Pedro Biscay* & Fernando Vallone**
A diez años de las filtraciones de millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que revelaron cómo grandes empresas y figuras políticas de relevancia internacional utilizaban estructuras offshore para ocultar a los Estados dinero obtenido ilícitamente o que debían tributar, los resultados judiciales para los implicados locales son prácticamente inexistentes.
El caso de los denominados Papeles de Panamá expuso ante el mundo el modo en que compañías y personas llamadas a servir a sus países, valiéndose de la banca internacional y con el asesoramiento de profesionales del derecho, las finanzas y la contabilidad, diseñaron mecanismos para engañar a los Estados, ocultar activos y maximizar ganancias a costa de los recursos para la debida subsistencia de sus pueblos.
A una década de aquellas revelaciones, y del arduo trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que sistematizó y profundizó el análisis de la documentación, las consecuencias en términos de persecución penal respecto de ciudadanos argentinos involucrados han sido nulas.
Ello obliga a reflexionar sobre las razones por las cuales los operadores judiciales locales encuentran dificultades para abordar adecuadamente este tipo de casos, en los que se entrelazan el poder económico y el poder político en estructuras complejas configuradas por profesionales de ciencias jurídicas y económicas, de difícil desciframiento, que terminan proyectando una persistente sensación de impunidad respecto de este tipo de sucesos protagonizados por la criminalidad del poder.
Más allá de la anécdota del dato onomástico, desde este Newsletter nos parece relevante la evocación de este caso porque pone de relieve cómo el mundo de la “zona gris”, objeto y norte de análisis de esta publicación, constituye una clave interpretativa indispensable para comprender, diagnosticar y enfrentar comportamientos criminales que inciden directamente en el sostenimiento de nuestras sociedades, hoy atravesadas por la pobreza, la desigualdad y una profunda degradación ética y moral.
En este contexto, corresponde también recordar el vínculo entre la actividad del estudio Mossack Fonseca y la empresa constructora Odebrecht, cuyo titular confesó en 2016 ante autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza la existencia de una red de sobornos por 788 millones de dólares en doce países, incluida la Argentina, canalizados en parte a través de estructuras provistas por dicho estudio jurídico.
En ese sentido, entendemos imprescindible articular este tipo de filtraciones y labor periodística independiente que la analiza y sistematiza con herramientas que, nacidas de la experiencia de países como Italia y Estados Unidos al calor de la desarticulación de poderosas estructuras de criminalidad organizada, corrupción y delincuencia económica, constituye un horizonte de referencia. En ese marco, los institutos del arrepentido y de la colaboración eficaz se presentan como herramientas indispensables para el abordaje de estos fenómenos.
Aunque se trate de un escenario contrafáctico, la eventual existencia de un imputado colaborador en el marco del caso Papeles de Panamá en nuestro país habría podido dotar de mayor eficacia a las investigaciones locales.
El denominado caso Cuadernos, que al momento de escribir estas líneas, se desarrolla ante los tribunales federales de nuestro país, se erige como un ejemplo paradigmático de cómo fue posible reconstruir un presunto entramado de corrupción público-privada sistemática a partir de la información aportada por distintos sujetos involucrados en las maniobras.
En ese proceso, tanto el empresariado como el funcionariado de alto nivel quedaron expuestos en sus presuntas actividades delictivas a partir de los aportes de quienes participaron en los hechos.
Al mismo tiempo, el caso ha colocado en el centro del debate la modalidad de utilización de esta herramienta, a partir de diversas denuncias promovidas por algunos de los protagonistas del juicio, quienes, en pleno desarrollo del debate, han señalado supuestos desvíos en su aplicación.
Desde aquí bregamos para que la veracidad o falsedad de tales acusaciones sea evaluada por los magistrados intervinientes con el máximo rigor e independencia, ya que la relevancia y legitimidad de la herramienta exige un escrutinio exhaustivo sobre su uso apegado al derecho. No obstante, cabe advertir que desde ciertos sectores, no casualmente vinculados a despachos de penalistas que suelen intervenir en la defensa de organizaciones criminales complejas ligadas al poder, se cuestiona el instituto, calificándolo como un mecanismo extorsivo que vulneraría principios del Estado constitucional de derecho.
En este sentido, en el presente número de La Zona Gris presentamos el testimonio del fiscal José Domingo Pérez Gómez, investigador clave en las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú, quien expone con claridad el impacto de esta forma de criminalidad en la región y describe, con notable crudeza, las presiones y ataques que enfrentan los funcionarios probos por parte de los entramados de poder político y económico que integran estas redes.
Por otro lado, esta edición incluye un artículo sobre el rol que las Naciones Unidas están asignando al papel de los “profesionales independientes” en la facilitación de maniobras delictivas vinculadas al narcotráfico. Este es un aspecto clave de nuestro Newsletter, porque en los pliegues de la “zona gris” se conforman las principales formas de macro criminalidad que afectan de forma directa la convivencia democrática. Además, como parte de la reflexión sobre el papel de las empresas y el mundo del delito hemos incluido un artículo orientado a reconstruir la re-orientación de la estratégia británica en materia de imputación a personas jurídicas. Se trata de una novedad útil para estudiar los cambios más avanzados en materia de criminalidad empresarial. Estamos convencidos de que estas experiencias pueden servir para fortalecer reglas de imputación en los casos penales que se discuten en los tribunales. Adicionalmente sumamos un comentario a fallos, en este caso, sobre insolvencias punibles, donde el voto de la minoría abre preguntas sobre el uso de sociedades comerciales como instrumentos para cometer delitos. Por último, un artículo sobre la extinción de dominio destinado a repasar el estado de situación regulatoria a nivel nacional.
* Pedro Biscay es Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Consultor en materia de políticas anticorrupción y criminalidad organizada. Consultor externo de la Organización de Naciones Unidas. Becario Fulbright (Boston University), con experiencia en el District Attorney Ofice de Manhattan. Ha trabajado en el Ministerio Público Fiscal, en el Directorio del Banco Central de la República Argentina y en la Comisión Nacional de Valores. Ha sido coordinador del Área Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac.
** Fernando Vallone es funcionario judicial con amplia trayectoria en investigaciones sobre delincuencia económica y crimen organizado. Obtuvo el Máster Universitario de Segundo Nivel en Análisis, Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción (Universidad de Pisa), así como cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires y Austral, en materia de delitos económicos.