Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentamos el documento de posición institucional “La acefalía del sistema de justicia federal”, una alerta pública sobre la situación de extrema irregularidad en la que se encuentran hoy todas las máximas autoridades del sistema judicial federal argentino.
Con el fin del mandato de la Defensora General de la Nación, las cabezas de los cuatro organismos que componen el sistema de justicia federal, junto con otros dos directamente vinculados a su funcionamiento, se encuentran hoy vacantes, interinas o en una situación irregular. Argentina inicia el año judicial 2026 con un escenario inédito por su gravedad:
📌 El diagnóstico
- Corte Suprema de Justicia: incompleta.
- Procuración General de la Nación: interinato desde hace 8 años.
- Defensoría General de la Nación: interinato desde ayer.
- Defensoría del Pueblo de la Nación: vacante desde 2009.
- Procuración Penitenciaria de la Nación: interinato desde 2023.
- Consejo de la Magistratura: composición irregular por incumplimiento del Congreso.
A este cuadro se suma un dato estructural crítico:
- El 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación.
- Más del 40% de vacantes en el Ministerio Público Fiscal.
📌 No es una crisis repentina
El documento demuestra que esta situación no es coyuntural ni atribuible a un solo gobierno, sino el resultado de más de quince años de deterioro institucional, que atravesaron cuatro gestiones presidenciales distintas.
Las vacantes prolongadas, los interinatos eternizados y el incumplimiento de mandatos constitucionales se han convertido en una forma habitual —y peligrosa— de gestionar la justicia federal.
📌 ¿Por qué importa?
La acefalía judicial no es un problema técnico ni corporativo. Tiene consecuencias directas:
- Poder sin control efectivo, con debilitamiento de los contrapesos democráticos.
- Mayor impunidad del crimen organizado y los mercados ilegales.
- Menos derechos y garantías para víctimas, personas imputadas y personas privadas de libertad.
- Pérdida de seguridad jurídica, con impacto negativo en inversiones, desarrollo e inserción internacional.
📌 ¿Cómo salir del laberinto?
El documento plantea dos condiciones básicas e ineludibles:
- Candidaturas intachables, con idoneidad, trayectoria e integridad suficientes para generar consensos amplios.
- Procesos de designación transparentes y participativos, que reemplacen definitivamente la fallida lógica de la rosca y las negociaciones opacas.
Desde INECIP advertimos que persistir en viejas estrategias de imposición en un nuevo contexto político solo profundiza la parálisis. El reciente intento de designaciones por decreto confirmó, de manera elocuente, el agotamiento de esas prácticas.
Este documento se publica como una alerta institucional y como punto de partida para monitorear activamente durante 2026 cada proceso de nombramiento judicial. La dirigencia política debe asumir esta agenda como una prioridad constitucional.
