Desde hace meses, el Ministerio Público de Guatemala utiliza el poder penal para atentar contra la democracia, con el claro objetivo de obstaculizar la asunción del binomio presidencial elegido por la ciudadanía. Días atrás, esa interferencia en el proceso electoral se agravó con la presentación de un antejuicio al presidente electo y con la detención de numerosos dirigentes.

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM), manifestamos nuestra solidaridad con las personas perseguidas por defender la democracia y llamamos al Ministerio Público a respetar la voluntad popular y el Estado de derecho.

Como organizaciones preocupadas por el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas a través de la mejora de los sistemas de justicia, señalamos una vez más que la situación de Guatemala es un claro ejemplo del riesgo que se corre cuando las fiscalías son utilizadas por sectores de poder para conservar sus privilegios. Los Ministerios Públicos, que deben representar los intereses generales de la sociedad, pueden convertirse en garantes de la impunidad cuando no se toman los recaudos necesarios para evitar su cooptación. Tomarse en serio esta disputa por el funcionamiento de las fiscalías es imprescindible para salvaguardar nuestras democracias.