La necesidad de profundizar nuestra agenda de trabajo en el desarrollo de políticas públicas de prevención y persecución penal de la criminalidad económica, la corrupción y otras formas de criminalidad compleja, así como la grave preocupación por la expansión y consolidación de estos fenómenos en la región, nos llevan a anunciar que Pedro Biscay asumirá nuevamente la Dirección Ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
Pedro Biscay, que integra el CIPCE desde su fundación en el 2003, vuelve a asumir esta responsabilidad con el objetivo de impulsar esta etapa de profundización, fortaleciendo el desarrollo de herramientas institucionales orientadas a enfrentar la criminalidad económica y la corrupción desde una perspectiva estratégica regional.
En este marco, convocamos a investigadoras e investigadores, profesionales y, en especial, a jóvenes profesionales interesados en estos desafíos a sumarse como colaboradores y a participar activamente de las líneas de trabajo que el CIPCE desarrolla en el ámbito del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Pedro Biscay es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Finanzas por la Universidad del CEMA y becario Fulbright (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), con estudios en la Universidad de Boston.
Cuenta con una sólida trayectoria en la investigación de criminalidad económica, corrupción y crimen organizado, así como en el abordaje de casos complejos con impacto en derechos humanos.
Ha ocupado funciones de alta responsabilidad institucional en el Ministerio Público Fiscal, el Banco Central de la República Argentina —integrando el Directorio y la Vice Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias— y la Comisión Nacional de Valores.
En el ámbito internacional, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) para la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Actualmente, actúa como consultor de organismos internacionales, colaborando en investigaciones, litigios estratégicos y en el fortalecimiento de políticas de prevención de la corrupción y protección de los derechos de las víctimas.