El ingreso de un grupo armado a un juzgado y las amenazas de muerte dirigidas a un juez, como ocurrió en el Juzgado de Garantías N.° 5 de San Martín, constituyen un hecho de extrema gravedad institucional. No se trata únicamente de un ataque a una persona ni a un tribunal en particular, sino de una manifestación explícita del avance de organizaciones criminales que buscan condicionar, mediante la violencia, el funcionamiento del sistema de justicia.
Como señaló correctamente el propio magistrado afectado, este episodio excede largamente su situación personal y obliga a formular una pregunta de fondo: ¿qué está haciendo el Estado, en todos sus niveles y poderes, para prevenir y reducir la violencia asociada a los mercados ilegales de drogas, que en territorios como San Martín muestra signos evidentes de desborde?
Las reacciones violentas de grupos criminales frente a la actuación del sistema de justicia penal no son fenómenos inesperados ni excepcionales cuando se interviene sobre economías ilegales altamente violentas. Precisamente por eso, una política criminal seria debe anticipar estos escenarios y diseñar respuestas integrales que reduzcan los incentivos y las capacidades de estos grupos para ejercer la violencia. Limitar la respuesta institucional al repudio formal y al esclarecimiento del hecho, aunque necesarios, implica tratar el episodio como un evento aislado y no como lo que es: un síntoma de un problema estructural.
En este sentido, la independencia judicial no puede ser entendida únicamente como una garantía formal o discursiva. En contextos de criminalidad organizada, la independencia judicial requiere condiciones materiales, institucionales y políticas concretas que permitan a jueces y fiscales ejercer efectivamente el poder penal sin quedar expuestos a presiones violentas que buscan garantizar impunidad.
Si bien este tipo de hechos no son novedosos ni en San Martín, ni en la provincia, ni en el país, ni en la región, la forma abierta y desafiante que adoptó este ataque expone un deterioro mucho más profundo. Lo ocurrido en el juzgado es la expresión institucional de una violencia que desde hace tiempo se despliega de manera cotidiana en los barrios, particularmente en los sectores populares del municipio.
En esos territorios, miles de vecinos y vecinas viven cada vez más expuestos a balaceras, amenazas, extorsiones y muertes vinculadas a disputas entre grupos criminales y al control de economías ilegales. La violencia condiciona la vida diaria, restringe la circulación, debilita los lazos comunitarios y naturaliza el miedo como forma de organización social. Cuando esa misma violencia irrumpe en un tribunal, queda en evidencia que el problema no sólo afecta a quienes habitan los barrios más golpeados, sino que erosiona y condiciona directamente el funcionamiento de las instituciones del Estado, en un círculo vicioso cuya consecuencia es la violencia persistente.
Frente a este escenario, resulta imprescindible que cada nivel del Estado asuma sin ambigüedades las responsabilidades que le corresponden y que ello se traduzca en una instancia real de coordinación y acción, a través de mesas de trabajo operativas permanentes, y no en declaraciones genéricas o reuniones con fines meramente mediáticos:
- Los municipios deben producir y aportar información territorial clave y articular con las organizaciones comunitarias que conocen de primera mano las dinámicas de violencia en los barrios.
- El Gobierno Provincial es responsable de conducir la política de seguridad y la política criminal, y de hacerlo en función de diagnósticos reales y estrategias concretas e integrales, no de respuestas reactivas.
- El Ministerio Público Provincial y, en particular, su Procuración General, deben diseñar una política de persecución penal estratégica orientada a que la actuación de los fiscales logre incidir sobre el mercado criminal que está detrás de esta escalada de violencia.
- La Suprema Corte de Justicia, en su función de gobierno judicial, tiene la obligación de garantizar, en articulación con los demás poderes, las condiciones materiales e institucionales que permitan el ejercicio independiente de la judicatura en contextos de alta violencia.
- Las autoridades federales, especialmente el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuración General de la Nación, no pueden permanecer ajenas a fenómenos de criminalidad organizada que exceden claramente el ámbito local y provincial y cuyas dinámicas no conocen de fronteras provinciales.
Coordinar no puede ser una excusa para diluir responsabilidades, sino exactamente lo contrario: asumir que la estrategia de trasladar culpas entre niveles del Estado es una garantía de fracaso. Una respuesta efectiva requiere tracción de abajo hacia arriba, del municipio a la provincia y de la provincia a la Nación, y la decisión política de superar disputas partidarias, incluso dentro de un mismo signo político, que cuando se sostienen se traducen en más violencia, más miedo y más muertes evitables.
Este proceso no parte de cero. Existe un volumen significativo de información, análisis criminal y conocimiento territorial producido por organismos públicos, pero sobre todo por organizaciones sociales, populares y barriales, espacios comunitarios y centros de estudio, que debe ser tomado en serio e incorporado a la toma de decisiones.
Las experiencias recientes en el país, con Rosario como caso más extremo, muestran con claridad que cuando no se actúa a tiempo las escaladas de violencia avanzan de manera progresiva y acumulativa, hasta alcanzar niveles que luego resultan extremadamente difíciles de revertir. Y cuando esas dinámicas finalmente se logran desescalar, el costo suele medirse en vidas de personas inocentes.
Lo ocurrido en el juzgado de San Martín no es un hecho aislado ni una anomalía inexplicable. Es una advertencia. Ignorarla sería repetir errores que ya han tenido consecuencias dramáticas en otros territorios del país.
