El Programa Estado de la Nación (PEN) publicó su nuevo informe “Estado de la Justicia de Costa Rica”. El PEN es un centro de investigación participativa y de innovación para la promoción del desarrollo humano sostenible que pertenece al Consejo Nacional de Rectores, entidad que agrupa a las cinco universidades públicas de Costa Rica.
El informe “Estado de la Justicia” se presenta como una herramienta de rendición de cuentas acerca del desempeño del Poder Judicial, entendiendo que éste constituye uno de los pilares de la democracia costarricense. Se trata de una participativa, conducida por Evelyn Villarreal Fernández, que combina un abordaje multidisciplinario para el análisis de la investigación de la información y el procesamiento de datos sobre aspectos claves de la administración de justicia. El informe tiene por fin colaborar con la toma de decisiones al interior del poder judicial en el marco del Convenio entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores-Programa Estado de la Nación. A la fecha se han publicado ya dos informes.
El nuevo informe del Estado de la Justicia, se desarrolló en el marco de un contexto político y social de crecientes cuestionamientos al Poder Judicial, tanto por parte del Poder Ejecutivo como por parte de la ciudadanía. El informe Estado de la Justicia sostiene que el Poder Ejecutivo ha utilizado “su poder del megáfono para atacar continuamente al Poder Judicial” (pág.28), es decir por medio de la comunicación de narrativas sobre el estado del país y la situación gubernamental.
La crítica ciudadana generalizada de la que el informe da cuenta es un aspecto especialmente preocupante, en la medida en que, como sostienen los y las autoras, “las actitudes ciudadanas hacia el Poder Judicial pueden ayudar a defender la existencia de un Estado democrático de derecho o, por el contrario, pueden crear un entorno que facilite su erosión” (pág.34). En esta lógica, el fuerte cuestionamiento a la legitimidad del Poder Judicial conlleva el riesgo cierto de erosionar su independencia y convertirlo en una herramienta al servicio de algunos actores políticos.
El cuestionamiento al Poder Judicial se vincula con la mirada que la sociedad tiene de su capacidad para atender a las demandas sociales de manera eficaz y eficiente. En este sentido, el informe da cuenta de las dificultades que atraviesa el Poder Judicial para “satisfacer el principio de justicia pronta, cumplido e igualitaria para todas las personas” (pág.38). Así se sostiene que se ha identificado poco avance en los indicadores de eficiencia institucional, y que se han detectado fuertes asimetrías en las respuestas a los distintos grupos sociales. Un punto especialmente problemático es que la capacidad de respuesta institucional ha evolucionado más lento que la demanda, lo que ha producido una acumulación de casos pendientes que se agrava con el ingreso de los nuevos. Según se desprende del estudio, en el año 2023 se registraron 718.257 casos en trámite, lo que representa un caso cada 7,1 personas considerando la densidad poblacional del país. La materia penal fue la que registró la tasa de litigiosidad más alta del período 2018-2023, con 3.613 casos por cada 100.000 habitantes. Atendiendo a este escenario, el informe sostiene que de no mediar “cambios significativos en los procesos y niveles de eficiencia” (pág.38), los problemas detectados se incrementarán y, con ellos, la incapacidad del Poder Judicial para dar respuesta a los conflictos que se le demandan.
Dentro de los principales factores que contribuyen a limitar la capacidad del Poder Judicial para desarrollar innovaciones institucionales, que le permitirá “mover la aguja en materia de la justicia pronta y cumplida” (pág.49), el informe identifica a la gobernanza . Entendida en los términos en los que lo hace la CEPAL, como “las relaciones entre entre los diversos actores involucrados en decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público (Naser, 2021; Whittingham, 2010)”. En el caso de Costa Rica, la gobernanza incluye a la Corte Suprema ‒una poderosa instancia que reúne las máximas competencias gubernamentales, jurisdiccionales y de gestión‒, ya otras instancias que “intervienen en el diseño, adopción e implementación de las decisiones atinentes a la gestión del conglomerado institucional” (pág.49). El mayor problema señalado en este punto, es la orientación del trabajo del gobierno judicial, enfocado en asuntos administrativos antes que en la supervisión del cumplimiento de las políticas. Como bien sostienen los y las autoras, para cumplir con las funciones de gobierno, “una condición básica indispensable es contar con el tiempo necesario” (pág.55). La estructura cortecéntrica de la administración constituye en esta línea el principal obstáculo para el gobierno judicial. Es por ello que desde el informe Estado de la Justicia se concluye que es necesario que la Corte Suprema de Justicia retome las propuestas para una mayor descentralización, principalmente de las instancias de gerencia y administración. En este sentido, la concentración de funciones administrativas en la Corte resulta bien problemática, en la medida que la distrae de su función principal: resolver jurisdiccionalmente los casos que tiene bajo estudio.
El informe analiza también los desafíos vinculados con la gestión de los recursos humanos del Poder Judicial. Así se revisaron no sólo los procesos de reclutamiento y nombramiento, también las actividades de capacitación y la aplicación del régimen disciplinario. Cada uno de estos aspectos fue medido a partir de variables e indicadores concretos: “i) la mejora en la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos judiciales; ii) la mejora en el perfil de los nombramientos de personal y la reducción de los costos del proceso; iii) la ampliación de la oferta, la cobertura y la calidad de las actividades de capacitación y formación continua; y iv) el fortalecimiento de la aplicación del régimen disciplinario y su gestión de la información” (pág.76).
Así, a partir del análisis de indicadores claves, el informe ofrece un panorama general de la evolución y el efecto de la gestión administrativa en pos de garantizar una justicia eficaz y de calidad. En definitiva, la capacidad de respuesta del Poder Judicial es vista como un aspecto neurálgico para su legitimidad.