Al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Poder Ejecutivo de la Nación
Dr. Germán Garavano
De nuestra mayor consideración
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a fin de manifestar nuestra preocupación por la situación de las personas privadas de libertad que se encuentran alojadas en el Complejo Penitenciario N°IV de Ezeiza, como consecuencia del cese de autorizaciones de ingresos a organizaciones de la sociedad civil que tienen por objeto desarrollar actividades y talleres de formación para contribuir al respeto y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas.
Particularmente queremos llamar la atención acerca de la denegatoria recibida por la Organización Social “YoNoFui”, que trabaja con proyectos de formación en artes y oficios en las cárceles de mujeres, así como también en el acompañamiento de aquellas mujeres que recuperaron la libertad o se encuentran bajo el instituto de arresto domiciliario.
Actualmente la organización se encuentra desarrollando talleres en las unidades 31 de Ezeiza, en la Unidad 13 de Santa Rosa, La Pampa y en la Unidad 47 de José León Suárez. Sin embargo, desde el pasado 8 de marzo, de manera intempestiva y sin que medien explicaciones institucionales suficientes, la organización YoNoFui está impedida de continuar con los talleres sociolaborales y culturales en el Complejo IV de Ezeiza, actividades que llevan adelante desde hace más de quince años. Desde 2008 desarrollan un taller de carpintería de manera ininterrumpida y un taller de comunicación. Aún no han podido iniciar las actividades correspondientes al año 2018, circunstancia que repercute en el efectivo goce de derechos básicos que eran garantizados a través de estos talleres.
En cuanto al taller de Carpintería, el convenio que debía firmar la organización “YoNoFui”con el E.N.C.O.P.E. para su realización con se encontraba listo para su firma en el mes de marzo según referenció la Dra. Analía Boffino, abogada del área de Jurídica del ENCOPE. Días antes de la firma, la profesional informó a la organización, telefónicamente, que el presidente del ente, Sr. Leiva, había decidido suspender la firma del convenio invocando que el ENCOPE atravesaba una “crisis institucional compleja”. Cabe aclarar que para la realización de ambos talleres, la organización firmó convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el Ministerio de Cultura de la Nación.
La posibilidad que brindan los talleres de oficios ofrecidos por esta organización es una alternativa laboral para las mujeres, lesbianas y travestis alojadas en la unidad. Las iniciativas paralizadas a la fecha impiden que 40 personas accedan a estas instancias de formación y trabajo, en un contexto como el del encierro carcelario signado por la limitación de recursos y posibilidades.
Ello conlleva riesgos y violaciones concretas de afectación de derechos que no están alcanzados por las condenas y que es deber del Estado garantizar a las personas bajo su custodia, conforme la ley de ejecución de penas, Nro. 24660 y modificatorias, la previsión histórica del artículo 18 CN y las normativas específicas en materia de derechos humanos de rango constitucional (conf. artículo 75 inciso 22 CN).
En esta línea, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Nils Melzer, en su última visita oficial a la Argentina en el mes abril de 2018, recomendó que las autoridades fortalezcan la cooperación con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la situación de las personas privadas de la libertad. Por todo lo expuesto, y más allá de la particularidad del caso, queríamos manifestarle nuestra preocupación por la cuestión en miras a generar una mejor colaboración entre el Estado y las organizaciones civiles.
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL (APP)
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)
INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES (INECIP)
CENTRO DE ESTUDIOS DE EJECUCION PENAL (CEEP)
COLECTIVO NI UNA MENOS (NUM)