Trata de personas

Procesan a cinco empresarios textiles por trata de personas y reducción a la servidumbre

Por primera vez se considera responsabilizar penalmente a los dueños de las marcas involucradas.

4 Sep 2014

Están imputados de formar parte de una cadena de producción que explotaba laboralmente y mantenía en condiciones insalubres, en tres talleres clandestinos, a cincuenta y siete personas.
El dictamen del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, el juez Ariel Lijo, recayó sobre Silvia Bollada, Silvio D’Amore, presidente y accionista de Vidatex SA, empresa que tercerizaba la producción de Narrow, Aldo Mario Rodríguez, presidente de Indu Jeans SA, M51, Yim Chang Yul, titular de la marca Berry Blue y Rodrigo Garro, socio gerente de Hermanos Garro SRL, Zurah Jeans. Todos estos procesados en calidad de partícipes necesarios de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país, a su vez a Alberto Choquetarqui Marca se lo consideró coautor de esos delitos. Entre los talleristas hay 6 coautores (Juan Carlos Quispe, Wilma Chacolla Marca, Valentin Mamani Lecoña, Graciela Choquetarqui Catari, Virginia Mamani Lecoña y Alberto Choquetarqui Catari), y 3 partícipes necesarios (Efrain Serrano Mamani, Santos Alcón Huanacuni, Agustín García Alvarez).
La investigación se produjo a raíz de que AFIP, en una fiscalización en Abril del año pasado, descubrió uno de los talleres clandestinos ubicado en Parque Chacabuco, en este se ocultaban trabajadores sometidos a jornadas laborales de más de 12 horas, todo en precarias condiciones de salubridad, seguridad e higiene.  Ante la gravedad de la situación se dio intervención al Juzgado de turno, el que ordenó el allanamiento de  tres talleres de similares características: en total cincuenta y siete personas en condición de explotación laboral fueron encontradas, la mayoría proveniente de Bolivia.
La AFIP, en calidad de querellante, manifestó en la causa que los procesados se beneficiaron económicamente trabajando con estos talleres ya que la erogación destinada a mano de obra fue considerablemente menor a la que se necesita para mantener un taller legal con los empleados debidamente registrados. El perjuicio fiscal es del orden de los $ 4 millones.
AFIP suspendió preventivamente la CUITde los cinco empresarios textiles, de esta formase se los inhibe para realizar operaciones comerciales de cualquier índole, incluidas las bancarias.
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