El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) solicitaron el martes 13 de agosto ante la Corte Suprema que se habilite la presentación de Amigos del Tribunal en la causa donde se cuestiona la designación de una fiscal subrogante.
Se trata de la causa “Automóviles Saavedra S.A. c/Fiat Argentina S.A.”, donde una de las partes impugnó el dictamen de María Alejandra Cordone Roselló, la Procuradora Fiscal Subrogante a cargo del Área de Derecho Privado ante la Corte Suprema de la Nación. El argumento de la impugnación consistió en la supuesta invalidez de su designación, hecha a través de la resolución 30/12 de la Procuración General de la Nación.
En su presentación ante la Corte, las tres organizaciones sostuvieron que este caso involucra cuestiones de interés público, en tanto y en cuanto lo que se está discutiendo es la facultad de la Procuración General de la Nación de decidir la política de actuación del Ministerio Público Fiscal y su modo de organizar los recursos, así como las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y deberes constitucionales del organismo, entre las que se destaca la designación de fiscales subrogantes.
Este tipo de decisiones han sido claves para que el Ministerio Público Fiscal cumpla con sus responsabilidades constitucionales y de política criminal, fundamentales para el impulso de causas por delitos de amplia repercusión social. Entre ellas se destacan, por su magnitud y relevancia histórica, los juicios por violaciones masivas a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado (entre los que se encuentra la apropiación de niños), muchos de los cuales han sido impulsados por Unidades Especiales y han estado a cargo de fiscales subrogantes.
De prosperar la impugnación se pondría en juego las facultades del jefe máximo de los fiscales para establecer los mecanismos que considera más eficaces para dar respuesta a las demandas concretas, ya sea por razones de emergencia, vacancias o necesidades institucionales. Esperamos que esto no suceda, y se pueda continuar avanzando con los esquemas de organización que permiten garantizar una persecución penal eficaz de graves fenómenos como son la criminalidad económica, la narcocriminalidad, la violencia institucional y la trata de personas.