El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) desarrolló el pasado jueves la mesa de trabajo legislativo sobre violencias de género y armas de fuego en el marco del proyecto “Prevenir la violencia de género ejercida con armas de fuego”, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación.
Participaron de la reunión Sigrid Kunath (senadora nacional, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Cámara Alta), quien participó de la co-organización del evento; Gabriela Burgos (diputada nacional, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados); Margarita Stolbizer (presidenta del Partido GEN y ex diputada nacional); Ana Copes (Coordinadora del Comité contra la Trata y Explotación de Personas, Secretaria General de la Junta Nacional del PDP y ex diputada nacional); Fernanda Gil Lozano (parlamentaria del MERCOSUR y ex diputada nacional); Sidonie Porterie (miembro de la Junta Directiva del INECIP) y Julián Alfie (coordinador del INECIP). Estuvieron presentes, asimismo, asesores/as de legisladores/as nacionales de distintos bloques políticos.
La actividad comenzó con la presentación de los resultados de la investigación realizada por el INECIP. Sidonie Porterie señaló que: “La investigación hizo foco en los efectos de la tenencia y portación de armas de fuego sobre los femicidios, los suicidios de mujeres, los homicidios y las amenazas”. Entre otras cuestiones, manifestó que el 99 por ciento de los usuarios registrados de armas de fuego son hombres, mientras que 1 de cada 4 femicidios se produce con un arma de fuego. En ese sentido, sostuvo que “el Estado podría y debería intervenir”.
Julián Alfie, por su parte, expuso sobre los cuatro ejes de reformas legislativas que se han trabajado en otros países: la restricción del acceso a las armas de fuego por parte de potenciales agresores, las limitaciones de los usos de las armas, la capacidad de intervención del Estado ante un caso de violencia de género en donde se identifica la presencia de armas en el entorno y la regulación del acceso a las armas por parte del personal de fuerzas de seguridad denunciado por violencia de género. Entre otros ejemplos, señaló que no alcanza con solicitar la inexistencia de antecedentes penales para autorizar a un potencial usuario, como exige la legislación actual en nuestro país, ya que pocos casos de violencia de género llegan a condenas. “En otros países se revisa la existencia de denuncias (aún cuando no hayan llegado a condena) e incluso se entrevista a la cónyuge o al grupo familiar”, agregó.
Luego, la senadora Sigrid Kunath señaló la relevancia de este tipo de iniciativas por parte de la sociedad civil. También detalló tres de los proyectos relativos a la tenencia de armas de fuego y la violencia de género. “Hemos vuelto a presentar el proyecto que propone la quita del arma reglamentaria para agentes de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas o policiales que hayan sido denunciados por violencia de género, violencia contra las mujeres o violencia familiar”, dijo. Uno de ellos “es un proyecto cuya mirada pretende prevenir el femicidio o las lesiones que un arma de fuego pudiera ocasionar y lo que pretendemos es la modificación de la Ley 26.485 y la Ley 24.417, estableciendo que frente a la denuncia de violencia de género de un agente de estas fuerzas, la quita del arma no sea facultativa para la autoridad judicial sino que sea obligatoria; que sea el mismo Estado quien tenga a su cargo quitarles el arma porque fue el propio Estado quien se las otorgó”, explicó.
Margarita Stolbizer describió el proyecto sobre esta materia del que fue autora, el cual “busca prevenir, haciendo un control previo y exhaustivo sobre las aptitudes psicosociales de la persona que va a solicitar una autorización y el relevamiento de todos los datos existentes”. En ese sentido, señaló: “El riesgo latente que implica el arma de fuego. Cuando existe un arma de fuego en un hogar no sólo hay riesgo de accidentes, sino que también implica una amenaza para la mujer saber que existe un arma en el placard. Eso sólo ya es disuasorio de cualquier intento de la mujer de pelear por igualdad, por derechos y, sobre todo, de realizar una denuncia”.
Fernanda Gil Lozano comentó que, como parlamentaria del MERCOSUR, “tenemos mucho para trabajar a nivel regional. Esto no debe quedar en nuestro país, sino que es necesaria una contención de nuestros países hermanos”. Asimismo, felicitó la investigación realizada “porque da la idea de la peligrosidad que significa un arma y el disciplinamiento que implica para las mujeres saber que su marido tiene un arma. Debe haber una educación para la paz, para la no violencia, que debe servir para corregir las reacciones violentas”.
La diputada Gabriela Burgos manifestó que: “Esa relación entre violencia de género y tenencia de armas, que a veces parece tan obvio, es algo que no había relacionado. Agradezco que me hayan abierto un poco más la cabeza. Estos espacios generan la posibilidad de poder hacer estas relaciones y sirven para generar redes y para seguir trabajando en esto”. Por último, sostuvo que quedo a disposición para seguir trabajando el tema en la Comisión de Legislación Penal.
Por último, Ana Copes expresó que “los imaginarios son mecanismos de regulación sobre los cuerpos. Lo que empieza en el discurso termina reflejado en los cuerpos. La violencia es un espiral descendiente que se alimenta lo que dice combatir, y si hay un símbolo para eso es el arma. Hay mucho por hacer en la educación y en la legislación”.
