El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifiesta suprofunda preocupación por las denuncias sobre los actos de tortura en la Cárcel de San Martín de la ciudad de Córdoba, dadas a conocer por el titular a cargo de la Unidad Fiscal contra laViolencia Institucional dependiente de la Procuración General de la Nación, Abel Córdoba. Es inadmisible la existencia de este tipo de prácticas, que persisten en el uso de medidas desujeción como castigo. Resulta igualmente preocupante y repudiable la actitud asumida por laministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia frente al secuestro de los instrumentos de tortura por parte del fiscal federal. Con esta actitud, el Ministerio provincial no hace más que desincentivar los controles fiscales, desviando el verdadero eje de la discusión, que es el grave problema de derechos humanos que implica el uso de métodos de tortura en las cárceles.
La negativa del Ministerio a permitir la visita del fiscal federal a la cárcel de Bower es inexplicable. Este caso ratifica el valor de la creación de unidades específicas sobre problemáticas de extrema gravedad por parte de la Procuraduría General de la Nación. Al mismo tiempo, confirma la necesidad de las visitas de control y monitoreo sorpresivas en todos los lugares de detención, tal como queda dispuesto por la ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes. Es imperativo contar con la reglamentación que haga plenamente operativa dicha norma. Ratificamos que la sanción de la ley fue sin dudas un paso importante, pero sigue resultando insuficiente. Por eso, instamos públicamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a avanzar con la reglamentación de manera participativa, recogiendo los aportes de las organizaciones que
hemos trabajado e impulsado la norma.
El INECIP insiste en demandar un servicio de administración de Justicia sensible y proactivo que investigue, juzgue y sancione a los responsables y otorgue reparación a las víctimas. El compromiso del Estado debe ser con la consolidación de una cultura democrática basada en los Derechos Humanos donde la tortura, prohibida desde la Asamblea de 1813, sea, de una vez por todas, desterrada.