La Red Argentina para el Desarme (RAD) denuncia públicamente la maniobra urdida por el Poder Ejecutivo Nacional para incumplir con lo que dicta la Ley Nº 27.192, que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR), con el fin de dotar al Estado de las herramientas necesarias para la gestión eficiente de las políticas de control de armas de fuego a nivel nacional.

La Ley Nº 27.192 fue sancionada en octubre del año 2015 con el rotundo apoyo de todos los bloques parlamentarios y aún sigue pendiente la reglamentación que permita la plena entrada en vigencia de la norma. Llama poderosamente nuestra atención que el compromiso con el control de las armas de fuego manifestado por una mayoría rotunda en el Congreso Nacional, de la cual el partido de gobierno fuera parte, hoy no se vea reflejado en medidas concretas del PEN para la puesta en marcha de la ley.

Nos preocupa enormemente el incumplimiento no sólo de los plazos para la puesta en funcionamiento de la ANMaC y también que lo único que se haya hecho hasta la fecha sea un enroque del sujeto a cargo del Ente Cooperador, históricamente en cabeza de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (AICACYP) en flagrante conflicto de interés con el Estado, por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Este hecho representa una grave violación a la ley de creación de la ANMaC, que expresamente deroga la ley 23.979, de contratación técnica y financiera para la modernización del Registro Nacional de Armas, en beneficio del otorgamiento de la autarquía económica financiera y los controles pertinentes del Estado. Abona también nuestra preocupación, la exclusión de la partida presupuestaria para el ANMaC del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, presentado recientemente ante el Congreso de la Nación.

A través de estas maniobras, el Gobierno desnaturalizó la ley que creó la ANMaC, le quitó el presupuesto propio al organismo y dejó su financiamiento librado a la venta de permisos para tener armas. Es absolutamente necesario dotar a la Agencia de un sistema de financiamiento que le permita ejercer una verdadera política de control y no un mero cambio de actores. Al día de hoy aún no se ha modificado la arcaica estructura del ex-RENAR, incompatible con las funciones propias de una agencia estatal encargada de disminuir las consecuencias de la violencia armada en nuestra sociedad.

Para agravar el panorama, la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue recientemente sancionada el pasado 28 de septiembre, por un nuevo plazo de ejecución a partir del 1° de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017. Tras por lo menos casi 10 meses de mora en el tratamiento de la prórroga, el desinterés del Poder Ejecutivo, sumado a la desidia del Congreso, provocaron la pérdida de casi un año de vigencia de la entrega voluntaria de armas, plan que, de haber estado vigente como correspondía, pudo haber salvado a miles de víctimas de la violencia armada.

En definitiva, nos preocupa que mientras 8 personas mueren por día a causa de la violencia armada, el Estado argentino manifiesta un grave y flagrante retraso en el control de la proliferación de armas de fuego y la prevención de los riesgos relacionados.

Para más información: redparaeldesarme@gmail.com o por teléfono al 4372-4970.

RED ARGENTINA PARA EL DESARME