Desde el ILSED y el INECIP, acompañamos la decisión del Gobierno de la Provincia del Chaco de mantener en servicio pasivo, preventivamente y hasta tanto se resuelva el caso, a los policías investigados por los hechos de allanamiento ilegal y vejaciones contra un grupo de jóvenes integrantes de la comunidad Qom. Entendemos, que la decisión se ajusta a la necesidad de generar un control estricto por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia, sobre el actuar de los cuerpos policiales en función de consolidar un modelo de seguridad democrática y garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

Esta decisión, que derivó en la presentación de renuncia de la cúpula de la policía provincial, no es más que la consecuencia de una urgencia postergada: avanzar hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar un control externo sobre las fuerzas policiales.

Para poder asegurar esta real supervisión sobre las fuerzas de seguridad y maximizar la eficacia en la detección, investigación y sanción de las faltas disciplinarias y actividades ilegales que pueden cometer, se debe fortalecer la conducción política de los asuntos de seguridad, que debe ser desarrollada desde los Ministerios de Seguridad y no, como suele suceder, desde las Jefaturas Policiales.

No es posible pensar en un control transparente y democrático sobre el actuar de las fuerzas de seguridad desarrollados desde el interior del propio cuerpo policial. Esta condición no solo aplica a la situación de la policía, sino a cualquier organismo cuyas funciones sean sensibles a la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía y ameritan un monitoreo y una auditoría permanente. Se torna imprescindible, entonces, separar las decisiones correspondientes al Gobierno de la Seguridad, de tinte político y estratégico, de aquellas que pueden desarrollar las fuerzas policiales en el marco de su actuar preventivo y operativo.

Consideramos que el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco debe asumir la dirección transitoria de la policía, hasta tanto se encuentran implementadas las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial y debe poner en marcha una revisión de los estándares de actuación policial para la prevención de la violencia institucional, como así, un sistema de formación permanente para las fuerzas policiales que vaya en sintonía con la realidad social de la provincia.

Sobre este punto, celebramos las iniciativas de reforma, esperamos su pronta implementación, y reafirmamos que estas discusiones no solo deben ser analizadas a la luz de lo sucedido en Chaco, sino en función de lo que ocurre a lo largo y ancho de todo el país. Lo sucedido recientemente en la provincia de Buenos Aires, no escapa a estas mismas lógicas de funcionamiento vinculada a falta de control eficaz sobre el actuar policial y a la capacidad de presión que poseen las fuerzas sobre lxs decisores politicxs.

La seguridad, como política pública, merece ser permanentemente discutida desde una mirada respetuosa de la Constitución Nacional y ello siempre nos exige pensar en reformas integrales y coordinadas que abarquen como ejes centrales la formación, el control y la dirección de las fuerzas policiales.