En el día de ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Mar del Plata, integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale, resolvió en el marco de un juicio oral y público absolver por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Perez (16 años), ocurrido el 8 de octubre de 2016. Sólo dos de los imputados fueron condenados por el Tribunal por delitos vinculados a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

La lectura atenta de la sentencia exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales. En particular, la decisión está basada en una apreciación plagada de estereotipos sexistas y discriminatorios, transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados.

Debe quedar claro que no se trata de recomendaciones doctrinarias u opiniones, sino de criterios interpretativos y pautas de valoración que son exigencia de la Constitución Nacional (art. 75 inciso 22CN) a la hora de juzgar hechos con perspectiva de género.

Los fundamentos que se exponen en la sentencia no son más que referencias a las comunicaciones privadas de Lucía Pérez, sus experiencias sexuales previas, su condición de consumidora de drogas, el tipo de vínculo con su familia, sus inasistencias escolares o la edad de las personas con las que se vinculó en otros momentos, por mencionar solo algunas de ellas, que son prejuiciosamente proyectadas como elementos que apoyan la existencia de consentimiento.

Los jueces del Tribunal se apoyan en la  vida pasada de Lucía – con ejemplos de hasta 6 meses de previos al hecho en algunos casos- para dar por sentado que en una escena en la que participan hombres adultos, que comercializan drogas con una persona menor de 16 años  de edad, existió consentimiento.  Justifican así la decisión de absolver sin dar la más mínima explicación lógica respecto de cuáles son las razones objetivas no apoyadas en la demonización de la víctima.  Permanentemente a lo largo del análisis de la prueba los jueces efectúan juicios de valor prejuiciosos e ilegítimos sobre la víctima para garantizar impunidad a los acusados.  Esa forma de decidir viola expresamente compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

El fallo en algún sentido fue preanunciado por la conducta del propio Tribunal durante el desarrollo de las audiencias. Un ejemplo es suficiente. Los integrantes del mismo, ante una testigo experta que aportaba elementos relevantes para comprender cómo inciden en ciertas circunstancias sociales e históricas las asimetrías propias de un régimen de género, no tuvieron prurito alguno en ostentar ignorancia y desprecio. A través de preguntas que no corresponden al rol de quien juzga, pues para preguntar y repreguntar están las partes, hicieron afirmaciones burlonas, y de desprecio por toda consideración del género como una dimensión relevante para comprender los hechos sometidos a juicio.

Por otro lado, resulta sugestivo que en el momento de decidir el juicio se efectúen consideraciones sobre las deficiencias en el desempeño en que habría incurrido la fiscal María Isabel Sánchez. Esta circunstancia no forma parte del hecho objeto de juicio y, en todo caso, exigía con independencia de estas actuaciones, intervenciones oportunas, menos demagógicas y más dirigidas a romper con los silencios corporativos que suelen poblar la escena del control de desempeño en instituciones como el poder judicial.

El proceso penal es un compromiso tanto con las garantías de las personas acusadas como con la tutela judicial efectiva de las personas que resultan víctimas.

La abrumadora cantidad de prejuicios ostentados durante el transcurso del juicio y ratificados por los términos de la sentencia, hacen de la decisión una imposición arbitraria y reivindicativa de la cultura de la violación. Decisiones de este tipo convierten a los juicios por delitos sexuales o con personas dañadas en razón de género en juicios sobre las víctimas y sus formas de vida, en lugar de procesos justos contra las personas acusadas.

Eso no es justicia, es sexismo, es impunidad. Desde el INECIP repudiamos esta resolución, esperamos que las instancias revisoras estén a la altura de las exigencias de una sociedad menos violenta y misógina y acompañamos a la familia y amigxs de Lucía.

Adhieren:

Organizaciones e instituciones:

Abogadxs culturales, ABOFEM Argentina, Abogadas Feministas, Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres, Asamblea Popular Feminista, Barrilete Cultural, Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM San Luis), Área Sociología de la administración de la Justicia Penal del ICJ, Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, Campaña nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Cátedra Tecnología de Género de la UBA, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Cátedra Abierta de Géneros y Sexualidades de la UNQ, Cátedra Libre Osvaldo Bayer del Departamento de Humanidades y Artes de la UNDAV, Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), Colectiva de Mujeres de Merlo, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Colectivo Fieras, Comisión de Violencias en los Territorios, Dirección de Políticas Feministas de la UNLP, Desobedencia Feminista, Espacios de Género Micaela García, Feria del Libro Feminista (FilFem), Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles de La Plata (GESEC), Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la UNMdP, Instituto de Cultura Jurídica UNLP, Instuto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer UNLPam, Materia “Mujeres, raza y clase social. Delitos de odio ante el poder de castigar” (Facultad de Derecho UBA), La Ciega – Colectivo de Abogadxs Populares, La sublevada (Nuevo Encuentro), Laboratorio de Estudios Sociales y Criminología LESyC-Unqui, Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la UNQ, Mala Junta, Manifiesta, Cooperativa de Comunicación, Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, Ni una menos (El Salvador), Organización Feminista La Hoguera de Ushuaia, Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Red Corpora en Libertad, Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, Red de Mujeres, Unidad Popular, Yo no fui.

Jueces, juezas, funcionarixs judiciales, y abogadxs: 

Cecilia Avellaneda, Juan Pablo Balderrama (juez de garantías), Miguel Cardella (juez de Río Negro), Jorge Criado (juez de garantías), Liliana Deiub (presidenta del Tribunal de Impugnación Penal de Neuquén), Sofía Duarte, Gabriel Lerner, Leticia Lorenzo (jueza), María Ana Martínez, Francisco Marull (decano Facultad de  Derecho UNLpam), Sabrina Pascual Escalada, Patricia Reyes (jueza), Liliana Tojo, Rossana Tombetta, Lucía de la Vega, María Laura Yacovino, Patricia González Prado, Romina Pzellinsky, Carolina Alamino, Cecilia Gebruers, Malena Herrera, Larisa Moris, Edurne Cardenas, Ana Sánchez Elgue, Romina Schmunk, Natalia Noemí Suárez, Maria Julieta Cena, Matías Ascoeta, Romina Arroyo, Lucrecia Faccioli, Maria Gracia Andía, Violeta Canaves, Karina Selva Andrade, Felicitas Rossi, Cecilia Russo, Natalia Gherardi, Maria Fernanda Vazquez Pinasco, Marianela Flores Díaz, Maria Soledad Alvarez, Andrea Valentina Tarqui Lucero
Cintia Puyares, Paola Salgado, Magali Kalhawy, Estefania Gelso, Daniela Colazo, María Gabriela, Pellegrini Salas, Maria Elena Barbagelata, Lourdes Polo Budzovsky.

Docentes, académicxs, investigadorxs y activistas:

Noelia Aisama, Paula Abra, Josefina Alfonsin, Raquel Asensio, Analia Aucía (Programa Género y Sexualidades, Facultad de Derecho UNR y CLADEM), Julieta Bandirali, Dora Barrancos (directora del Conicet), Nina Brugo, Patricia Bustamante, María Florencia Canesini, Laura Julieta Casas,  Micaela Cano, Paula Condrac, Laura Contrera, Soledad Deza, Eleonor Faur, Alicia Genolet (docente e investigadora Facultad de Trabajo Social UNER), Silvia Juliá (directora de Católicas por el Derecho a Decidir), Eleonora Lamm, Myriam Llodrá, Ari Lijalad (periodista), Marina Mariasch, Analía Mariel Mas,  María Eugenia Monte, Larisa MorisAngélica Peñas Defago, Juan Pablo Parchuc, Tamar Pitch, Ana Clara Pichestein, Ana Paula Ramírez, Miguel Rep, Mariana Ripa, Martha Rosenberg, Marieta Ureña Russo, Sayak Valencia, Matías Segreti, Nayla Vacarezza, Paula Viturro, Javier Vogel, Maria Elena Naddeo, Viviana Saidon, Alejandro Aymu, Mabel Belluci, Marina Fabra, Magalí Haber, Paula Daniela Bianchi, Cinthia Zancoli, María Irene Incerti, Florencia Lobo, Alejandra Ciriza, Olga Echeverria, Patricia Chantefort (Facultad de Educación- Universidad Nacional de Cuyo), Mariela Peller, María Paula Mañueco, Claudia Bacci, Julia Burton, María Inés La Greca, Lucía de la Vega (CELS), Jorge Núñez (CONICET/INHIDE), Patricio Simonetto (CONICET), Sol Calandria (CONICET), Luis González Alvo (CONICET), Pedro Berardi (CONICET), Santiago Ríos (UNLP), Matías Jorge Rosso (UNC), María Cecilia Dalla Cia,  María Virginia Tatoian, Nadia Haladjian, Guillermo Muñoz, Silvia Soler Casellas (Académica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México), Maria Jose Punte (UCA/UBA), Natalia Lobo (Universidad Nacional de Córdoba), Norma Ríos (APDH), Osvaldo Ledesma, Maria Luzzi (CONICET, UNGS), Carla del Cueto (UNGS), Andrea Daverio (Universidad Nacional de Lanus), Alicia Noemi Pacheco (UNSL), Sara Pérez (Coordinadora del PVG-UNQ), Majo José Puente (UCA/UBA).