Las primeras críticas a las reformas procesales impulsadas por el Gobierno de Santa Fe se orientaron a la evidente inconstitucionalidad del proyecto. Sin embargo, la propuesta tiene un problema menos visible pero igual de relevante: sólo profundizará la ineficacia provincial para reducir la impunidad de los mercados ilegales que generan los altos índices de violencia. Una cosa es el matonismo discursivo y otra es la eficacia de verdad.

Pese a la reducción de los últimos años, Santa Fe sigue siendo la provincia con la mayor tasa de homicidios del país. Cuando el 60 % de esos homicidios se producen en contextos de economías ilegales, lo que queda claro es que la raíz de la violencia son las enormes ganancias que generan los mercados ilegales en la provincia. Mientras ese dinero sucio se siga generando y lavando impunemente, a veces incluso a través del financiamiento de la política, seguirán existiendo organizaciones que se disputen violentamente esos mercados.

Nada de eso está siendo abordado por el Gobierno, y nada de eso se verá afectado por este proyecto. La eficacia no se logra sancionando leyes que luego nadie aplica, o creando instituciones que terminan siendo sellos de goma sin efectividad práctica, sino haciéndose cargo del problema de fondo.

Mientras Pullaro desvía el foco, el dinero negro sigue impune

El problema que explica la violencia en la última década, y por el cual tras enormes esfuerzos federales y locales Santa Fe sigue siendo la provincia más violenta del país, es que, en los últimos años, ningún Gobierno provincial ha podido o ha querido tomarse en serio los millones de dólares que mueven el mercado de drogas, el juego clandestino y el tráfico de armas, entre otros. Por el contrario, cuando algún fiscal se animó a hacerlo, rápidamente la política sancionó leyes para someter al Ministerio Público a la voluntad de los propios senadores investigados.

El problema de Santa Fe no es que sobren garantías, que ya han sido arrasadas en reformas anteriores. El problema es que falta eficacia. Y esa eficacia necesita trabajo real, no marketing.

El planteo no es abstracto, sino bien concreto: el Gobierno de Santa Fe tiene muchísimo por hacer, pero no lo hace. Veamos:

• Profesionalizar la Policía de Investigaciones. La PDI está hoy totalmente desarticulada, sin capacidad operativa real, sin profesionalización en investigación criminal para delitos simples y con nulos recursos para la investigación eficaz de delitos complejos, especialmente en materia financiera, patrimonial y digital. En una provincia atravesada por crímenes cada vez más sofisticados, la policía sigue investigando de forma casi artesanal, mientras todos los recursos se dedican a un sistema de inteligencia con bajos resultados.
• Crear un sistema provincial antilavado. En la Legislatura se han presentado proyectos como el que propone la creación de una “Agencia Provincial contra el lavado de activos” que, por motivos desconocidos, nunca fue tratado. El vacío es tan evidente que hasta los Concejos Deliberantes han avanzado en novedosas e inéditas ordenanzas, como la 10370/2022 de Rosario, que creó un Sistema de Control Económico Financiero para la prevención de lavados de activos de origen delictivo. Pero, pese a esos valiosos avances de los gobiernos municipales, cuatro años después el Estado Provincial sigue sin hacerse cargo del problema. Su política se redujo a la creación de un insuficiente “Comité de Bloqueo Económico al Crimen Organizado” (COBECO), de alcance y efectividad muy limitados.
• Crear un sistema provincial anticorrupción. Santa Fe carece de un verdadero sistema de prevención y sanción de la corrupción con efectividad real en la práctica. No hay vías de denuncias específicas, no hay medidas de prevención y detección de riesgos y, por lo tanto, tampoco hay funcionarios públicos condenados, salvo excepciones de condenas a policías que, por su repetición periódica, también dejan en evidencia la ineficacia en términos de prevención.
• Mejorar los dispositivos de protección de víctimas. Por fuera del marketing, las políticas de protección a víctimas en Santa Fe siguen careciendo de los recursos humanos, edilicios y materiales suficientes para brindar resguardo y asistencia a las personas que sufren delitos graves.
• Sancionar en el menor tiempo posible una reforma a la regulación de la remoción de fiscales. Pese al mandato constitucional, esta reforma esencial para contar con un Ministerio Público de la Acusación con la autonomía suficiente para investigar al poder sigue sin avanzar en la Legislatura.

Un proyecto para la tribuna

Al menos la mitad de los artículos incluidos en el proyecto enviado por el Gobierno de Santa Fe no superarán un mínimo control de constitucionalidad, si es que la Legislatura comete el desatino de aprobarlos.

Enfocarse en todos los problemas del proyecto sería caer en la trampa buscada por el gobierno: discutir atrocidades para evitar una discusión seria sobre la ineficacia de sus políticas de persecución de los mercados ilegales.

Sólo a modo de resumen del desatino propuesto, se destacan la extensión casi sin límites de los allanamientos sin orden judicial; la validación de prueba ilegal; las condenas exprés “por decreto”, sin derecho a juicio y con una suerte inversión de la carga probatoria; el otorgamiento a las fiscalías de la facultad de tomar medidas gravosas sin control judicial; y la habilitación de “zonas de intervención policial” en donde, por mera decisión de un Ministro de Seguridad, se puede habilitar a una situación que en los hechos se asemejará a la de un estado de sitio.

Muchos de los problemas diagnosticados por el Gobierno podrían resolverse implementando herramientas ya previstas legalmente, como el procedimiento de flagrancia, que nunca fue puesto realmente en marcha.

Pero, además el proyecto, de aprobarse, será contraproducente: sólo profundizará la saturación del sistema penal con “perejiles”, es decir, de personas que podrán ser condenadas sin pruebas. Esa saturación impedirá que se investiguen los delitos complejos que explican la persistencia de los mercados ilegales, cometidos por los verdaderos “empresarios” del crimen organizado, y sus abogados, contadores, financistas, y por los políticos, funcionarios públicos, judiciales y policías involucrados.

En conclusión, las preguntas que quedan flotando son: ¿se animará el Gobierno de Santa Fe en algún momento a ir contra el corazón de las mafias? ¿Y cuáles serán los motivos por los cuales no lo hace?