Por Ángel Alberto González

Se desconoce el significado exacto de “Tucumán”, palabra en lengua cacana hoy desaparecida. Pero Tucumán remite en el imaginario colectivo a insumisión y rebelión. Nuestros antepasados, los indios diaguita-calchaquíes, opusieron una tenaz resistencia al conquistador español durante cien años. En el siglo XIX, Tucumán fue escenario de decisivas batallas por la independencia y luego sede del congreso que la declaró. En el siglo XX, tuvieron lugar revueltas contra los gobiernos militares que atentaron contra la democracia. Sin embargo, durante las últimas décadas, lejos de esa tradición libertaria, puede observarse una sostenida degradación de las instituciones republicanas ante la mirada pasiva cuando no cómplice de las instituciones y fuerzas sociales llamadas a garantizar la convivencia democrática.

Esta es la historia: luego de una década de intentos fallidos, un nuevo y moderno código procesal penal se implementó en septiembre de 2020. El mismo día en que el nuevo código entraba en vigencia, un juez penal de cámara de apelaciones, Enrique Pedicone, denunció a un juez de la corte suprema provincial, Daniel Leiva, a quien acusó de presionarlo, en nombre del gobernador y del vicegobernador, para que “manejara la intensidad” en una causa penal que involucraba a Ricardo Bussi, un legislador acusado de abuso sexual. Como no era la primera vez que el juez de cámara era presionado por el juez de la corte, aquel grabó la conversación para acreditar el ilícito y lo denunció.

Tuvo entonces la justicia tucumana la oportunidad de demostrar las virtudes de las nuevas reglas para el litigio: escuchar a las partes en audiencia pública y resolver de cara a la comunidad. La justicia, en cambio, demostró lo que es: una maquinaria de gestionar los intereses de grupos de poder. Mediante artilugios leguleyos, el Ministerio Público Fiscal imprimió a la denuncia el trámite escrito y secreto del viejo código sin celebrar jamás una audiencia, y denegó el rol de querellante a una ONG y al propio denunciante. Pero lo más grave y flagrantemente contrario a la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional es que la fiscala regional jamás aceptó siquiera “incorporar a la causa” el registro de audio en que se escucha al juez de corte presionando al de apelaciones en una mesa de café, y decidió su exclusión probatoria sin haberlo escuchado siquiera, aduciendo la violación de la intimidad del juez supremo. Todo ello convalidado por un juez de garantías que acaba de jubilarse señalado por pisar causas y cercanía al poder. Pero los audios existen, han circulado por las redes y pueden ser escuchados en Internet. El propio juez denunciado reconoció su existencia, aunque afirma que fueron “editados y descontextualizados”, pero sin haberse sometido a una investigación que corrobore su versión; lo cual explica la conmoción social frente a un delito probado pero encubierto por los propios órganos encargados de juzgarlo.

La justicia, en cambio, demostró lo que es: una maquinaria de gestionar los intereses de grupos de poder.

¿Cómo termina esta historia? Termina con el juez denunciante destituido y el denunciado continúa ocupando su sillón de Vocal de Corte, sin haber sufrido reproche penal, ni disciplinario, ni político.

Eso sí, hay que destacar la celeridad del Poder Legislativo que en menos de tres meses acusó, juzgó y destituyó al juez Pedicone, no sin antes haber rechazado todos los pedidos de juicio político en contra del juez Leiva. Claro que el proceso no fue del todo justo (se cercenó el derecho hacer comparecer testigos de descargo, las sesiones no fueron públicas y no todos los jueces presenciaron la producción de prueba) pero eso es lo de menos, hicieron su trabajo rápido. Una verdadera lección de celeridad para el Poder Judicial, que en nueve meses todavía no logra conformar un tribunal de impugnación que se anime a revisar la exclusión de los -inauditos- registros de audio. A muchos les resulta obvio que no haya jueces en la provincia que se animen a fallar en un caso que les puede costar la carrera.

Pero el campo de la justicia penal no se circunscribe solo a jueces y fiscales sino que abarca al amplio espectro de la abogacía, lo cual comprende fundamentalmente a las facultades de derecho y a las entidades intermedias que nuclean a los diferentes estamentos. En Tucumán hay tres universidades, pero ninguna se pronunció sobre este caso que conmocionó a la ciudadanía; ni al conocerse los audios, ni cuando fue destituido Pedicone. Tampoco lo hicieron las facultades de derecho de esas universidades (a pesar de que Pedicone es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, UNT), ni las cátedras en las que se enseña lo que es el delito y cómo se prueba. Sugestivamente, en la Facultad de Derecho de la universidad pública se cancelaron -sin explicación- dos foros de discusión en los que se pretendía tocar el tema de la independencia del Poder Judicial.

Los colegios de abogados exhibieron una actitud tibia y del todo insuficiente. Se escucharon algunas voces críticas más bien a título personal, como si la evidencia del tráfico de influencias que hace tabla rasa con la independencia del Poder Judicial no fuera un problema institucional que los afecta directamente.

Finalmente, nos toca hablar del rol de las entidades intermedias: el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. Los colegios de abogados exhibieron una actitud tibia y del todo insuficiente. Se escucharon algunas voces críticas más bien a título personal, como si la evidencia del tráfico de influencias que hace tabla rasa con la independencia del Poder Judicial no fuera un problema institucional que los afecta directamente. También parecen ajenos los colegios al hecho de que algunos de los estudios más importantes de la provincia facilitaron la decapitación de Pedicone presentando algunas de las denuncias por las que luego fue destituido, a la vez que denunciaban a periodistas que investigaban el caso. En cuanto a la Asociación de Magistrados, no hay mucho que decir ya que desde el comienzo ha guardado un silencio absoluto, inclusive cuando destituyeron a uno de sus asociados.

La contracara de esa aceitada estructura de tráfico de influencias es la supina ineficacia en la persecución del delito y el maltrato a las víctimas, responsabilidad primordial del MPF. Prueba de ello son la desaparición de Marita Veron y el asesinato de Paulina Lebbos; o actualmente el femicidio de Paola Tacacho, una profesora de inglés que denunció 13 veces a su asesino, o la multiplicación de casos de linchamiento frente a delitos aberrantes como el del ejecutado Antonio Guaymás.

La contracara de esa aceitada estructura de tráfico de influencias es la supina ineficacia en la persecución del delito y el maltrato a las víctimas.

El choque entre un nuevo código (que es un intento de abandonar un modo de juzgamiento y organización oscuro y arbitrario) y un caso de corrupción que involucra a los tres poderes desnuda la configuración del campo de la justicia penal sostenida por tres actores: los tribunales, la academia y la abogacía particular. Cuando la justicia tiene que investigar al poder, todos miran para otro lado porque prefieren preservar el statu quo que garantiza sus intereses y sus carreras.

El laberinto de degradación de las instituciones republicanas es una servidumbre a la que nos hemos sometido nosotros mismos. Esta vez no hay agentes externos a los que culpar de nuestros males.

Ángel Alberto González es abogado por la UNT, investigador y capacitador del INECIP.