El pasado 27 de marzo el Ministerio de Defensa tomó la decisión de desmantelar el Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (EryA) de las Fuerzas Armadas, el cual, desde 2010, es el encargado de relevar, analizar y preservar documentación sumamente relevante para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Según información pública, fueron despedidos 10 de los 13 integrantes del Equipo.
El Equipo tiene como misión no sólo el resguardo de la documentación, sino la elaboración de informes, publicaciones y asesoramiento técnico. Su trabajo ha sido fundamental para la producción de la prueba documental en los juicios que juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Este trabajo tiene particular relevancia, considerando el plan sistemático de ocultamiento y destrucción de los registros por parte de las Juntas Militares. Por ejemplo, a través del decreto 2726/83 se dio la orden de dar de baja los registros de las personas detenidas durante el estado de sitio.
Es deber de todos los poderes del Estado adoptar por todos los medios posibles las medidas necesarias para el esclarecimiento de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, así como garantizar el derecho a la verdad para las víctimas. En consecuencia, la búsqueda y el resguardo de la prueba de esos delitos es también una responsabilidad estatal, en especial para los procesos que siguen en curso. La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo implica un retroceso que afecta la prohibición de regresividad dispuesta por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y, por lo tanto, compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la respuesta de la Procuración General de la Nación -responsable de velar por el buen funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de representarlo ante otros poderes- frente a medidas del Poder Ejecutivo que afectan directamente las políticas de persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos. La única intervención pública del Procurador General interino, Eduardo Casal, fue apercibir a un fiscal que había solicitado que se eviten acciones que pongan en peligro la prueba documental del Archivo de Defensa. La Procuración no realizó ninguna acción o pedido tendientes a resguardar la evidencia. Se trata de una nueva evidencia de la debilidad institucional que provoca la
vacancia en el cargo de máxima autoridad en el Ministerio Público Fiscal, con un interinato que lleva más de 6 años.
El Ministerio de Defensa debe garantizar la preservación de la documentación que conforma el Archivo de la Defensa, para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y el pronto esclarecimiento de las causas pendientes.