Los indisimulables problemas de las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema parecen haber detonado una bomba que la dirigencia política venía esquivando: el abordaje de la agenda judicial. Desde hace por lo menos una década, los inconvenientes del sistema de justicia de nuestra Nación se esconden debajo de la alfombra, con consecuencias evidentes: una creciente intervención del Poder Judicial en asuntos políticos (a veces, aprovechando el vacío dejado por la propia política) y una despreocupación o incapacidad por resolver los problemas de desempeño y de independencia de la Justicia Federal.

En particular, en materia penal, en la misma década en la que el crimen organizado se instaló como la principal amenaza a las democracias latinoamericanas, Argentina paralizó cualquier tipo de reforma a su ineficaz sistema federal, lo que le valió críticas de organismos como el GAFI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese marco, el Congreso y el Gobierno tienen la oportunidad histórica de abordar varios temas pendientes de la agenda judicial. Esto implica no sólo de frenar dos candidaturas a la Corte cuyos problemas, en términos individuales y por la integración enteramente masculina que generarían, fueron harto señalados por diversos sectores. La pregunta es si la eventual negociación que se abra a partir de ese rechazo se reducirá a un reparto de sillas en una Corte ampliada, o si antes se resolverán otros asuntos pendientes, sin los cuales pensar en una Justicia con un mínimo de calidad institucional seguirá siendo imposible.

Un acuerdo político mínimo por una justicia de mayor calidad aparece, por primera vez en mucho tiempo, como una posibilidad políticamente viable, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno y la enorme cantidad de cargos vacantes, que facilitarían la negociación. Los puntos más urgentes y básicos que debe incluir ese son:

1. Nueva Ley del Consejo de la Magistratura. Desde hace 2 años, por un fallo de la Corte Suprema, ese organismo se encuentra regulado por una ley que el propio Congreso había derogado, y que perpetúa problemas que caracterizan al Consejo desde su creación: la lentitud y la arbitrariedad en los concursos de jueces/zas y la ineficacia en su rol disciplinario. Además, la Corte sigue manteniendo facultades administrativas y manejo de recursos que la Constitución de 1994 le había asignado al Consejo, justamente, para reducir la concentración y el abuso de poder por parte del Máximo Tribunal. En los últimos años, en el Congreso se presentaron proyectos que buscan resolver estos problemas estructurales, como el 5079-D-2021.
2. Establecer un mandato temporal para la Procuración General. La implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal, reactivada a comienzo de año, convierte al cargo de Procurador/a General en uno de los más relevantes del sistema. Además, lo transforma en un puesto con un rol marcadamente político, muy distinto al tradicional perfil “judicial”, ya que tiene a su cargo el diseño de una política pública: la de persecución penal. Es decir, establecer fenómenos criminales prioritarios y definir objetivos y estrategias de intervención. Es por eso que todos los países de América Latina, al implementar los sistemas acusatorios, limitaron temporalmente el mandato de la Procuración o Fiscalía General. Argentina y Cuba son los únicos países de la región que mantienen un mandato vitalicio. En nuestro país, los últimos dos gobiernos, de signos políticos opuestos, intentaron aprobar una reforma en ese sentido, lo que demuestra un consenso sobre esta necesidad. Además, esa limitación facilitará los acuerdos para designar a un/a Procurador/a que permita superar la situación actual de interinato, que lleva más de 6 años y obstaculiza el avance de las reformas que el organismo necesita para mejorar su eficacia político-criminal.
3. Cubrir todos los cargos vacantes. Argentina debe superar la cultura del interinato en su sistema judicial. Desde hace años, hay vacantes en casi todas las cabezas de ese sistema: Corte Suprema, Procuración General, Defensoría del Pueblo y Procuración Penitenciaria, además de cargos clave en cámaras, juzgados y fiscalías. El relativo equilibrio político actual entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo genera una situación ideal para garantizar una cobertura armoniosa de esos cargos.
4. Reformar el procedimiento de selección de jueces/zas de la Corte Suprema. Las audiencias públicas celebradas en el Senado las últimas semanas demostraron la necesidad de actualizar los mecanismos introducidos a partir del Decreto 222/2003, que constituyeron un enorme avance para transparentar esa selección, pero que ya no son suficientes. Una clara muestra de esto es que dos candidaturas transversalmente cuestionadas, tanto por las graves sospechas de corrupción que pesan sobre uno de los candidatos, como por la violación de las obligaciones internacionales de garantizar la diversidad de género, hayan llegado tan lejos y sigan en pie, sin que los reclamos ciudadanos hayan sido canalizados institucionalmente.

Está claro que designar a Lijo y García-Mansilla en la Corte no mejorará el funcionamiento de la justicia, y probablemente lo empeorará. Pero reemplazar o complementar esos pliegos con otros nombres tampoco será suficiente. Nuestro país no puede seguir dándose el lujo de seguir postergando estas reformas en la justicia, que son apenas un piso mínimo. Sin estos puntos, toda negociación en torno a cómo completar la Corte (ya sea de 5, 7 o 9 integrantes) implicará patear, una vez más, la pelota hacia adelante, y seguir postergando la imprescindible mejora de nuestro servicio de justicia, pieza fundamental de una democracia de calidad.