciones tortuosas en establecimientos no habilitado.