En medio del clima electoral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó a través de una acordada una “Comisión Judicial para la Lucha Contra el Narcotráfico”. Aún reconociendo la relevancia del problema del tráfico y consumo de sustancias declaradas ilícitas, es más que preocupante que uno de los poderes del Estado decida asumir funciones que no le son propias, y que, además, comprometen seriamente su misión institucional.

La CSJN debería respetar su función institucional como instancia suprema de control y revisión de las decisiones que adoptan los tribunales inferiores y las instancias revisoras previas. En un sistema acusatorio como el que consagra la Constitución Nacional, su rol jurisdiccional exige la imparcialidad del magistrado en la evaluación del caso, condición que no es compatible con las funciones de coordinación y estandarización de procedimientos que se le otorgaron a la Comisión.

La coordinación del trabajo es necesaria para obtener resultados en materia de prevención, investigación y persecución penal. Pero de ninguna manera esta responsabilidad le corresponde a los jueces penales o a la Corte Suprema de la Nación. Se trata de tareas que deben asumir el Ministerio Público Fiscal de la Nación y sus pares provinciales en el ámbito de su competencia, los gobiernos nacional y provinciales y las fuerzas de seguridad. Si la Corte comienza a coordinar las políticas contra el narcotráfico a partir de articular diferentes dependencias estatales y jurisdicciones, realizar capacitaciones a los “operadores judiciales abocados a la persecución del delito” y establecer protocolos de actuación difícilmente se podrá garantizar la independencia de criterio en las decisiones judiciales. Ser juez y parte no es una opción admitida por el régimen republicano de gobierno.

Al mismo tiempo, no es posible pasar por alto el nombre que la CSJN le puso a la Comisión, en particular la idea de “lucha contra el narcotráfico” que pone en evidencia un enfoque bélico. Semanas atrás más de cien políticos, académicos, intelectuales y profesionales de numerosas disciplinas manifestaron públicamente su preocupación ante la voluntad de distintos sectores de instaurar una estrategia de “guerra”, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas en contraposición con la legislación vigente. En distintos países de América Latina, fueron justamente las políticas de “guerra contra las drogas” las que condujeron a la militarización de la seguridad interior, a escaladas de violencia con altos costos en términos de vidas humanas y un profundo deterioro de la calidad de vida de la población y de las instituciones democráticas. Es imprescindible que los problemas derivados del tráfico de drogas se aborden desde políticas públicas orientadas a la reducción de la violencia y no a su incremento. En este sentido, el rol que se espera de la Corte Suprema es que sea la garante de la protección de los derechos humanos ante eventuales violaciones de las políticas que se implementen. Pierde este lugar si es quien coordina la llamada “lucha contra el narcotráfico” y asume un papel central en la definición de la política de persecución penal.

Las políticas públicas dirigidas a las problemáticas asociadas al tráficos de drogas no pueden estar fundadas en paradigmas obsoletos, que lejos de atender a la complejidad de los problemas priorizan la persecución de los consumidores. En este sentido, sería deseable ensayar propuestas dirigidas a reducir la demanda y a abordar los consumos según su complejidad y las condiciones de vulnerabilidad de los usuarios. Los modelos basados en desalentar los consumos y reducir los daños vinculados a estos han demostrado mayor eficacia que los modelos basados en el control de la oferta de drogas ilícitas. Por ello, es importante llamar la atención sobre que lejos de cumplir los lineamientos establecidos en el fallo Arriola, el accionar del poder judicial persiste en la penalización de los usuarios de drogas, sin alcanzar a las estructuras de la criminalidad organizada.

Nuestro país no cuenta con diagnósticos confiables sobre las dimensiones y características de la narcocriminalidad. Sin embargo, en los últimos años, hubo varios indicios que sugieren un agravamiento del problema. Frente a esto las respuestas institucionales no han estado a la altura necesaria. En el escenario actual, son muchas las instituciones intervinientes y pocos los esfuerzos de evaluación de las estrategias en marcha y de concertación de políticas públicas integrales. En este sentido, urge contar con información de calidad y con diagnósticos rigurosos y precisos que permitan poner en perspectiva los distintos aspectos económicos, sociales y de salud asociados a esta problemática; así como el impacto que han tenido las medidas aplicadas en las últimas décadas (desfederalización, divisiones de drogas de las policías provinciales, etc). El aporte que la CSJN podría brindar no está asociado a la coordinación sino a la sistematización y producción de información de calidad sobre su ámbito de incumbencia.

La gravedad del problema exige una efectiva y responsable participación de todos los actores involucrados, así como un debate serio alejado de todo tipo de oportunismos. Los anuncios improvisados en escenarios electorales lejos están de ofrecer una verdadera solución. Mientras se siga perdiendo el tiempo, más lejos quedaremos de una política pública eficaz y democrática para la prevención de las adicciones y el control del narcotráfico.

– Andhes

– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

– Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica (CIAJ)

– Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

– Grupo promotor del “Documento de Convergencia: Drogas, una Iniciativa para el Debate”: Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Maria De La Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez Ocampo

– Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

– Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

– Intercambios Asociación Civil

– Observatorio de la Justicia Argentina

– Dra. María Alejandra Otamendi, Coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, UNDAV

– Mag. Esteban Rodríguez Alzueta. Investigador la Universidad Nacional de Quilmes.