En un Estado democrático de derecho las decisiones sobre la libertad de las personas solo pueden tomarse con orden de un juez competente, dentro de un marco de legalidad. Un juez no puede ordenar ni decidir nada al margen de la misma porque eso convierte sus decisiones en actos ilegales.

Tal es la conducta del juez Pablo Pullen Llermanos en la resolución del 13 de octubre. Tanto lo decidido – detener y trasladar a Milagro Sala al penal de Alto Comedero- como las condiciones en que se efectuó el traslado – en fin de semana, descalza, en autos sin identificar y ocultándolo a sus abogados defensores- vuelve a la detención manifiesta ilegal, un secuestro con firma judicial. El expreso pedido del juez de la causa acerca de no notificar a la defensa sobre el arrestro y posterior traslado, con claro objetivo de evitar que se frustre el mismo, es un hecho gravísimo.

Del mismo modo, es incomprensible que en este escenario la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se haya pronunciado todavía sobre un caso que manifiesta gravedad institucional, cuando cuenta con la causa desde el mes de abril. Más aún, es inadmisible que un organismo internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se haya pronunciado sobre la condiciones de la detención, antes que nuestra propia Corte Suprema de Justicia.

Desde INECIP repudiamos la decisión, entendemos que el Estado democrático de derecho en Jujuy una vez más ha cedido frente al odio misógino, colonial y racista, desconociendo decisiones de organismos internacionales y sometiendo a las personas por cuyos derechos debe velar, a la humillación y la vejación.