Ningún gobierno ha tenido la voluntad real o la capacidad de reformar al poder del Estado encargado de investigar y juzgar los delitos de mayor gravedad para nuestra sociedad, tales como los de criminalidad organizada, derechos humanos y corrupción. Pese a algunos intentos de avanzar en ese sentido, los intereses coyunturales de los gobernantes de turno impidieron, en todas las oportunidades, implementar definitivamente las necesarias modificaciones que permitieran terminar con el actual modelo arcaico, oscuro e ineficaz de la justicia federal.
Frente a la escalada de resoluciones judiciales incompatibles con el Estado de Derecho, instamos a los actores responsables a poner en marcha cuanto antes el nuevo sistema acusatorio a nivel federal. Es impostergable la implementación de la reforma para saldar una de las deudas más importantes de nuestra democracia. Urge tener un modelo de justicia penal que sea verdaderamente independiente, transparente y eficaz.
Resulta ya a todas luces insostenible el nivel actual de prácticas mafiosas que caracterizan los últimos fallos de la Justicia Federal. Debemos terminar con la judicialización de los conflictos político partidarios y el uso político de las decisiones judiciales, que hace tiempo han dejado de basarse en argumentos jurídicos para convertirse en herramientas de negociación y manipulación. Esta reciprocidad de favores entre el poder político y el judicial, se manifiesta en la decisión sostenida en los últimos dos años por el gobierno nacional de detener, sin motivos, la implementación de la reforma procesal penal aprobada hace tres años por el Congreso de la Nación.
El compromiso de INECIP desde su fundación es lograr el establecimiento de un sistema de justicia democrático, eficaz y con participación popular. Hace más de 27 años que venimos denunciando públicamente las maniobras mafiosas y acuerdos políticos que se pergeñan desde Comodoro Py. Una vez más volvemos a reclamar por la reforma prevista en nuestra Constitución Nacional pero desoída e incumplida todos estos años. El gobierno no tiene más excusas para dilatar la implementación definitiva del Código Procesal Penal. Es tiempo que la clase política cumpla con la deuda que tiene con la democracia y la sociedad argentina.