Tres casos diferentes que actualmente están al centro de la agenda pública versan en diferente medida sobre los servicios de inteligencia. En el plano internacional, el caso Snowden provocó múltiples reacciones al revelarse que gobierno de los Estados Unidos practicó espionaje masivo en varios países, Argentina incluida, y sobre millones de ciudadanos alrededor del mundo. En nuestro país, César Milani, hasta el momento Director de Inteligencia del Ejército, fue nombrado por decisión presidencial Jefe del Ejército Argentino y fue objeto de serios cuestionamientos en relación a su rol durante la dictadura militar y el llamado Operativo Independencia. Asimsimo, la muerte de un agente de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante un allanamiento de la Policía Bonaerense en el marco de una investigación sobre narcotráfico generó sospechas sobre diferencias internas en el seno de la Secretaría.
La dimensión de estos hechos demuestra la importancia de realizar un ejercicio prácticamente inédito desde el retorno de la democracia: debatir con profundidad y seriedad sobre el rol que los organismos de inteligencia deben cumplir en un Estado democrático. Desde la Iniciativa Ciudadana por el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) entendemos que resulta imperioso poner en debate el estado actual del sistema de inteligencia y el funcionamiento de los mecanismos de control existentes. La falta de control adecuado de los mecanismos de inteligencia es una deuda histórica de nuestra democracia que la ley Nacional de Inteligencia no ha saldado. Es normal ver en nuestro país cómo, de manera periódica, salen a la luz casos de abusos que violan los derechos de los ciudadanos. Por ello, es imprescindible impulsar un proceso de profesionalización y especialización del sistema y su personal, de generación de mecanismos de protección de los derechos humanos y de la privacidad de los ciudadanos con el objeto de prevenir potenciales abusos. Asimismo, resulta imprescindible fortalecer los mecanismos de control existentes en los tres poderes del Estado y establecer mecanismos que permitan el control ciudadano.
Desde la ICCSI reclamamos que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia actué de acuerdo a las facultades que la legislación vigente le confiere y rinda cuentas a la sociedad sobre su rol como fiscalizador y contralor de las actividades de inteligencia, así como sobre su labor parlamentaria cotidiana. Existen, en este sentido, fundadas dudas sobre su correcto funcionamiento. En efecto, en diciembre de 2012 las organizaciones que conformamos la ICCSI, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), hemos enviado un pedido de información pública a la presidencia de la Comisión Bicameral que no sólo no fue contestado sino que fue reiterado en dos oportunidades durante el presente año. Aún aguardamos una respuesta.
Desde ICCSI entendemos que estamos en un momento propicio para generar un debate público, permanente y duradero en torno a la necesidad de impulsar reformas profundas en un sector sumamente postergado por los distintos gobiernos democráticos, que incluya a todos los sectores políticos, a expertos y a la sociedad civil.