El 26 de julio de 2018, la Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción a una ley de juicio por jurados de extraordinaria factura. La ley, inicialmente, fue enviada a la Legislatura por el gobernador Lifschitz y su ministro de Justicia Silberstein. Fue intensamente debatida y modificada con aportes de todos los bloques legislativos de diputados. Al llegar al recinto fue aprobada por una abrumadora mayoría parlamentaria: socialistas, radicales, peronistas, la izquierda, demócrata progresistas, independientes y la Coalición Cívica votaron a favor. Sólo siete diputados del Pro votaron en contra, aunque sin dar mayores explicaciones ni argumentos durante el debate.
Sin embargo, el tiempo pasó y nada sucedió. Si hasta el 30 de noviembre no es votada en Senadores, la media sanción caerá. Ello sería una ignominia institucional para una provincia que ha sido la cuna de nuestra Constitución, que posee un sistema acusatorio de primer nivel, que es tierra de grandes juristas y de dos célebres Universidades, que ha producido una de las escuelas penales y procesales más respetadas de la Nación y que tiene a dos jueces santafecinos en la CSJN. Santa Fe no puede perder esta oportunidad histórica de avanzar finalmente en la implementación del juicio por jurados.
Por todos estos motivos diversas personalidades académicas, universitarias y políticas muy destacadas del país y de la provincia presentaron ante el Senado una carta solicitando expresamente que se sancione la ley de jurados para Santa Fe que prevé nuestra Constitución Nacional.
Carta abierta:
“Las organizaciones e instituciones debajo firmantes creemos en la necesidad de terminar de consolidar la reforma procesal penal tan trascendente que todos los actores políticos e institucionales de la provincia de Santa Fe han llevado adelante mediante la modificación del sistema de investigación y enjuiciamiento. Para ello resulta imprescindible poder saldar finalmente la deuda pendiente de la instauración del juicio por jurados.
Esto no sólo permitiría adecuar el sistema santafecino a la Constitución Nacional sino que, además, se convertiría en un instrumento importantísimo para neutralizar cualquier deformación operativa del funcionamiento del sistema acusatorio-adversarial.
La experiencia acerca de la implementación del Juicio por Jurados ha sido recogida con éxito en varias provincias argentinas, como ha sucedido en la provincia de Mendoza y Chaco, quienes han sancionado sus leyes de jurados y se encuentran en pleno proceso de implementación del nuevo sistema, y también por las provincias de Entre Ríos y Salta, donde la legislaturas se encuentran en plena discusión de los proyectos de ley enviados por los gobernadores. También ha recibido el aval contundente no sólo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino, también, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de la provincia que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados de Santa Fe es un proyecto de alta calidad institucional, producto de un debate y consenso entre los distintos actores, que garantiza los estándares principales del jurado clásico.
Consideramos que la provincia de Santa Fe se encuentra ante una oportunidad histórica en este momento de transición. Santa Fe es una provincia que siempre se ha caracterizado por su calidad institucional y por la articulación que ha existido permanentemente entre los distintos poderes, actores políticos y partidarios e instituciones. Esperamos que una vez más de muestra de ello, y convierta finalmente en ley el juicio por jurados”.
Firman: Alberto Binder y Alfredo Pérez Galimberti (INECIP), Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch (AAJJ), Ariel Ariza (presidente de la FAM), el Fiscal General Jorge Baclini, la Defensora General Jaquelina Balangione, Franco Bartolacci (Rector de la UNR), Javier F. Aga (Rector de la UNL), Hernán Botta (Decano de la Facultad de Derecho de la UNR) y Daniel Erbetta (Director del departamento de derecho penal y criminología de la UNR).