En las próximas horas, la Cámara de Diputados de la Nación buscará darle media sanción al proyecto de ley de “reiterancia” enviado por el Poder Ejecutivo, que busca aumentar la cantidad de prisiones preventivas en la justicia nacional y en la federal. Se trata de una reforma irresponsable, inconstitucional, innecesaria y contraproducente.

La propuesta es irresponsable, ya que no se hace cargo del grave problema que implican las detenciones en comisarías, recientemente denunciado por la propia Cámara Federal de Casación Penal (máximo tribunal penal del país) en una resolución sin precedentes. Los nuevos presos que esta ley genere sólo agravarán la situación de esas comisarías, en donde miles de personas permanecen por meses y hasta años en quinchos, patios, oficinas o calabozos inhabitables, afectando no sólo su dignidad y salud, sino también la seguridad de los propios policías y de las personas que viven cerca de esas comisarías, reconvertidas en cárceles sin la infraestructura necesaria para ello. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de 2.500 personas se encuentran actualmente detenidas en establecimientos no carcelarios.

El proyecto es también inconstitucional, ya que busca introducir al Código Procesal Penal Federal y al Nacional una nueva causal de prisión preventiva, distinta al peligro de fuga y al de entorpecimiento de la investigación, únicos riesgos válidos para nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Si el proyecto se aprueba, una persona podrá ser detenida preventivamente por el sólo hecho de estar siendo investigado en más de una causa penal, sin importar que ellas tengan sustento o pruebas suficientes: ni siquiera se exige que en esas causas haya habido una acusación propiamente dicha. También se incorpora el “peligro de reiterancia”, una puerta abierta a la arbitrariedad judicial y a la aplicación de un inaceptable “derecho penal de autor”; y se modifica la forma en la cual se computa la reincidencia. En todos los casos, se trata de una apertura indiscriminada a la prisión preventiva, que viola el principio liberal clásico de reducir las detenciones sin condena.

La reforma es innecesaria, ya que, con las leyes vigentes, la cantidad de presos en Argentina se duplicó en la última década, sin que ello haya impactado considerablemente en las estadísticas criminales. En otras palabras: no tenemos leyes “garantistas”, ni hay una “puerta giratoria”, sino más bien lo contrario. Además, el Código Procesal Penal Federal que se está implementando ya prevé la “la constatación de detenciones previas” como uno de los indicadores a la hora de ponderar el peligro de fuga (art. 221).

Por último, la propuesta es contraproducente, ya que profundiza la tendencia hacia una política criminal “boba” que, lejos de impactar sobre el crimen organizado, concentrará los limitados recursos del sistema penal a las detenciones masivas de los últimos eslabones de las cadenas criminales. En vez de ello, es necesario una política criminal inteligente y eficaz, que vaya por aquellos actores criminales de alta escala, que no suelen ser “reiterantes”.

El Congreso debe darle al Poder Ejecutivo un mensaje claro y concreto: no se pueden seguir ampliando las prisiones preventivas mientras tengamos comisarías abarrotadas de presos. En otras palabras: si quieren más presos, deben explicar dónde los alojarán. De lo contrario, será seguir echándole leña a un fuego cuyos resultados son muertes, fugas y otros peligros para los detenidos, para los policías y para la propia comunidad a la que se le promete una mayor seguridad que estas leyes no brindarán.