Desde La Red Argentina para Desarme (RAD) celebramos que la Cámara de Diputados de la Nación haya aprobado este miércoles el proyecto que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del RENAR (Registro Nacional de Armas de la República Argentina).
En este sentido, agradecemos a los diputados que lideraron el tema y la voluntad de prácticamente todos los bloques políticos de apoyar el proyecto, que obtuvo 182 votos afirmativos, 2 abstenciones y solamente 1 voto negativo. También a las autoridades del RENAR que promovieron, permitieron y trabajaron para que se trate este tema que desde hace tantos años impulsamos desde la RAD.
El Congreso de la Nación se encuentra ante una oportunidad única de crear un organismo acorde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención. Ahora, esperamos que el proyecto avance en el Senado y que pronto se pueda celebrar la aprobación de la ley que hace tantos años buscamos.
Las organizaciones de la sociedad civil que integramos la RAD, hace más de diez años que reclamamos una reforma institucional que tenga como objeto jerarquizar el organismo, cambiar su naturaleza (de simple registro a agencia de control) y modificar el sistema de administración financiera, que conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control.
El proyecto con media sanción de diputados da solución a los problemas enunciados a partir de la creación de una nueva agencia nacional que jerarquiza el organismo responsable del control de armas en el país y lo constituye en un verdadero órgano de control. Además, contempla la definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el RENAR era una herramienta de la política de defensa nacional.
En relación al financiamiento del RENAR, recordamos que actualmente se sustenta a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro. Pero además, lo recaudado es administrado por un ente cooperador a cargo de los fabricantes y comerciantes de armas (AICACYP), lo cual representa un flagrante conflicto de interés. Por eso también la importancia del proyecto en debate, que de ser aprobado derogaría la ley que permite este sistema de cooperación técnico financiera (ley 23.979), absolutamente incompatible para un organismo con funciones de control.
Por último y luego de tantos años de lucha, destacamos que la propuesta en tratamiento parte de la unificación de cuatros proyectos impulsados por Eduardo “Wado” de Pedro (FPV), María del Camen Bianchi (FPV), Pablo Javkin (CC) y Alicia Ciciliani (PS).