Un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 257/15) difiere la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que debía comenzar a regir en el ámbito de la Justicia Nacional el 1ro de marzo del año entrante (art. 2 de la ley 27.150), generando incertidumbre sobre la fecha cierta de su efectiva vigencia.

Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de dejar atrás el viejo sistema de justicia inquisitiva e inoperante, también es cierto que una correcta implementación del nuevo CPPN requiere de definiciones básicas que hasta ahora no han sido abordadas con la seriedad que se necesita. En tal sentido, aún no se ha avanzado en la preparación y disposición de aspectos claves para el funcionamiento de un sistema basado en la oralidad tales como la adecuación de nuevos edificios que contengan adecuadas salas de audiencias, la compra de equipamiento para la grabación y registro de lo resuelto en las mismas, la necesaria capacitación de los Jueces en el manejo y conducción de las audiencias o en la organización de la Oficina Judicial, entre otros temas.

El manifiesto esfuerzo llevado adelante especialmente por la conducción del Ministerio Público Fiscal y también por la Defensa para implementar con éxito la reforma, a través de la realización de importantes acciones para adecuar sus organizaciones y capacitar a sus operadores al amparo de las nuevas leyes orgánicas; no suple la falta de avance en las cuestiones antes mencionadas, necesarias para poner en funcionamiento adecuadamente el modelo adversarial y republicano fijado mediante la ley 27.063.

Sin embargo, la suspensión de la puesta en marcha de la nueva ley procesal no soluciona ninguno de los inconvenientes manifestados ni otorga un panorama claro y cierto para el futuro éxito de la reforma. Por el contrario, uno de los principales obstáculos para la efectiva implementación han sido los propios jueces federales que han logrado dejar en suspenso la entrada en vigencia del Código para la justicia federal; y se han dado una ley que, lejos de bregar por la eficacia y transparencia de la función judicial, les permite continuar trabajando a espaldas de la sociedad, sin rendir cuenta de sus decisiones y delegando funciones en personal subalterno que no ha sido designado para ello (ley de organización judicial). De las cuatro leyes vinculadas a la implementación del Código Procesal Penal, el Decreto 257/15 deja por fuera llamativamente la ley de organización de la justicia federal.

La obligación que tiene por delante el nuevo gobierno es avanzar en la puesta en vigencia del nuevo código en la Justicia Federal. Es preciso que se establezcan en lo inmediato las fechas de implementación del nuevo modelo en todos los distritos federales. Puede diseñarse a estos fines, un esquema de implementación progresiva que inicie en distritos con menor cantidad de casos, tal como ha ocurrido en algunos países de la región como Panamá, Perú, Chile, México, entre otros.

Esto requiere que el Congreso establezca prontamente un cronograma de implementación, y modifique  la ley orgánica judicial, que atenta contra la eficacia del nuevo modelo de administración de justicia manteniendo las viejas estructuras judiciales.

Para que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación logre dejar atrás el modelo arcaico, oscuro e ineficaz de administración de justicia que hoy impera es necesario avanzar en una adecuada y planificada implementación que cuente con el trabajo coordinado de todas las instituciones que componen el sector. El CPPN debe constituirse como una herramienta clave para afrontar dos de los principales desafíos de la justicia: el crimen organizado y el narcotráfico.

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