El anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de reforma integral del Código Procesal Penal no resuelve los problemas que aquejan al sistema de justicia penal bonaerense, y contrariamente a lo esperado, atenta directamente contra la única institución que ha mejorado la administración de la justicia penal, que es objeto de admiración en otros países y que ostenta un desempeño ejemplar tras 200 juicios y tres años de práctica: el Juicio por Jurados.

La gravedad de esta sorpresiva e inconsulta reforma del Juicio por Jurados explica por qué la gobernadora no la incluyó en su discurso. No había manera alguna de presentar esta reforma que carece de lógica, de fundamentos constitucionales y es contraria al anteproyecto elaborado por la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, convocada por el propio Poder Ejecutivo provincial el año pasado. Dicha Comisión acordó no modificar en absoluto al juicio por jurados y el sistema recursivo. El proyecto enviado por la gobernadora es muy distinto.

La iniciativa que modifica aspectos centrales del jurado bonaerense no parte de un diagnóstico del funcionamiento de este sistema. El gobierno provincial jamás se preocupó por producir información que permita su evaluación. Más grave aún, ha sido deliberadamente inoperante, perjudicando su buen desarrollo.

Pese a ello, en los tres años que lleva el Juicio por Jurados en la provincia, el sistema se ha consolidado y ha demostrado, por sobre todo, la capacidad de la ciudadanía para intervenir en una función tan importante como lo es determinar sobre la libertad de una persona. La evaluación positiva que han hecho jueces, fiscales y defensores de la provincia sobre el funcionamiento del sistema de juicio por jurados, indica que cualquier reforma normativa de la institución no puede ir en detrimento de los estándares actuales.

Por eso, invertir la regla constitucional que establece que los juicios criminales son ante jurados populares, salvo que el imputado renuncie expresamente a ese derecho, es reducir drásticamente la celebración de estos juicios. Que la ley ordene que el acusado deba optar expresamente por un juicio por jurados, invirtiendo la lógica de principio y excepción, es desalentar su realización.

Otra modificación que echa por tierra los estándares actuales, desvirtuando profundamente al jurado, es el cambio de las reglas de mayoría. Hoy, según la ley, se necesitan 10 de 12 jurados para la mayoría de los casos, y unanimidad para condenas con penas perpetuas. La reforma reduce esas reglas a 9 de 12 y 10 de 12 respectivamente, eliminando la exigencia de la unanimidad para los casos más graves. El cambio expresa la desconfianza del gobierno provincial en la capacidad de la ciudadanía para arribar a decisiones de consenso. Ello revela un desconocimiento total del funcionamiento del sistema (aquí y en el mundo). Los casi doscientos juicios realizados hasta la fecha demuestran que estos niveles de acuerdo son perfectamente alcanzables: más de la mitad de los juicios tuvieron veredictos unánimes, pese a que esto no siempre era requerido.

Ni qué hablar de la destrucción de la audiencia de selección de jurados (voir dire), clave para lograr la imparcialidad. Eliminar las recusaciones sin causa (entre ellas, las cuatro asignadas a la ¡víctima!), es un sinsentido que afecta una de las bases de la legitimación social del jurado y a su vez de los veredictos.

La justificación de estos cambios en la reivindicación de los derechos de las víctimas es un acto de demagogia inaceptable. No se protege a la víctima limitando la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, ni devolviendo a los jueces el poder que han tenido. Los jurados son los pares de la víctima. Si un juez puede revocar la decisión de doce jurados que representan al pueblo, es porque en definitiva lo que se está cuestionando es el valor de esos doce ciudadanos. Escudada en un discurso de protección a la víctima, la reforma es un intento de re-establecer un status quo inquisitorial y medieval que permitió decisiones judiciales de espaldas a la sociedad y, en algunos casos, también en connivencia con el poder político de turno.

Un gobierno que pone en el centro del discurso la transparencia y la independencia judicial, no puede cambiar el sistema de jurados como lo pretende sin convertirse en una farsa. Si realmente se quisiera mejorar el sistema de jurados, y si verdaderamente se quisiera luchar contra la corrupción y las mafias, lo que corresponde es fortalecer aún más su funcionamiento y ampliar la competencia del jurado a los delitos contra la administración pública.

Apelamos a los legisladores de todos los bloques políticos que integran la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para que esta iniciativa de reforma sea revisada con detenimiento y debatida en profundidad. Hay múltiples mejoras posibles, no son éstas. Esta reforma, así como se propone, no debería ser aprobada.