El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, reaccionó de manera insólita ante la última absolución decretada en forma unánime por un jurado popular en la localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Finalizada la audiencia de juicio no solo eludió por completo cualquier tipo de responsabilidad propia por el nuevo fracaso–y vaya si la tuvo en este caso- sino que le echó la culpa al sistema de jurados al afirmar, por un lado, que éste “atrasa más de ciento sesenta años”, que “se vuelve al oscurantismo en materia judicial” y; en la parte más hiriente de sus declaraciones, al sostener que el jurado “no es un avance en materia de República, es un retroceso” y que los ciudadanos bahienses “se motivan por empatía e instinto, porque desconocen el derecho”.
El fiscal general debería dedicarle menos tiempo a salir en los medios y aprovecharlo al máximo para resolver el descuido, la pésima preparación de los casos y el escaso profesionalismo de la agencia a su cargo, cuestión que los jurados no han hecho más que exponer a la luz pública. El verdadero retroceso para Bahía Blanca es que su fiscal general opine de este modo sobre las decisiones de sus vecinos.¿Qué superioridad moral se arroga para hablar así de los 234 ciudadanos bahienses que hasta el momento honraron el deber de ser jurados que ordena la Constitución? Es inadmisible que sostenga que los bahienses sean ignorantes de las cuestiones jurídicas, que no razonen o que decidan como lo hacen porque son “impresionables”. No es un dato menor que de los 13 casos realizados con jurados, la gran mayoría de las diez absoluciones fueron unánimes: es decir, la acusación no logró convencer ni a uno solo de los 12 miembros del jurado de la culpabilidad del acusado.
En particular, este último juicio se constituyó como el claro ejemplo del grado de improvisación con el cual se organiza la fiscalía regional. Al fiscal Eduardo Zaratiegui le asignaron el caso cinco días antes del debate, ya que Fernández le dio licencia al fiscal original para irse de vacaciones al extranjero, con el juicio ya programado y con los 50 ciudadanos (potenciales jurados) citados a la audiencia. Hasta los mismos familiares de la víctima relataron con dolor a la prensa que el nuevo fiscal “no sabía qué decir porque no había leído la causa y que se notaba que la estaba hojeando ahí mismo en la sala de audiencias”. De hecho el propio fiscal Zaratiegui tuvo la honestidad, al menos, de reconocer que en el caso había duda razonable y que tanto un juez profesional como un jurado hubieran optado por la absolución de igual manera.
Ante semejante inoperancia y falta de conducción, el fiscal general optó por la salida demagógica y más fácil: cargó contra con el jurado desconociendo que el caso lo perdió la fiscalía y que esa es su exclusiva responsabilidad. Entonces, el que “atrasa más de ciento sesenta años” es el fiscal general, responsable de organizar a los fiscales y a sus modos de trabajo. Debería seguir el ejemplo de sus colegas fiscales del resto de los 17 distritos bonaerenses, que ya obtuvieron 42 condenas en 69 juicios (62%) con jurados populares. En varios de estos distritos, inclusive del interior provincial, ni siquiera ha habido absoluciones sino todas condenas.
Desde INECIP defendemos siempre la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a que se conozcan todos los detalles de su caso; como así también el derecho del acusado a recibir un juicio justo de sus pares. Es por eso que apoyamos el reclamo de los familiares para que el fiscal general de Bahía Blanca, antes de ponerse a hacer política y a perder el tiempo influenciando a los legisladores para presentar proyectos de ley inverosímiles e inconstitucionales,se ponga a investigar en serio a todos los autores del crimen; organice de mejor manera el trabajo y la capacitación de los fiscales y; rinda cuentas ante las víctimas y el pueblo bahiense por el modo deficiente en que el Departamento Judicial defiende el interés general de la sociedad.
Hace ya mucho tiempo que los jueces bahienses señalan en sus sentencias la notable falta de capacitación de los fiscales locales a la hora de presentar la prueba y sostener las acusaciones en casos tanto o más graves que éste, con o sin jurados. El problema para el fiscal Fernández es que el sistema de jurados tiene la virtud de ser implacable con los litigantes mediocres y con los abogados que creen que alcanza con las actas escritas del expediente. Lo ha dicho recientemente la Casación. El resto de los fiscales provinciales tomó nota enseguida de este cambio y se adecuó, mientras que Fernández sigue sin reaccionar y, por eso, pide derogar al jurado de la Constitución Nacional.
El juicio por jurados en Buenos Aires lleva dos años de continua aplicación y logró resolver casos gravísimos sin que hubiera un solo incidente y sin que la ley haya sido obstáculo alguno para la compresión de los hechos por parte de los jurados. Los ciudadanos han demostrado estar en perfectas condiciones para cumplir con su tarea. Y no son ellos, sino ciertos pseudoprofesionales del derecho, los que no están preparados para preparar los casos, investigar, acusar y enjuiciar personas con pleno respeto a la Constitución, al proceso acusatorio y al sistema mundial de derechos humanos.