En América Latina y el Caribe, los procesos de selección de las máximas autoridades de los Ministerios Públicos se han convertido en verdaderos terrenos de disputa política. En ellos se define si la institución responde a intereses sectoriales ilegítimos de grupos políticos, empresariales o criminales, o a los legítimos intereses generales de la sociedad. El cargo de Fiscal General es estratégico: define la política de persecución penal, prioriza fenómenos criminales y establece los lineamientos que orientarán el uso de los recursos escasos del Ministerio Público. De sus decisiones dependerá, entre otras cosas, si los actores más poderosos de los mercados ilegales violentos serán sancionados o gozarán, por desidia o por complicidad, de impunidad.

Los sistemas judiciales de la región presentan un patrón histórico de sumisión como regla e independencia como excepción. A lo largo de décadas, han sido funcionales al poder político de turno. Pero en la actualidad, el crimen organizado ha ingresado a esta disputa de poder con un objetivo claro: garantizar su impunidad. El juicio político en curso contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, derivado de denuncias por presuntas presiones a jueces en causas de narcotráfico y corrupción, evidencia que la interferencia del narcotráfico en el sistema de justicia ecuatoriano es una realidad palpable.

La participación ciudadana amplia y efectiva, el único antídoto contra la infiltración criminal

La experiencia regional ha demostrado que el único antídoto a la cooptación de los procesos de selección es la participación ciudadana amplia y efectiva. Todo procedimiento es corrompible sin un activo control por parte de la sociedad. Si bien el proceso ecuatoriano incorpora una Comisión Ciudadana de Selección con “representantes” de la ciudadanía y organizaciones sociales, eso no es suficiente. De lo contrario, se estaría cayendo en la misma trampa observada en otros países de la región, en donde la participación ciudadana se reduce a formalismos pantomímicos e incapaces de garantizar un verdadero y exhaustivo escrutinio público.

Para contar con una participación ciudadana amplia y efectiva, se debe garantizar, mínimamente:

• El deber de los postulantes a presentar la más amplia información sobre sus antecedentes profesionales, académicos, éticos y patrimoniales, y toda aquella información que permita identificar lazos con sectores que puedan pretender influenciar ilegítimamente su actuación como Fiscal General.
• Acceso ciudadano irrestricto, amplio y con antelación suficiente a dicha información para evaluar su independencia, idoneidad, coraje cívico y compromiso con el Estado de Derecho y  los derechos humanos y presentar impugnaciones.
• Participación ciudadana irrestricta y directa en audiencias públicas con posibilidad de presentar las impugnaciones, realizar preguntas a los candidatos y la obligación de que cada una de ellas sea respondida

El foco debe estar en garantizar que los candidatos no representen intereses ilegítimos de sectores particulares, con especial énfasis en que no exista ningún tipo de sospecha sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales. Es fundamental incorporar mecanismos claros de exclusión de candidaturas cuando existen indicios fundados de falta de integridad o ausencia de independencia.

Las irregularidades denunciadas por veedores ciudadanos en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, tales como el impedimento de acceso físico a carpetas, demoras injustificadas, alteración de resultados entre sesiones, desaparición de registros audiovisuales, falta de respuesta a informes presentados, entre otras, representan un terreno fértil a la manipulación del proceso y un obstáculo al control ciudadano efectivo del proceso.

Discusión seria sobre los planes político-criminales de persecución penal

El proceso de designación de Fiscal General es también una oportunidad única para que los y las postulantes presenten públicamente sus propuestas básicas sobre el plan estratégico de persecución penal que llevarán a cabo durante su gestión.

¿Cuáles serán los fenómenos criminales prioritarios? ¿Qué estrategias desarrollarán para perseguirlos? ¿Cómo los perseguirán? ¿Cómo se buscará mejorar la capacidad de respuestas en casos menores? ¿Qué se hará para que las inevitables presiones provenientes de grupos de poder, incluidas organizaciones criminales, no afecten el accionar del Ministerio Público? Estos y otros lineamientos generales deben ser presentados públicamente por los postulantes, ser debatidos ampliamente por la ciudadanía, y convertirse en el segundo aspecto central de la discusión.

El ciclo de espiralización de la violencia que atraviesa Ecuador requiere un Ministerio Público eficaz. Y un Ministerio Público eficaz sólo es posible con un liderazgo que promueva una mirada estratégica de la persecución penal, que se aleje de demagogas, genéricas e inefectivas propuestas de “mano dura”, y se acerque a un verdadero plan de acción orientado a impactar eficazmente sobre los fenómenos criminales que explican esa violencia.