El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentaron una carta al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para hacerle llegar la preocupación por la reciente modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la provincia ya que conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía de ambas instituciones.

A su vez, se le solicitó que tenga a bien estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales de vetar dicha reforma.

La modificación, que fue aprobada en una sesión “express” por la Legislatura provincial, establece el desplazamiento del poder disciplinario de los Fiscales y Defensores Públicos a la órbita del Poder Legislativo. En este marco, ambas organizaciones señalaron el retroceso que implica sancionar una modificación de forma apresurada y sin debate cuando las leyes orgánicas habían sido diseñadas, discutidas y consensuadas durante casi dos años, en un esfuerzo conjunto de los tres poderes del Estado santafesino y la sociedad civil (instituciones especializadas, colegios de abogados, asociaciones profesionales, etc.).

En relación específica a la nueva norma , las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los Fiscales y Defensores en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica y funcional. La reforma de la ley elimina el procedimiento disciplinario, y establece que la remoción de fiscales y defensores se realice mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Esto constituye un problema en términos de independencia, ya que los fiscales podrían ser removidos por una mayoría política circunstancial. Asimismo, la ley no prevé un procedimiento disciplinario que permita una valoración razonada de las pruebas y una decisión fundada.

Consideramos que cualquier reforma del sistema de remoción de magistrados debe ser respetuoso del principio de legalidad de las conductas castigadas y sus sanciones, estableciendo un proceso que garantice la transparencia, el derecho de defensa, la fundamentación de las decisiones y que permita el control judicial posterior.

Por otra parte, más allá de las consideraciones vertidas, las reformas de la ley contrarían las recomendaciones de Naciones Unidas en la materia.

Finalmente, Acij e Inecip señalaron que esta reforma legislativa genera aún una mayor preocupación al darse en un contexto de cuestionamientos por parte de legisladores provinciales a
investigaciones llevadas adelante por fiscales de la provincia. Es necesario advertir que esta reforma, al facilitar el procedimiento de remoción y ponerlo en cabeza de la Legislatura de la
Provincia, puede tener como efecto desalentar a los fiscales a investigar en causas que pudieran
incomodar al poder político.

Nota de interés sobre el tema, ver acá.