El Poder Ejecutivo Nacional solicitó la intervención del Congreso Nacional para llevar adelante la remoción del cargo del Director del Banco Central, Pedro Biscay, por haber expresado de manera pública opiniones diferentes a las principales decisiones de política económica y monetaria adoptadas por el Directorio del Banco Central y del Gobierno Nacional.
La remoción de un miembro del directorio del Banco Central por expresar opiniones diferentes a la de la mayoría del Directorio del Banco Central y del gobierno nacional, resulta ilegítima, en tanto se restringe el ejercicio del derecho a la libertad de su expresión, así como el derecho de todas las personas de acceder a información vinculada con asuntos de interés público, como lo son las referidas al sistema financiero argentino.
El intento de un Gobierno de remover a un Director del Banco Central forzando las causales previstas en la ley, afecta también la pluralidad de criterios que deben garantizarse y guiar el funcionamiento del Banco Central. Su Carta Orgánica establece que se trata de una entidad autárquica que “no está sujeta a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional”. Los Directores son designados con acuerdo del Senado, y solo pueden ser removidos antes del fin de su mandato por estrictas causales previstas en la ley. Manifestar una posición diferente fundada en criterios técnicos y objetivos no constituye la causal de remoción de “mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Asimismo la remoción de un miembro del Directorio del Banco Central a solicitud del Poder Ejecutivo Nacional por el solo hecho de tener opiniones diferentes al oficialismo, podría reeditar doctrinas riesgosas para el país, el manejo de las inversiones internacionales y el cuidado de las Reservas Internacionales del Banco Central.
APP (Asociación Pensamiento Penal)
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
CINFIN (Centro de Estudios Estratégicos de Integración Financiera)
CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica)
INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales)
LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos)
PECOS (Programa de Estudios de Control Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)
Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.