Por Patricia Coppola**

Los enormes esfuerzos que han llevado adelante los procesos de reforma judicial a partir de los 80´, no tuvieron una agenda clara de medidas destinadas a reducir los obstáculos de acceso a la justicia. Si bien siempre se presenta como un objetivo central, poco se ha avanzado en esa dirección.

Las reformas no han apuntado claramente al rol a desempeñar por los abogados y abogadas que trabajan en sede judicial y mucho menos a los que desarrollan su profesión en otros ámbitos. En general, siempre hubo que lidiar con los Colegios de Abogados, sobre todo en las reformas procesales civiles, ya que temen que un sistema procesal más eficiente pueda dañar al gremio que representan. La idea que los intereses de los abogadxs no estén del mismo lado de la satisfacción de los intereses de la comunidad, contribuye a justificar su “mala prensa”.

La abogacía siempre ha estado íntimamente ligada a ciertos valores. Para la tradición inquisitorial el abogado, portador de una alta moralidad, se considera como una suerte de auxiliar del juez en la búsqueda de la justicia. Para otros, es considerado una suerte de “adalid” de la defensa de los derechos individuales en contra de los avances del Estado, o bien se asocia el ideal del abogadx con el defensor de las causas de los más desfavorecidos.

La idea que los intereses de los abogadxs no estén del mismo lado de la satisfacción de los intereses de la comunidad, contribuye a justificar su “mala prensa”.

¿Cuáles son o debieran ser los valores que configuran el ejercicio profesional? ¿Cuáles son los valores que guían el ejercicio profesional de las nuevas generaciones?

Es claro que no existe un modo uniforme de ejercicio de la abogacía y ello no es sólo un problema de los valores asociados o de especialización, sino de las diversas maneras de relacionamiento con las necesidades jurídicas de la población. En ese sentido, sabemos muy poco acerca de lo que efectivamente hacen y qué funciones desempeñan en el sistema jurídico la gran cantidad de personas que salen de nuestras Escuelas de Leyes con el título habilitante de abogado o abogada.

En nuestro país los que se han dedicado y se dedican a la defensa de los derechos humanos, sin duda cuentan con una especial consideración en relación a su compromiso con estas causas. En ese sentido, la sociedad contemporánea nos enfrenta con nuevos temas y movimientos de variada naturaleza:  las cuestiones de género libran  batallas legales de gran magnitud; la defensa de los trabajadores informales ha impactado sobre el modelo clásico del abogado laboralista; los derechos de libertad de expresión e información en el entorno digital; la controversia sobre el aborto legal; la defensa del medio ambiente; la defensa de los derechos de las personas no humanas o de los derechos de la naturaleza; los derechos de los pueblos originarios, entre tantos otros, reclaman que sus perspectivas sean incorporadas al ejercicio de cualquier forma de la abogacía.

Así, el mundo de los abogadxs vinculado a la defensa de los derechos humanos ya no puede ser comprendido desde sus patrones clásicos, sino que se ha ramificado a muchos otros campos, donde el sustrato ideológico, político y social es también muy variado. Y, seguramente, la fortaleza de estos nuevos derechos dependerá en gran parte del éxito de los litigios y, por ende, de la actuación profesional de los abogados y abogadas.

El mundo de los abogadxs vinculado a la defensa de los derechos humanos ya no puede ser comprendido desde sus patrones clásicos.

No resulta descabellado afirmar que estamos muy lejos de formar abogadxs a la altura de las necesidades sociales más relevantes. Basta una mirada a los planes de estudio de las Escuelas de Leyes más grandes del país, para concluir que no se está pensando en profesionales capaces de contribuir al acceso a la justicia y mucho menos a mejorar la calidad democrática de nuestra sociedad, como dotar de seguridad jurídica a las relaciones sociales o estabilizar las reglas institucionales de los procesos políticos. Por cierto, toda sociedad cuenta con sus héroes morales, pero para contribuir a su calidad democrática, lo que se exige son profesionales que, desde el lugar en que se desempeñen, sean capaces de prestar servicios jurídicos de calidad a todxs los ciudadanxs.

Si admitimos la relevancia del rol de la abogacía y del acceso a la justicia en la construcción de la democracia, se debiera prescindir de aquellos abogadxs que no estén a la altura de sus demandas más básicas. Sin vueltas.

* (Calamandrei (2009: 86) citando a Bagot 1912).

**Patricia Coppola es integrante de la Junta Directiva del Inecip.