En las últimas semanas, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe ha decidido avanzar sobre la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), iniciando un proceso disciplinario contra el actual Director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Saín. No es la primera vez que la legislatura insiste con debilitar institucionalmente al MPA, lo hizo años atrás cuando modificó la Ley 13.013 arrogándose la facultad de investigar y juzgar disciplinariamente a las y los fiscales.
Asistimos a un proceso por medio del cual sectores políticos interesados y funcionarixs de altos mandos dilapidan los esfuerzos que se han desarrollado en los últimos años para lograr que Santa Fe reforme su sistema de justicia penal y ponga en marcha su nuevo sistema de investigaciones y juzgamiento. Lamentablemente, es un proceso que se ha repetido en nuestra región. Cada vez que los Ministerios Públicos empiezan a mostrar eficacia en sus investigaciones; cada vez que las y los fiscales deciden avanzar sobre investigaciones que impactan en los fenómenos criminales vinculados a la criminalidad económica, el narcotráfico y la corrupción, el poder político se ve atemorizado y reacciona. Nuevamente la legislatura provincial está dispuesta a mandar un claro mensaje de domesticación para tratar de frenar las investigaciones. No es casual que ello ocurra cuando en los últimos meses, como es de público conocimiento, dos fiscales han pedido que comparezca un senador, han investigado con éxito y puesto presos a jefes criminales, a policías implicados en graves delitos, a actores de la economía e incluso, al que era el fiscal regional de Rosario.
En esta oportunidad, el intento de destitución del titular del Organismo de Investigaciones del MPA roza el absurdo. Se trata de aplicar de manera retroactiva e ilegal una ley recién sancionada desplegándose un proceso de destitución en el ámbito del MPA pero emparentado con supuestas conductas que habría realizado como Ministro de Seguridad. Es decir, se lo acusa por acciones que habría llevado a cabo como funcionario de otro poder del Estado para destituirlo del cargo de Director del Organismo de Investigaciones del MPA que ocupa actualmente. Por su parte, la Justicia ordenó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura dejar sin efecto y archivar la tramitación del sumario administrativo contra Saín como consecuencia de un recurso de amparo que él mismo presentó.
Personalizar el debate es desconocer el entramado político que existe y ocultar las reales intenciones que tienen algunos sectores políticos en Santa Fe. La pregunta que seriamente se impone es hasta dónde se extiende este acuerdo político institucional en la provincia. Desde nuestro lugar, como organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de la seguridad democrática y la Justicia penal desde hace más de 30 años, estamos dispuestas a seguir trabajando para fortalecer, defender y profesionalizar cada vez más el MPA. Instamos a los sectores políticos genuinamente comprometidos con estos valores a que tomen cartas en el asunto, y trabajen para frenar estos intentos de debilitamiento y domesticación del MPA.
