“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Esto dice nuestra Constitución. Y sin embargo, además de tener cárceles que no son ni sanas ni limpias, tenemos miles de personas encerradas en calabozos de comisarías. Lugares de encierro atroces que no permiten cumplir las finalidades de las penas y de los que nadie puede salir mejor de lo que entró.
Pero la norma constitucional no termina allí: sigue diciendo “…y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18, C.N.). De esto trata este trabajo.
En el marco de la Campaña No más presos en comisarías, presentamos el Ránking provincial de personas encerradas en comisarías, que se propone alertar sobre la gravedad de esta situación ilegal. Este ranking busca mostrar la cantidad de personas privadas de su libertad alojadas en dependencias policiales en cada provincia argentina, en relación al total de personas encerradas por los sistemas de justicia de cada una de esas provincias.
Al 31 de diciembre de 2022 (último relevamiento nacional disponible), más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas. Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías.
Cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite, desentendiendose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio, y muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez/a.
Si bien este ránking es un primer paso hacia el estudio de la problemática, no por ello es suficiente. Es primordial continuar exigiendo mayor conocimiento al respecto, en tanto que la información clara, veraz y transparente condiciona la realización de políticas públicas de calidad y constituye un pilar fundamental para la democracia.
Esta publicación se enmarca en una serie de micro-investigaciones realizadas por el INECIP que se proponen identificar un indicador que sea representativo de algún problema neurálgico de la justicia penal. La intención no es otra que colaborar con la identificación de problemas, como paso indispensable para su abordaje por parte de las instituciones democráticas.