El Consejo de la Magistratura de la Nación desarrolló hoy una reunión sobre el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que contó con la participación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En representación del INECIP, expuso su Director Ejecutivo, Julián Alfie, quien destacó la necesidad y urgencia de sancionar un nuevo Reglamento de Selección de Jueces. Sin embargo, advirtió que el proyecto presentado por la CSJN no resuelve los problemas del sistema actual, como los altos márgenes de discrecionalidad y los largos plazos de los concursos.
En ese sentido, explicó que es fundamental avanzar en un proyecto que instale un principio esencial: la desvinculación entre la instancia de evaluación y los cargos en juego. El sistema vigente tiene una regla general que es que los concursos se inician cuando se produce una vacante, lo cual presenta dos problemas. Por un lado, el juzgado permanece vacante durante todo el proceso de selección, generando interinatos que pueden durar años. Por otro lado, los postulantes y los evaluadores saben desde la primera evaluación de antecedentes cuál es el cargo en juego. El proyecto de la Corte sólo resolvería el primer problema.
Alfie explicó que el segundo problema, menos visible y menos abordado, es central, ya que el Consejo designa cargos que concentran muchísimo poder. “Cada vacante desata una disputa de intereses entre un mapa de actores distinto: los juzgados de Comodoro Py son de interés para la dirigencia nacional, los juzgados electorales para los provinciales y los penales económicos para ciertas empresas”. Por eso, señaló que, pese a algunos aspectos positivos, el proyecto de la Corte mantiene la problemática regla de que el orden de mérito dependa exclusivamente de evaluaciones vinculadas a cargos específicos.
Frente a este problema, Alfie destacó que el proyecto de 2022 de los Consejeros Tolosa, Molea y Vázquez incorporaba una “Evaluación Anual Anticipada de postulantes”, que resolvería esta cuestión al generar un orden de mérito general exclusivamente basado en evaluaciones anuales desvinculadas de los cargos en juego.
Como último punto de su exposición, Julián Alfie advirtió que ningún reglamento solucionará el problema de fondo que tiene el Consejo, que es el hecho de seguir regido por una ley que según un fallo de la propia Corte debería haberse modificado hace exactamente cuatro años y no se hizo. “Esta irregularidad permite que la Corte siga acaparando facultades de administración y reglamentación que no le corresponden, porque la Constitución se las asigna al Consejo”, señaló.
Por su lado, Nieves Macchiavelli, Directora Ejecutiva de AMJA, afirmó: “Advertimos que la Acordada 4/2026 aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene algunas propuestas cuyo impacto no deviene en neutro en cuanto a sus efectos respecto de las mujeres, lo cual puede tener un efecto regresivo respecto al acceso a cargos de la magistratura”. Destacó, en este sentido, que deben mantenerse las previsiones vigentes en relación a la participación obligatoria de mujeres en las instancias de entrevista y formulación de ternas de los concursos que el proyecto de la Corte elimina, fundamentando detalladamente las condiciones estructurales que generan un subrepresentación de las mujeres en cargos de magistratura.
Por último, por ACIJ, Clara Lucarella presentó consideraciones generales a tener en cuenta para una reforma del Reglamento de Concursos. Dentro de los puntos señalados, manifestó la importancia de “la posibilidad de garantizar la transparencia y la apertura de la información a lo largo de todo el proceso”, indicando que sería deseable que un reglamento establezca explícitamente la información que debe ser publicada. Además identificó la mayor discrecionalidad que generan los concursos múltiples, la necesidad de unificar la instancias de evaluación de antecedentes de los candidatos y la excesiva duración de los concursos, entre otros puntos críticos a tener en cuenta en este proceso de reforma reglamentaria.