Durante la última semana, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos una serie de allanamientos y detenciones presentada como el “decomiso de armas más grandes de la historia”. Sin embargo, a medida que los hechos fueron saliendo a la luz quedó en evidencia que este secuestro distaba mucho de ser un éxito de la política criminal. Por el contrario, parece tratarse de una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas.
Según lo informado por fuentes oficiales, el arsenal secuestrado ascendía a más de 2.500 armas -que iban desde granadas hasta ametralladoras y minas anti-tanques- y 30.000 municiones. El operativo fue iniciado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y continuó con una investigación por parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de Argentina, que permitieron identificar al resto de los implicados.
Sin embargo, lejos de tratarse de un “éxito” de las fuerzas locales, lo cierto es que el decomiso puso en evidencia el absoluto descontrol existente sobre el mercado de armas de fuego en Argentina. Parte de este armamento se almacenaba en establecimientos que habían sido autorizados por la ANMAC o por el viejo RENAR, pero cuya habilitación estaba vencida. Ese es el caso de TALA, empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del año 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos. El resto estaba en armerías y casas particulares. De hecho, 16 de 17 detenidos eran “legítimos usuarios”, varios de ellos, coleccionistas.
Esto significa que las personas implicadas son, en su mayoría, aficionados, coleccionistas y comerciantes de armas, es decir, sujetos de control por parte del Estado. El Estado podía haber conocido la existencia y la ubicación precisa del arsenal ilegal, pero durante todos estos años no hizo nada para fiscalizarlo y secuestrarlo. Asimismo, las maniobras descriptas por las propias autoridades sugieren que había locales establecidos y autorizados por el Estado que tenían un doble funcionamiento, legal e ilegal, y que en esa ilegalidad abastecían a grupos criminales de nuestro país y de la región, por lo que podría tratarse de un caso de posible contrabando.
Pero la gravedad del hecho es aún mayor, ya que el Estado nacional fue responsable de la libre circulación de este arsenal ilegal no sólo por omisión, sino también por acción directa de sus funcionarios. En ese sentido, la banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad.
Desde la Red Argentina para el Desarme denunciamos, una vez más, que el Estado es responsable de la desproporcionada circulación de armas de fuego en nuestro país y de las 8 muertes por día que las armas provocan. A 4 años de su sanción, el gobierno aún no implementó la ley de creación de la ANMAC, la agencia nacional de control de armas de fuego, que sigue sin los recursos presupuestarios que le permitan llevar adelante una política eficiente de control de armas y desarme. En ese contexto, no es casual que en nuestro país circulen más de 3 millones de armas de fuego, de las cuales sólo la mitad está registrada y sólo el 15% tiene la autorización vigente.
Por todo ello, y en la Semana Nacional del Desarme, anunciamos la presentación de un petitorio público, solicitando a todos los candidatos presidenciales el compromiso de implementar de manera urgente, las políticas necesarias para reducir y controlar el circulante de armas de fuego y prevenir la violencia armada en nuestro país.