Primer paso: el cambio de Ministro

No es posible comprender el cambio de Ministro sin considerar a los sectores que operan en los márgenes de la institucionalidad del sistema judicial, combinando influencia política, redes informales de poder y capacidad de condicionar el funcionamiento de la justicia federal, con epicentro en Comodoro Py.

Jueces, fiscales, operadores judiciales, agentes de inteligencia, representantes de empresas legales e ilegales, dirigentes políticos y futbolísticos, y abogados de grandes estudios conforman un sistema dividido en “tribus”, basadas en lazos sanguíneos o de otro tipo. El objeto de negociación de estos grupos es su capacidad de hacer avanzar o de frenar las causas judiciales más sensibles para la democracia: casos de corrupción, criminalidad económica y otros delitos de poder.

Con el cambio de Ministro, una de esas tribus parece haber logrado un avance importante, aunque no definitivo. La historia del campo judicial argentino y los vaivenes políticos de este Gobierno demuestran que estas victorias suelen ser transitorias.

Lo que comienza ahora es una disputa sobre qué tipo de Ministerio de Justicia tendrá la Argentina. Debe quedar claro que no es función del Ministerio actuar como operador político del Gobierno ante el Poder Judicial, sino contribuir al buen funcionamiento del sistema de justicia.

Segundo paso: ¿prórroga del sistema acusatorio en Comodoro Py?

En sus primeras declaraciones públicas, Mahiques adelantó que analizará “si están dadas las condiciones” para implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py el 20 de abril de 2026, fecha fijada por el Ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona.

Se trata de la tercera fecha establecida por este Gobierno para esa misma decisión. Las anteriores fueron prorrogadas tras presiones del Procurador General interino y de sectores del Ministerio Público Fiscal que se resisten a asumir la responsabilidad que el nuevo sistema les asigna: investigar con plazos perentorios y mecanismos transparentes a los delitos del poder político y económico. Casos como $LIBRA evidencian las nocivas consecuencias del sistema vigente.

El ministro sugirió que la existencia de vacantes en fiscalías federales impediría aplicar este sistema. Sin embargo, esa explicación resulta insostenible por varias razones:

1.       Las vacantes no se cubrirán en el corto plazo: El Procurador interino recién abrió concursos para fiscalías de Comodoro Py en diciembre de 2025, para cargos 7 desde 2012, 2021 y 2023. Otro concurso para cubrir 2 vacantes de ese fuero lleva 7 años abierto. Los escasos 13 concursos elevados por el Procurador interino en 8 años tuvieron una duración promedio de 5 años y medio. Si el argumento para postergar la reforma es esperar a cubrir las vacantes, el sistema acusatorio no se implementará durante muchos años.

2.       Aun con vacantes, Comodoro Py cuenta con recursos suficientes: Un estudio del INECIP publicado en 2025 demuestra que Comodoro Py tiene la menor carga de trabajo por fiscal (en funciones) de todo el país, incluso considerando las vacantes existentes. Si otras jurisdicciones implementaron el sistema acusatorio en condiciones más exigentes, la falta de recursos no puede ser una explicación creíble para una nueva postergación. De hecho, el propio ex ministro Cúneo Libarona afirmó recientemente que las exigencias técnicas y tecnológicas ya se encontraban cumplidas.

3.       El sistema acusatorio permite aprovechar mejor los recursos disponibles: La organización en Unidades Fiscales, en reemplazo del actual modelo de fiscalías aisladas, permite terminar con las subrogancias, distribuir la carga de trabajo en forma flexible, crear equipos de investigación, utilizar mejor el trabajo de los secretarios y los prosecretarios que se reconvertirán en auxiliares, cerrar rápidamente casos sin perspectiva de éxito o de baja gravedad y concentrar los esfuerzos en los casos más complejos.

4.       La implementación será progresiva: El nuevo Código se aplica únicamente a los casos que ingresen después de su entrada en vigencia, lo que permite una transición ordenada mientras se cubren las vacantes.

5.       El verdadero riesgo no es que “el sistema fracase”, sino mantener el sistema actual: Según datos del Ministerio Público Fiscal, menos del 1 % de los casos tramitados en las fiscalías federales de la Capital Federal termina con una respuesta penal de calidad. Recientemente, INECIP también relevó 10 casos emblemáticos de alto impacto social que llevan hasta 27 años sin respuesta. Es decir, el sistema que ya fracasó es el que hoy sigue vigente.

Para desterrar cualquier sospecha, el Ministro de Justicia debe confirmar de inmediato la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py en la fecha establecida, publicar el calendario para los distritos pendientes y, en su rol de coordinador de la implementación, promover el traspaso de personal de juzgados a fiscalías y defensorías previsto por la Ley 27.150.

Tercer paso: la naturalización del toma y daca

El segundo frente que marcará el rumbo de la política judicial del Gobierno es la cobertura de las más de 300 vacantes existentes en el sistema judicial, uno de los paquetes de nombramientos más grandes de la historia reciente.

En sus primeras declaraciones, el Ministro sugirió que la selección de jueces, fiscales y defensores respondería a acuerdos políticos con distintos sectores de la dirigencia, incluyendo gobernadores con interés directo en la designación de jueces federales con competencia electoral. Esto implica naturalizar que el nombramiento de quienes deben juzgar o investigar al poder político no se base en la idoneidad, la trayectoria o la independencia, sino en negociaciones políticas.

Para evitar esa sospecha, el Ministerio de Justicia debería publicar de manera explícita los criterios que utilizará para seleccionar candidatos dentro de las ternas del Consejo de la Magistratura, garantizando que las decisiones se basen en mérito, trayectoria e independencia. De lo contrario, la percepción de que este paquete de nombramientos forma parte del botín político asociado al cambio de Ministro será inevitable.

Los costos de la concesión

Si el Gobierno posterga la reforma de Comodoro Py y utiliza los nombramientos judiciales como moneda de negociación, habrá confirmado la entrega su política judicial a los sectores más opacos del sistema. Esto sucedería, casualmente o no, cuando esos sectores comenzaban a tener en sus manos las causas judiciales comprometedoras para los más altos funcionarios gubernamentales.

La experiencia argentina demuestra que este tipo de concesiones tiene consecuencias conocidas: mantener la lentitud, la opacidad y la impunidad estructural de los delitos del poder. Y, tarde o temprano, los mismos gobiernos que intentan administrar ese sistema terminan siendo devorados por él.