Análisis Político Criminal

Sobre el camino de la declaración de emergencia y su práctica legitimadora de linchamientos

El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia emitió un comunicado interesante acerca de las medidas tomadas por el gobernador bonaerense Daniel Scioli.

10 Abr 2014

Comunicado Ilsed

Las medidas que el gobernador Scioli ha anunciado en provincia de Buenos Aires son más políticas de castigo y mano dura que representan la continuidad de la política de seguridad que la provincia mantiene desde hace años. Lejos de ser medidas innovadoras, lejos de una acción de emergencia, lejos de un plan integral, solamente se asiste al anuncio vociferante de medidas que han sido hartamente superadas en el mundo por derivar en graves abusos del Estado, por ser esencialmente violentas y antidemocráticas, y que además han probado ser ineficientes en la tarea de prevención y control del delito.

Por eso, es imperioso que el conjunto de la sociedad comprenda que velar por la seguridad ciudadana –en tanto condición fundamental para el pleno goce de derechos y libertades- supone desarrollar políticas públicas tendientes a reducir las condiciones de reproducción del delito, la violencia y la “inseguridad”; no a fomentar los abusos de poder y la violencia. Esto implica comprender que la violencia y el delito no son entelequias ni reducciones clasistas, sino por el contrario, son el emergente de economías criminales que configuran gran conflictividad social, por un lado, y las condiciones de reproducción y permanencia de negocios ilegales de alta rentabilidad para los dueños de las ganancias, por otro. Definido el problema, es muy difícil comprender que más jóvenes, pobres, presos sin condena firme y sin salida posible frente a la práctica represiva del Estado gendarme, sea una decisión política que algo tenga que ver con atender los verdaderos emergentes de una criminalidad estructural.

En este sentido, denunciamos que la política de mano dura que se empieza a colar en la agenda actual, busca justificar la presencia de un Estado gendarme en pos de garantizar la reconstitución presupuestaria de las fuerzas de seguridad y de las viejas funciones de preservación del “orden”, escondiendo los consensos doctrinarios de construcción del “enemigo nacional”, que no han dejado de operar en quienes reclaman la intervención de las Fuerzas Armadas en el “combate” a la delincuencia, con el fin de expiar la inseguridad de unos a costa de producir la inseguridad de los otros.

En contraposición a los avances de los últimos años, a partir de la decisión gubernamental de sentar nuevas bases institucionales a nivel nacional desde donde superar al modelo tradicional de delegación del gobierno de la seguridad, vemos con preocupación que no se comprenda que la consolidación de los avances de una seguridad ciudadana democrática es la garantía de un programa de prevención y control del delito no escindido de una política plural e inclusiva, en beneficio y prosecución de mayores niveles de igualdad y desarrollo humano.

Reclamamos, en consecuencia, por la responsabilidad histórica de la clase política para fijar políticas públicas respetuosas de las conquistas democráticas, la apertura de un debate social y plural serio en la materia, y repudiamos enérgicamente:

* La militarización de la política de seguridad ciudadana a partir del progresivo corrimiento de los límites legales para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, y su efecto: el coqueteo con el no deslinde de competencias en la materia, capitalizando electoralmente el interés de los sectores de defensa y seguridad en el engrosamiento de sus presupuestos y competencias para el supuesto “combate” al narcotráfico. Es fundamental comprender que la única presencia del Estado posible en la persecución del delito complejo depende de la decisión política de investigar las tramas de mercado, connivencia y corrupción del negocio, en detrimento de los esquemas de regulación y enriquecimiento ilícito en la materia.

* La progresiva policialización de las políticas de seguridad ciudadana a través de la implementación de estrategias de saturación policial destinadas al control social y criminalización general de la población y el fortalecimiento de las medidas de privación de libertad y encierro como respuestas totales a los problemas de seguridad. Por el contrario, la identificación y puesta en marcha de un amplio conjunto de políticas de carácter preventivo orientadas a la gestión de los niveles de conflictividad social y a la reducción de las condiciones de reproducción del fenómeno criminal, tiene por fin, superar el paradigma de la mera actuación sobre la emergencia del fenómeno para atender los problemas estructurales de fondo.

* La continuidad ideológica entre los acuerdos espurios de diciembre pasado y la devolución de la calle al poder a la policía, cuando la legitimidad de la demanda salarial debía convocar a las autoridades políticas a sentar nuevas pautas de profesionalización policial pero también de democratización de la institución y conducción política.

* La “declaración de la emergencia” en la Provincia de Buenos Aires sólo con medidas de corte punitivo tiene por fin justificar el irresponsable re empadronamiento de una de las fuerzas policiales con mayor injerencia en las prácticas predatorias de la violencia policial y de la regulación del delito.

* El uso oportunista del proyecto de creación de Policías Municipales, que lejos de ser un recurso de engrosamiento de las filas policiales bonaerenses, como pretende la emergencia provincial forzar, debe ser una vía para el ejercicio del gobierno político local de la seguridad que contrarreste las viejas prácticas policiales con lamentable historia en la Provincia de Buenos Aires. La necesidad de contar con policías locales como instrumentos de gestión no puede soslayar la necesidad de reformas las policías actuales.

* Finalmente, el doble discurso para definir los problemas de seguridad y el incierto futuro del rumbo de las políticas de seguridad ciudadana frente a las mismas advenedizas retoricas de siempre.

Exigimos a la clase política en su totalidad, fijar acuerdos y límites democráticos para la discusión de la política de seguridad ciudadana, en beneficio de la consecución de criterios de prevención del delito y la violencia ajustados a derecho, racionales y respetuosos de los derechos humanos.

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