El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) celebran la aprobación de la Ley de Juicio por Jurados de la provincia de Buenos Aires, y destacan la importancia de este hecho histórico para la democratización de la administración de justicia, a través de la participación ciudadana.
El juicio por jurados abre un camino para terminar definitivamente con la tradición inquisitoria de la Justicia penal, propia de la monarquía española. Mediante su instauración, se rompe con el monopolio de la administración de justicia concentrado hasta hoy únicamente en manos de los jueces. Además de permitir la participación, el juicio por jurados en una herramienta fundamental para mejorar la credibilidad y confianza social en el sistema de justicia, que en la actualidad es severamente cuestionado.
La ley, que cumple con las garantías constitucionales establecidas en nuestro país, establece la implementación de un jurado de 12 ciudadanos sin formación jurídica que deberán fijar su postura respecto a la inocencia o culpabilidad en casos de delitos graves con penas superiores a los 15 años de prisión. El jurado será sorteado del padrón electoral y contará con la instrucción previa de un juez para participar del proceso.
El proyecto, originalmente co-redactado por la AAJJ y el INECIP con el Ministerio de Justicia de la Provincia, fue presentado con algunas modificaciones por el Ejecutivo bonaerense en mayo de 2012. En la Cámara de Diputados, luego de una audiencia pública con participación de expertos, se introdujeron importantes modificaciones, subsanando los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo, y recuperando en alguna media el espíritu del anteproyecto original.
Las instituciones firmantes destacamos la sustancial labor de los diputados Iván Budassi y Marcelo Saín, sin cuyo apoyo y compromiso esta ley no hubiera sido posible. Y esperamos que la aprobación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, sea un empuje para que el resto de las provincias y el Congreso de la Nación, resuelvan dar cumplimiento al mandato constitucional, y comiencen a debatir su sanción e implementación.