Las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) solicitaron al Presidente de la Nación, Javier Milei y a su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que rechacen la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, para evitar que se frustre su juzgamiento por mal desempeño. Bailaque es investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal a su cargo contra un líder narco y por la extorsión a un empresario a cambio de beneficios procesales, entre otros hechos. Además, solicitaron al Presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, y al Presidente de la Comisión de Acusación, Luis Juez, que procedan sin dilaciones a la suspensión y juzgamiento de Bailaque.
Además de la causa penal por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, Bailaque tiene tres expedientes disciplinarios activos en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (N° 129/2024, 185/2024 y 186/2024). Sin embargo, la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría el archivo automático de estos procesos, lo que impediría avanzar hacia una eventual remoción por mal desempeño.
“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento. Si el Presidente avanza en ese sentido, el juez evita el juicio político y accede a una jubilación privilegiada. La Constitución y los precedentes permiten rechazarla para que se garantice su juzgamiento”, señalaron desde ACIJ e INECIP en la nota enviada este viernes.
Las organizaciones remarcaron que este tipo de maniobras no son nuevas: en casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, no hay resolución de fondo porque se acepta la renuncia del juez denunciado. “No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando”, advirtieron.
Además, recordaron que el Consejo de la Magistratura sigue funcionando con una normativa derogada, a pesar de que ya pasaron tres años desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso dictar una nueva ley.
“Es imprescindible que las autoridades nacionales actúen con decisión. La impunidad de quienes deshonran la función judicial socava la confianza pública en sus instituciones”, concluye la nota.
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