El 21 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la campaña nacional “Por una Argentina sin armas, para una Argentina sin violencia”. La actividad fue organizada por la Red Argentina para el Desarme en ocasión del cumpleaños de Alfredo Marcenac, un joven de Necochea que fue asesinado en el año 2006 en plena Avenida Cabildo por una persona autorizada por el Estado para tener armas de fuego. Su muerte puso en evidencia los serios déficits de un organismo que apenas cumplía con su función registral, y el descontrol del mercado de las armas de fuego en nuestro país.
Desde entonces, la Red Argentina para el Desarme viene advirtiendo sobre los riesgos inherentes a la proliferación de las armas de fuego y la necesidad de que el Estado implemente políticas públicas para el control de las armas y la prevención de la violencia con armas de fuego. Ante la magnitud del problema, entre el año 2006 y 2023, gobiernos de distinto color político implementaron y sostuvieron medidas con esa orientación: se modificaron los requisitos para el acceso a las armas, se recuperaron y destruyeron más de 100.000 armas de fuego a lo largo y ancho del país y se reemplazó el viejo Registro Nacional de Armas (RENAR) por un organismo moderno diseñado para ejercer el control (ANMAC). Muchas de estas medidas fueron acompañadas por distintas composiciones del Congreso de la Nación, que en al menos 10 oportunidades votó -con el consenso de prácticamente todos los bloques políticos- leyes para fortalecer el control. Durante estos casi 20 años se construyó un consenso social y político sobre el que se asentaba una necesaria política de Estado.
Sin embargo, en julio pasado, dos días antes de que caducarán las facultades delegadas de la Ley Bases, el Presidente de la Nación Javier Milei dictó el Decreto 445/2025, mediante el cual eliminó el organismo de control y prevención de las armas de fuego y restituyó el obsoleto RENAR. Este decreto forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a flexibilizar el acceso a las armas de fuego, simplificar los controles y avanzar paulatinamente hacia la libre portación de armas, política a la que ha adherido públicamente el Presidente y la Ministra de Seguridad y actual candidata a senadora por la CABA, Patricia Bullrich.
En esa dirección, Juan Pablo Allan, titular de la ex ANMAC -hoy RENAR- y actual primer candidato a Concejal por la Libertad Avanza para la Ciudad de La Plata, ha dictado diversas medidas, como ser: la reducción de la edad para el acceso a las armas de fuego, que bajó de 21 a 18 años (decreto 1081/2024); la habilitación de compra de fusiles semiautomáticos, antes prohibidos para la población civil (decreto 397/2025) y la simplificación de trámites para la “tenencia express” de armas de fuego, con la consiguiente relajación de los controles (Res. ANMAC 45/2025). Las medidas han tenido un correlato directo: hoy tenemos un 13,2% más de usuarios de armas de fuego que en el 2023.
Los países que sostienen un modelo de libre portación de armas de fuego, como el que propone el actual gobierno, padecen un crecimiento exponencial de los casos de violencia con armas de fuego. El ejemplo más emblemático es los Estados Unidos, donde hay más armas que personas, y se concentra el 30% de los tiroteos masivos (en escuelas y lugares públicos) que se producen en el mundo, tal como vemos a menudo en las noticias y la televisión.
La situación de Argentina, por suerte, no es equiparable a la de los EEUU. Así y todo, el problema no se puede subestimar. En nuestro país mueren entre 7 y 8 personas todos los días por el uso de armas de fuego. La mayoría de estas muertes, en contraposición al imaginario social, no ocurren en ocasión de robo, sino en el marco de accidentes y conflictos interpersonales (peleas entre vecinos, femicidios, etc). Son todas muertes mayormente evitables, si no fuera por la disponibilidad del arma de fuego.
Nuestro país siempre se diferenció de sus pares latinoamericanos por sus bajas tasas de homicidios, lo que puede explicarse, en buena medida, por la vigencia de un modelo restrictivo respecto de la habilitación de las armas de fuego para la población civil. No hace falta ser un visionario para comprender que a mayor cantidad de armas en circulación, mayor es el riesgo de muertes que enfrentaremos.
Ni los teóricos de un estado minimalista conciben que el mercado de las armas pueda dejarse en manos de los privados. Pero Milei, Bullrich y Juan Pablo Allan ensayan un liberalismo de los negocios que privilegia los intereses de unos pocos en detrimento del cuidado de la sociedad en su conjunto.
Por eso es preciso poner esta discusión en blanco sobre negro, porque hay temas en los cuales las muletillas de eficientizar el Estado y reducir los costos no alcanzan para encubrir una decisión institucional. O se está en favor de una sociedad armada o se está en favor de un Estado que controle las armas.
Para nosotros no hay grises, un Estado que promueve la libre portación de armas es un Estado que invita a su sociedad al suicidio. Por eso hoy nos convoca el ánimo de abrir el debate, porque de ninguna manera creemos que las medidas que lleva adelante el gobierno nacional en materia de control de armas expresan un consenso social y político de los argentinos. Y estamos convencidos que para construir una sociedad que respete y cuide la vida es preciso que el Estado controle la proliferación de armas, prevenga la violencia y eduque para la paz.