El Gobierno Nacional publicó hoy el DNU que prohíbe a los agentes de inteligencia realizar tareas represivas, policiales o de investigación criminal. Este es un primer paso trascendental que cierra definitivamente la puerta a un sinnúmero de irregularidades que habían convertido una excepción de la ley 25.520 en regla. Lo que se busca con ello es encauzar las desvirtuadas funciones de cada organismo. La AFI deberá abocarse a la producción de información y al desarrollo de tareas de inteligencia referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación. La justicia federal, por su parte, deberá avanzar con las investigaciones criminales de mayor trascendencia para nuestra sociedad de acuerdo a criterios transparentes de persecución penal, y no como habitualmente ha sucedido, en base a intereses de oscura procedencia canalizados a través de los agentes de inteligencia.
Para cumplir con ese sano objetivo, es indispensable ahora impulsar una transformación estructural del sistema de la justicia federal. Es necesario garantizar la efectiva implementación del sistema acusatorio a través de la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en todo el país; avanzar en la creación de una policía nacional de investigaciones; unificar todos los juzgados federales y nacionales en colegio de jueces penales; desarrollar las necesarias reformas orgánicas al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa Pública; impulsar el mandato temporal del Procurador; y avanzar en la implementación del juicio por jurados a nivel nacional. Éstos son los pasos que hacen falta para convertir, de una vez y para siempre, a la justicia federal en un órgano acorde a las necesidades de una sociedad democrática.
Celebramos esta decisión y felicitamos al Gobierno por haber dado el primer paso de la tan esperada reforma. Será fundamental no perderse en detalles menores o en presiones corporativas, y tener el coraje suficiente, que no tuvieron o no quisieron tener los gobiernos anteriores, para realizar un rediseño profundo de toda la justicia federal. Desde el INECIP, una vez más, reiteramos nuestro compromiso para colaborar con esta tarea de garantizar una justicia penal transparente, eficaz y democrática.